¿Con el encarcelamiento de los líderes de ANC y Omnium Cultural se dinamita toda posibilidad de arreglo entre el Estado y la Generalitat en la crisis catalana?

Lo primero que hay que decir es que hay que respetar las resoluciones judiciales. Esta detención se produce por la convocatoria para tratar de evitar que funcionarios judiciales y policiales pudieran llevar a cabo una operación con mandato judicial. Hubo acoso y acorralamiento a las personas que hacían ese trabajo en la consejería de Economía de la Generalitat y también destrozo de vehículos policiales. La verdad es que esas detenciones no vienen muy bien en estos momentos, en una semana decisiva en la que había que tener mucha serenidad y tranquilidad para intentar convencer a todos los líderes políticos catalanes que den marcha atrás en la declaración de independencia, y esto complica políticamente las cosas. Pero la justicia no puede estar a lo que venga bien o no políticamente y por eso todos debemos respetar y acatar las decisiones judiciales, sean oportunas o no.

¿Qué consecuencias inmediatas va a tener esta actuación judicial?

La primera impresión es que puede producir en este momento una reactivación de las manifestaciones en la calle de los afines al independentismo y esto puede ser una causa para que se enerve otra vez la tensión en Cataluña, indudablemente.

Se lanza el mensaje desde el independentismo de que hay presos políticos en España, ¿esto es aceptable para el prestigio de la democracia española, cómo hacer frente a esa acusación?

No se puede decir bajo ningún concepto que hay presos políticos en España. Hubo vandalismo contra la Guardia Civil, una retención durante más de doce horas de funcionarios policiales y judiciales, y eso está tipificado en el Código Penal. Si no queremos que eso sea delito, habrá que cambiarlo, pero ahora está recogido como delito y la ley debe ser igual para todos, si no deberíamos abrir las cárceles y que saliera todo el mundo. Esto no es meter en la cárcel a alguien por sus ideas, sino por sus hechos sobre los que hay decisión judicial. En el Congreso están representados muchos partidos independentistas y a nadie se le encarcela en este país por sus ideas como si esto fuera Venezuela. Lo que se está analizando por la Audiencia Nacional son unas acciones vandálicas por un lado y una convocatoria para impedir la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad que cumplían órdenes judiciales. La juez cree que es aplicable el delito de sedición y ha obrado en consecuencia.

Otro elemento más, en todo caso, para el victimismo independentista, ¿no?

Es que hay determinados mensajes de los independentistas en Cataluña que no son este pero que buscan los mismos efectos: el "España nos roba", que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "son asesinos y fuerzas de ocupación"... Todo tipo de mensajes que no son ciertos y lo que hay que hacer frente a ellos es actuar con la verdad y que cada institución actúe en el ámbito que le otorga la Constitución.

¿A su juicio hubo o no declaración de independencia de Cataluña por parte de Puigdemont el pasado día 10 en el Parlament?

Las fuerzas independentistas se han saltado la Constitución, el Estatut y su propia ley de Transitoriedad que aprobaron de manera ilegal, con lo cual, hacer cosas conforme o no a lo que estaba previsto no tiene que sorprender a nadie. Yo lo que tengo claro es que para suspender algo tienes que haberlo declarado previamente, que tras la intervención de Puigdemont se firma un manifiesto que es una Declaración de la República Catalana, y que la propia Generalitat en su página web publica la foto del president firmando esa declaración. No es lo que yo pueda pensar, hay interpretaciones de distinto signo en todos los sectores, y por eso me parece prudente la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de pedirle a Puigdemont que aclarara si declaró la independencia o no.

¿Y una vez que no lo ha aclarado, hay argumentos para la aplicación del artículo 155 de la Constitución?

Nosotros vamos a esperar, porque ese artículo no está desarrollado y habrá que ver qué medidas se aplican. CC lo que ha aprobado es esperar a ver qué va a hacer el Gobierno para restaurar el Estado de derecho y el marco constitucional y recuperar la legalidad y el cumplimiento del Estatut, y esperar a ver qué medidas propone en ese sentido. Una vez las analicemos, las compartiremos más o menos, pero hay que esperar porque la aplicación de la suspensión de determinadas competencias o responsabilidades del Gobierno no van a ser sine die, sino que antes o después se tendrá que restaurar la normalidad y todo esto forma parte de la información y la negociación que el Gobierno está llevando con las fuerzas políticas.

