Podemos concretó el pasado lunes su anunciado recurso de insconstitucionalidad a la Ley del Suelo de Canarias, aprobada el pasado 21 de junio por el Parlamento regional, por considerar que vulnera diversas leyes estatales de mayor rango jerárquico, pero especialmente por su "espíritu especulativo" y la amenaza que supone para el patrimonio y la diversidad de las Islas, y porque avala un sistema "neoliberal" del planeamiento que permitiría hasta "construir un parque temático en el Teide".

El escrito del recurso ante el Tribunal Constitucional está firmado por 54 diputados nacionales de la formación morada, entre ellos los tres representantes canarios, Meri Pita y Carmen Valido, diputadas por Las Palmas, y Alberto Rodríguez, diputado por Santa Cruz de Tenerife, pero obviamente avalado por la plana mayor del partido y del grupo parlamentario aunque sin la firma de Pablo Iglesias, Irene Montero, Íñigo Errejón o Alberto Garzón.

El recurso, de apenas dos folios de contenido, señala que la ley impugnada provoca un "debilitamiento en el ejercicio del planeamiento de los principios constitucionales de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos", así como una "reducción de la protección del medio ambiente del Archipiélago canario caracterizado por la escasez, la fragilidad y dispersión del suelo".

Según Podemos , la norma presenta hasta 13 motivos de inconstitucionalidad pero hace hincapié en aquellos que se refieren al incumplimiento de los principios de legalidady jerarquía normativa, al tiempo que vulnera, a su juicio, la ley estatal del Suelo, la de Evaluación Ambiental, la de Patrimonio y Diversidad, y la de Administración local.

Meri Pita justificó ayer el recurso por entender que "es una ley para hacer lo que no se puede, donde no se debe, pero desgraciadamente para los que siempre pueden". La dirigente asegura que la norma "libera el suelo" y da pie "a que se puede construir en cualquier lado si el Constitucional no lo impide con la rapidez que el asunto requiere".

Valido, por su lado, señaló que "una de las cuestiones que nos horroriza en cuanto a lo que cambia esta ley es que casi vacía de contenido y debilita las potestades de la Comunidad Autónoma en cuanto a la ordenación del territorio".

Según ella, la nueva norma "es un cambio de paradigma al pasar de una ordenación del territorio planeada, a una ordenación a base de proyectos, lo que conforma un sistema de caballo de Troya dentro del sistema en el que hay ocho proyectos de ejecución que escapa al control de lo que era la Cotmac".

Podemos no confía en un pronto pronunciamiento del Constitucional, teniendo en cuenta los tiempos jurídicos a los que acostumbra a funcionar el órgano de vigilancia, aunque sí confía en que pueda producirse en mucho menos tiempo la decisión sobre la toma en consideración del recurso, que en todo caso no conlleva una suspensión cautelar de la ley. Por todo ello, la formación califica de "trampa democrática" el hecho de que el Gobierno de Canarias haya promulgado esta ley a sabiendas de que el Tribunal va a tardar en responder, con lo cual, si la declara inconstitucional, crea una indefensión".