Alrededor de 700 profesionales vinculados de una u otra manera a la ordenación del territorio participan desde hace semanas en unas jornadas para "asimilar" el contenido de la nueva Ley del Suelo, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. La mayoría son técnicos de las administraciones locales (cabildos y ayuntamientos) que asumirán, tras un periodo transitorio, mayores competencias que las que venían ejerciendo hasta entonces. El dato de participación da la medida del grado de confusión e incertidumbre que reina en las entidades locales, sobre todo en los ayuntamientos, a la hora de aplicar una legislación con la que el Gobierno aspira "a cambiar el modelo económico de Canarias". Pero, ¿puede una sola ley transformar un sistema productivo? Y, de ser posible, ¿hacia dónde se dirige ese cambio?
Arquitectos, urbanistas, abogados y especialistas en otras disciplinas tratan de encontrar las respuestas a estas preguntas en el denso articulado de la Ley del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias. "La Ley 4/17", como ellos la denominan. La desmenuzan a conciencia, la comparan con otras legislaciones anteriores y de otras comunidades autónomas y la ponen en relación con las restantes leyes estatales o sectoriales que la condicionan.
Tratan de averiguar, en definitiva, si el contenido de la nueva legislación del territorio de Canarias casa con el espíritu del Preámbulo: "La fragilidad ambiental del suelo en las islas impone que la labor de simplificación y racionalización sea realizada con prudencia y ponderación, con el fin de evitar perjuicios innecesarios a ese recurso tan escaso como valioso". Pero hay sectores que dudan que esos principios que explicitan sus redactores se correspondan con las normas y criterios que oculta el lenguaje jurídico. Duda que en términos coloquiales se expresa así: ¿Estamos ante una ley de barra libre en el uso del territorio?
No son tiempos de reproducir el debate ideológico que ha confrontado, en su elaboración y aprobación, al bloque de los que la han promovido o apoyado (CC, PP y los gomeros de ASG) frente a quienes cuestionan algunos de sus contenidos, la descalifican íntegramente o incluso la demonizan (PSOE, NC y Podemos): "Nos guste o no nos guste, son las normas con las que tenemos que trabajar a partir de ahora. Ya entró en vigor y solo queda conocerla para aplicarla lo mejor posible", resumió Carmelo Padrón al inaugurar las jornadas que ha promovido junto a los restantes miembros de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur).
De entrada, al parecer la nueva Ley del Suelo no es ni tan simplificadora ni tan "revolucionaria" como se la ha calificado desde algunos ámbitos: "No hay un adelgazamiento del sistema de planeamiento canario. Tampoco son tan distintos los instrumentos urbanísticos, aunque se presentan de forma distinta. La jerarquía también sigue siendo la misma", resume el abogado Ángel Lobo. Y añade: "Sí hay un cambio de control y a nivel competencial, que parte de la autonomía de cada administración. Y ello permite ir a un procedimiento monofónico desde la colaboración entre instituciones".
En este punto la nueva norma rompe totalmente con el espíritu de la anterior Ley de Armonización y Simplificación de 2015, que trató de "blindar el territorio ante la discrecionalidad y los cambios políticos de los ayuntamientos y cabildos", según explicó el entonces consejero del área Domingo Berriel. Lejos de levantar sospechas sobre previsibles corruptelas urbanísticas en el ámbito municipal, la actual legislación da un giro argumental y sostiene que las entidades locales son "mayores de edad" y "autónomas".
"La política de cada ayuntamiento se verá directamente reflejada sobre el territorio", advierte sin embargo Faustino García Márquez, uno de los destacados representantes del movimiento conservacionista en Canarias. Y añade: "Va a ser un instrumento muy potente en manos de poderes locales. Y volvemos a un terreno resbaladizo, porque la ley introduce herramientas omnipotentes y con capacidad discrecional, legítima pero discrecional. Y el problema es que la frontera entre la discrecionalidad y la arbitrariedad no existe". García Márquez hace referencia de este modo a los proyectos de interés insular o autonómicos, la principal vía de excepcionalidad que contiene la ley canaria. Aunque él mismo precisa que otras doce legislaciones autonómicas han incorporado también instrumentos excepcionales de planificación.