¿Rajoy ha hablado con ustedes, les ha pedido el apoyo?

Tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como yo misma, hemos estados perfectamente informados las dos últimas semanas previamente de cada paso que se iba a dar. La comunicación ha sido continua con el presidente, con la vicepresidenta [Soraya Sáenz de Santamaría] y con el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes [José Luis Ayllón].

¿Pero en CC se tiene idea de hasta dónde se puede llegar, creen que hay líneas rojas que no se deben superar en la intervención de la autonomía en Cataluña?

No hemos analizado aún los posibles escenarios de aplicación del 155. Nos parece absolutamente precipitado, pero tenemos confianza tanto en las declaraciones de Rajoy como en las del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que se harán las cosas en función de los acontecimientos y que serán sensatas, adecuadas y proporcionales.

¿Hay posibilidad de otra salida en estos momentos?

Estoy segura de que si hubiera una salida se estudiarían por parte del Gobierno y del PSOE y de otras formaciones, y se aplicarían. El único partido que está desesperado por aplicar el 155 a toda costa y que lo pide desde hace un mes es Ciudadanos por sus propios intereses electorales en Cataluña.

¿Es descartable a estas alturas que una ruptura del bloque soberanista en los próximos días obligue a Puigdemont a convocar elecciones antes de que concluyan los plazos para poner en marcha el 155?

Todos valoramos que una de las posibilidades, y que sería de toda lógica, es que Puigdemont disuelva el Parlamento y convoque elecciones, pero eso da la impresión que no se va a producir entre otras cosas porque su partido, el PdCat, espera una debacle electoral y no le interesa adelantar las elecciones.

¿Ve riesgo de que la actual fractura social en Cataluña se convierta en enfrentamiento?

Sí, lamentablemente, así es. El otro día hablé con un gran amigo mío como es Durán i Lleida [ex dirigente de la extinta Unión Democrática de Cataluña y ex portavoz en el Congreso de la también desaparecida coalición de CiU] y me decía que el drama no ha hecho sino empezar. Es una persona muy cualificada para dar una opinión y comparto su pesimismo.

¿Cree que la respuesta desde la UE está siendo todo lo contundente que la situación requiere?

Yo creo que sí, tanto desde la UE como desde los principales países miembros, sus dirigentes se han posicionado claramente con el marco jurídico, los las fuerzas democráticas y con el Gobierno de España.

CC apeló durante un tiempo al diálogo para resolver el conflicto catalán, y parece que ha abandonado esa posición para compartir más la visión del Gobierno.

Nosotros llevamos hablando de diálogo ocho años. Discrepamos mucho con el PP sobre las razones que nos han traído hasta aquí y creemos que el PP y Rajoy tienen mucha culpa de cómo se ha llegado a este escenario de tierra quemada y de cómo ha crecido el independentista en Cataluña, que ha pasado del 25% hace unos años a prácticamente la mitad en la actualidad. Creemos que hubo muchos errores por parte del PP que han enconado la situación política en Cataluña con respecto al Gobierno central. Pero estamos donde estamos y en este momento debemos posicionarnos claramente con el Estado de derecho, con la democracia y con el marco constitucional, del que llevamos muchos años reclamando su reforma para cambiar el mapa autonómico y donde los canarios tenemos cosas que plantear. Nosotros hemos reclamado diálogo, pero después del 1-O, el diálogo ya no se puede producir entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat, el diálogo después de un referéndum ilegal y de una DUI se tiene que producir en el ámbito del Congreso, donde reside la soberanía de todos los españoles y donde podemos tomar decisiones y producir los cambios constitucionales y legislativos que permitan reconducir la situación. Y es verdad que sólo con la justicia no se arregla el tema catalán, hay un componente político importante que, después de restaurado el orden jurídico, hay que abordar, pero primero hay que recuperar la convivencia social en Cataluña, y nos alegramos del compromiso del PSOE y del PP para crear la comisión de debate territorial como paso previo a una reforma constitucional que aborde la cuestión de la identidad, que es muy importante.

