El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata procesa a 45 personas por el caso Fitonovo, entre ellas al delegado de la compañía en Canarias, Adolfo de la Torre, a quien le imputa delitos como miembro de organización criminal, cohecho o fraude a las administraciones públicas. De la Mata finaliza la instrucción de la pieza principal de este caso, en la que investiga la existencia de una trama planificada y organizada en la compañía para amañar y adjudicarse contratos públicos con la connivencia de funcionarios, políticos y directivos empresariales de diferentes administraciones públicas. Canarias se encuentra incluida en la trama a través de pagos y dádivas para hacerse con obras en los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote y en el Gobierno regional.
A los 45 procesados se les atribuye los delitos de organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales. A partir de este auto, equivalente al procesamiento, las acusaciones disponen de un plazo de 20 días para solicitar la apertura de juicio oral formulando el escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
La rama canaria del caso Fitonovo incluye al exconsejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín de León; el ingeniero del Cabildo de Gran Canaria José Ulises Pérez González y el exjefe de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario, José María Maya Cáceres, ya fallecido. También se menciona en el auto a los directivos empresariales Rubens Coba, gerente en Canarias de la empresa API Movilidad, y Gustavo Adolfo Gómez Jiménez, delegado en las Islas de la empresa Elsamex SA.
Contratos irregulares
Según el juez, la dirección de Fitonovo creó una infraestructura, tanto operativa como contable, destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos.
En este contexto, José de la Mata atribuye a Adolfo de la Torre un protagonismo esencial en la trama ya que, según recoge el auto judicial, "existen indicios sólidos que acreditan que esta persona tuvo una activa participación en el pago de comisiones y dádivas a distintas autoridades y funcionarios públicos de Canarias, en atención a sus posiciones como autoridades públicas o como funcionarios responsables de la dirección en la ejecución de distintos contratos adjudicados a Fitonovo SL". De la Torre figura específicamente como uno de los cabecillas de la organización criminal montada por Fitonovo, como autor de cohechos a los funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma canaria y el resto de los delitos en la pieza separada del auto, en la que el juez describe con cierto lujo de detalles los pagos realizados por el delegado de Fitonovo en las Islas para favorecer a la empresa en la adjudicación de contratos públicos, sobre todo los referidos a obras en infraestructuras y carreteras.
Las prácticas corruptas de Fitonovo se extendieron entre los años 1995 hasta 2013 en un amplio ámbito territorial que incluye Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias. En estas ciudades y comunidades se aprovecharon de directivos empresariales, funcionarios y algunos cargos públicos para "acaparar contratos públicos usando medios ilícitos, causando un grave daño al interés público por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contratación en detrimento de las arcas públicas y del interés general", relata el juez en el auto conocido ayer.
En la relación de los 45 procesados no aparecen los funcionarios y cargos públicos canarios ya que De la Mata se centra en los miembros de Fitonovo y en las ramificaciones con las que contaba en las distintas comunidades para extender su red corrupta. Sin embargo, en las piezas separadas sí explica la implicación activa de Sergio Machín, en Lanzarote, y Ulises Pérez, en Gran Canaria, en la trama, de la que cobraron varias mordidas para favorecer a Fitonovo. En este sentido, el auto describe que el entonces consejero de CC Sergio Machín recibió al menos dos comisiones, una en 2004 de 6.000 euros y otra en 2005 de 18.000 euros. Machín "se dirigió a De la Torre García, de quien conocía que era el apoderado de Fitonovo SL... y le exigió el abono de determinadas cantidades de dinero", relata el juez.
Al ingeniero del Cabildo de Gran Canaria José Ulises Pérez la Audiencia Nacional le acusa de recibir un pago en 2005 de 5.058 euros y otras dádivas por facilitar la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a la empresa.
En el caso de Rubens Coba, gerente en las Islas de Api Movilidad, también fue adjudicataria del Cabildo de Gran Canaria de distintos contratos de obra pública relacionados con el mantenimiento de carreteras en los que intervino José Ulises Pérez. En la misma situación se encontraba Gustavo Adolfo Gómez Jiménez, representante único y delegado en Canarias de la empresa Elsamex SA entre 2000 y 2006.
Fue la jueza de instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya la que inició el caso Fitonovo, también denominado Operación Madeja, ya que fue la ciudad hispalense el principal foco de la trama. En junio de 2015, una vez finalizada la instrucción, la jueza elevó a la Audiencia Nacional el sumario dado que había ramificaciones en diferentes ciudades y comunidades, excediéndose de sus competencias territoriales. Dos años después de que asumiera la investigación, el juez De la Mata emite este auto y durante este tiempo los distintos implicados en la trama han ido a declarar a la Audiencia Nacional, entre ellos los de Canarias.
En un primer momento, la imputación afectó a un total de 88 personas, cifra que ha quedado reducida a las 45 que figuran en el auto conocido ayer, junto a la responsabilidad civil subsidiaria de 32 entidades. No obstante, el juez De la Mata desarrolla en piezas separadas la implicación de los funcionarios, políticos y directivos empresariales por su participación activa o por dejarse sobornar desde la trama corrupta de Fitonovo.