El caso es que cada administración será, a partir de ahora, responsable de su propio ordenamiento. Pero, ¿tienen capacidad para asumir estas nuevas competencias? El mes y medio de desarrollo de la ley pone en evidencia, como se previó, que aún no. No tienen, de momento, ni recursos ni medios suficientes para afrontar las tarea que pone en sus manos el legislador. De ahí que el Gobierno de Canarias esté dando máximo impulso a las oficinas de apoyo a las corporaciones locales y realizando jornadas en colaboración con la Fecam y la Universidad de La Laguna para dar a conocer la ley.
De momento sólo los cabildos de Tenerife y Gran Canaria parecen tener capacidad de reacción suficiente para dotarse de la estructura mínima necesaria para planificar y controlar medioambientalmente su territorio. Pero "ni los ayuntamientos, que tienen la competencia en urbanismo, ni los restantes cabildos parece que estén tomando las decisiones básicas encaminadas a la aplicación de la ley", según Padrón.
Además, a la confusión inicial va a suceder presumiblemente un desbordamiento del trabajo que les corresponde realizar a medida que pase el tiempo: "Se necesita no sólo más equipos, sino también más formados: un director, un lector y traductor de la norma, un controlador y un interlocutor con los promotores, al menos", cree Faustino García. Y añade que "tampoco es que haya en el mercado tantos especialistas en urbanismo. No sobran, precisamente, profesionales en la materia". Hay, en definitiva, "pocos adictos al planeamiento en Canarias", como se definió la consultora Mariam Martínez en su ponencia.
La Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias contiene las nuevas reglas con las que hay que programar el futuro. Defensores y detractores coinciden al menos en una idea: "Nos jugamos mucho al legislar sobre el territorio". Coinciden también, casi siempre, en un principio que el jurista Juan José Santana resumió así: "En materia de ordenación del territorio, los intereses particulares deben quedar subordinados al interés general".
En el ámbito político de Canarias se suele poner el acento más en la ley que en la gestión en sí del territorio, a través de las herramientas que aquella pone a disposición de los técnicos. La pelota está ahora en su tejado. Hay quienes abogan por una interpretación conservacionista de la nueva norma. E incluso un mayor control de su desarrollo a través de la participación en los cinco reglamentos que están en trámite de aprobación. Y hay quienes comparten la idea de que hay que desarrollar en toda su extensión el potencial que ofrece para impulsar nueva actividad económica y, en consecuencia, crear empleo en una de las regiones con más paro de toda España. "Todos somos técnicos y todos tomamos decisiones susceptibles de ser valoradas de otra manera por otros", resumió una participantes en las jornadas de Acadur. Una dialéctica que tendrán que resolver, llegado el caso, los tribunales. Hay quienes auguran que la Ley del Suelo de Clavijo será objeto de una alta litigiosidad. El tiempo les dará o quitará la razón, si es que la norma sobrevive a las próximas legislaturas.
Sin vigilantes del paisaje
- No solo las playas necesitan vigilantes. También el paisaje. Y no para que no perezcan en ellas las personas, sino todo lo contrario: para que no perezca el espacio natural a consecuencia de la actividad que esas personas desarrollan en él. Pero los muchos parques naturales y parajes protegidos que tienen las Islas carecen de agentes ambientales suficientes para controlarlos. Así lo han sostenido expertos que han intervenido en dos foros distintos recientemente. En las jornadas de Acadur sobre la Ley del Suelo, tres ponentes coincidieron en destacar que "los programas de vigilancia de los informes de impacto no se cumplen por falta de recursos humanos". Y añadieron: "Hay inspectores de obra, pero no hay inspectores ambientales". En las I Jornadas sobre el Espacio Protegido de La Isleta, otros tantos participantes reiteraron la misma denuncia: "No tenemos vigilancia, apenas hay agentes de medio ambiente visitando estos parajes". Es el caso de La Isleta, sobre la que existe la creencia de que la ocupación militar garantiza su conservación cuando se está degradando de forma acelerada.