¿Ya no es viable ahora un acuerdo para un referéndum pactado?

No hay ninguna posibilidad de que eso se pueda llevar a cabo. No está en la Constitución. Lo que tenemos claro la gran mayoría de las fuerzas democráticas de este país es que no procede ningún referéndum para la secesión de Cataluña ni de ningún otro territorio del Estado español.

¿CC defiende el derecho a decidir de algunas nacionalidades donde hay un fuerte demanda de él?

CC defiende el marco constitucional actual, en el que, como en todos los países europeos, no reconocen el derecho a la autodeterminación.

¿Tiene alguna operatividad esa comisión del Congreso para el debate territorial como instrumento para superar ahora mismo la crisis con Cataluña?

Yo creo que sí. Lo que hay que reconocer es que si esto se hubiera hecho hace ocho años no estaríamos ahora donde estamos. Si hubiéramos tenido una Constitución que hubiera encajado el Estatut de 2006, que estuvo vigente cuatro años, que fue aprobado por el Congreso y el Senado, por el pueblo catalán en referéndum y que daba satisfacción al 80% de las fuerzas políticas catalanas, no hubiera habido conflicto. Desgraciadamente, el recurso del PP provocó la sentencia del Tribunal Constitucional que lo recortó. Pero en definitiva, el que en determinado momentos un Estatut no encajara en la Constitución nos abre ahora una puerta a que podamos reformar la Carta Magna para que recoja la posibilidad de un nuevo marco estatutario. A muchos les parecerá que esa puerta ya no es suficiente, pero hay 7,5 millones de catalanes, hay más de dos millones de independentistas, pero hay un gran porcentaje que, sin serlo, no está satisfecho con el tipo de relación política y económica de Cataluña con el resto España.

Prórroga de Presupuestos estatales, parón de la reforma del Estatuto y del REF económico, posible aplazamiento de una nueva financiación... parece que la crisis catalana esta resultando especialmente gravosa para Canarias

Es verdad que estamos pendientes de que se resuelva esta crisis para poder avanzar en algunos temas que nos importan mucho. Teníamos cerrada una negociación magnífica con el Gobierno de Rajoy para los Presupuestos del 2018, está casi cerrada por completo y estamos a la espera de que se pueda reconducir la negociación con otras fuerzas políticas para que en los próximos meses podamos tener unos Presupuestos que para Canarias son absolutamente estratégicos. El sistema de financiación no nos afecta tanto por ahora porque ya tenemos garantía de que, entre tanto, se desvinculan los recursos del REF. Respecto a la reforma del Estatuto y del REF económico, en efecto estamos a la espera de que nuestros interlocutores en el Gobierno puedan superar el asunto catalán para reiniciar las para concluir los flecos que quedan pendientes para iniciar ambas tramitaciones en el Congreso.

¿Con qué objetivo acudirá CC a esa comisión para un nuevo modelo territorial?

Vamos a intentar tener una Constitución que recoja la posibilidad del máximo gobierno de las comunidades autónomas y con la clave canaria para que en esa reforma territorial se reconozcan los temas esenciales de Canarias como la ultraperificidad y el anclaje del REF, que es nuestro fuero y el tema fundamental para las próximas generaciones de ciudadanos en las Islas.

¿Hay riesgo real de que no haya nuevos Presupuestos estatales?

Nadie lo puede predecir en este momento. Hasta dentro de dos o tres semanas no se puede descartar nada.

¿No sería aconsejable aplazar la reforma del Estatuto si se abre un escenario real de reforma de la Constitución para acoplarlo al nuevo marco general?

No, necesitamos ya un nuevo Estatuto. Es de los pocos que no es de última generación porque no se llegó a modificar como si han hecho prácticamente todos los demás. Nosotros necesitamos ya tener actualizado nuestro Estatuto e ir en igualdad de condiciones que la mayoría de las comunidades autónomas. Estamos anclados en asuntos sobre los que se ha avanzado en muchas comunidades y hay muchos temas en materia de autogobierno que para nosotros son fundamentales y no podemos estar esperando a esa hipotética reforma constitucional.