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Un nueva ley dará respaldo jurídico y económico a las ONG de las Islas

Canarias, a la vanguardia en la elaboración de una normativa para regular el Tercer Sector de Acción Social

Imagen de archvio de voluntarios en el Banco de Alimentos.

Las ONG llevan a cabo un trabajo "impagable" en favor de los más desfavorecidos. De ahí que el Gobierno regional impulsa una normativa para reconocer su labor y dar respaldo jurídico y económico a las organizaciones. Con ello, Canarias se coloca a la vanguardia de España en la elaboración de la Ley del Tercer Sector de Acción Social, un texto que el Ejecutivo prevé que entre en vigor a mediados de 2018 y que, además de otorgar mayor seguridad a las entidades y regular su actividad y la relación con las administraciones públicas, busca fomentar la generación de empleo en este ámbito.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, a iniciativa del comisionado para la Inserción Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, elevó a principios de este mes a consideración del Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley.

La propuesta legislativa, que cuenta con amplio consenso, marcará un antes y un después y clarificará el tercer sector de acción social en las Islas. El texto contempla la creación de un registro de asociaciones, de tal modo que todas aquellas que quieran inscribirse tendrán que adaptar sus objetivos, estatutos y toda su idiosincracia a las características de este sector.

La futura ley entiende por entidades del tercer sector de acción social a las organizaciones de carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana o social, que responden a criterios de solidaridad y de participación social, con fines de interés general y sin ánimo de lucro. Atienden a personas que sufren condiciones de vulnerabilidad o de exclusión social, como víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o quienes sufren problemas de drogodependencias, entre otros.

En este sentido, el primer objetivo de esta ley es reconocer la aportación de estas organizaciones "a lo largo de la historia en las Islas en su trabajo solidario con los más necesitados", resaltó el comisionado, que considera que "ahora mismo sería imposible tener una imagen clara de los actuales servicios sociales sin el concurso que han tenido estas entidades".

Estabilidad

Estas organizaciones "llegan adonde no llega la administración; tenemos que darles estabilidad jurídica y económica, no podemos permitir que deleguemos en ellos la tarea que la administración no realiza y que es muy dura y que, en cambio, tengan que hacer esta labor con subvenciones que llegan tarde y mal y en muchas ocasiones suponen un sacrificio inmenso para quienes trabajan con los más desfavorecidos, porque en algunos casos han tenido que poner en riesgo su patrimonio personal", admitió Santiago Rodríguez, que lamentó que las organizaciones reciben la subvención "en agosto o septiembre", a pesar de que asumen gastos desde enero.

Con esta nueva norma el Ejecutivo pretende fijar el marco jurídico y económico para que las organizaciones reciban en tiempo y forma los recursos necesarios para desarrollar la actividad que tienen encomendada.

Para ello se pondrán en marcha fórmulas como la firma de convenios y conciertos, de tal manera que las ONG puedan planificar sus programas durante varios años con todas las garantías, "sin la incertidumbre de cuándo van a recibir los fondos".

Esta medida contribuirá a crear empleo y, al mismo tiempo, dar seguridad a quienes trabajan actualmente en ONG. "No podemos seguir empobreciéndolos, tienen que tener un salario mensual y cobrarlo en plazo", apostilló Rodríguez, que insistió en la labor "impagable y encomiable" de estas asociaciones.

Igualmente, el documento en estudio baraja la constitución de una mesa de trabajo, en la que estarán representadas las instituciones públicas y las entidades más representativas del sector, y augura la formalización de un plan de fomento de las entidades.

En cuanto a su tramitación, el Gobierno autonómico enviará la propuesta otra vez a los agentes implicados en el proceso, los diferentes departamentos del Ejecutivo, así como a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y a la Federación Canaria de Islas (Fecai). Y también a la Dirección General de Planificación y Presupuestos y al Consejo Económico y Social para que emitan los informes preceptivos. A partir de ahí se enviará el texto a la Viceconsejería de Servicios Jurídicos para elaborar el informe final y que la norma cumpla con todos los requisitos europeos y estatales. Después se elevará al Consejo de Gobierno para su aprobación y remisión al Parlamento para su debate. El Ejecutivo confía en que en junio de 2018 se ponga en funcionamiento esta ley.

Santiago Rodríguez tomo posesión de su cargo a mediados de enero y recogió el testigo de su antecesor, el socialista Néstor Hernández, destituido tras la ruptura del pacto regional entre el PSOE y Coalición Canaria. Ya existía, por tanto, un borrador sobre la regulación del tercer sector de acción social por parte del anterior equipo, que había empezado a trabajar en la ley canaria.

Ésta completa la normativa estatal en la materia y se sitúa entre las comunidades autónomas punteras en la confección de una ley de este tenor, junto con País Vasco.

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