El grupo Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna ha informado este jueves de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado los recursos de esta formación y del grupo Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) contra el sobreseimiento y archivo del denominado caso Grúas.

Esta decisión obliga al Juzgado de Instrucción número dos de La Laguna a practicar las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y que corresponden a la época en la que el actual presidente del Gobierno, Fernando Clavijo,

La Audiencia, indica una nota de Unid@s se puede, señala que no hay que excluir que las resoluciones administrativas que levantaron los reparos que la Intervención había realizado a la concesión de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio de grúas municipales y la prórroga del contrato "no atenten de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal".

Agrega que tampoco se debe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó "a quienes ni siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo".

Según Unid@s se puede el auto de la Audiencia remata su razonamiento diciendo que "no cabe excluir en este momento que estemos ante una conducta típica de malversación de caudales públicos".

La concejala de Unid@s Se Puede María José Roca ha afirmado hoy en rueda de prensa que la privatización de las grúas había supuesto un sobrecoste anual de 150.000 euros para las arcas municipales, que los incumplimientos del pliego de condiciones habían sido constantes y que la oposición se vio obligada a acudir a los tribunales "ante la inutilidad de la comisión de investigación creada al efecto".

Rubens Ascanio, portavoz de la formación, ha dicho que la Audiencia señala claramente al exalcalde y actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, como principal responsable y según afirma, obliga a investigar su relación de amistad con algunos de los trabajadores que pusieron como sede social de la empresa una oficina del propio Clavijo.

Ascanio indicó, además, que el auto pone el acento en la posible ilegalidad del préstamo de 120.000 euros en contra del informe de Intervención, y se pregunta por la prórroga del servicio a una empresa que no cumplía con las condiciones legalmente exigidas para ello.

Por su parte Juan Luis Herrera, portavoz adjunto de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC), se ha congratulado de que el auto les dé la razón de que de que no basta con encargar informes externos para levantar los reparos de la Intervención. "El alcalde puede hacerlo, pero siempre que sus argumentos tengan legitimidad jurídica", ha agregado.

El portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, ha anunciado que van a personarse como acusación particular y van a estudiar la posibilidad de recusar a la jueza instructora "porque ha dado muestras de parcialidad importante, ha incumplido su función dejando inermes a unos representantes públicos que sólo hemos cumplido con lo que la legalidad nos impone", indica el comunicado.

Santiago Pérez ha señalado que el caso ha dado un giro de 180 grados después de que la comisión de investigación se cerrara en falso y ha criticado que el alcalde, José Alberto Díaz, pidiera con el sobreseimiento provisional que la oposición pidiera disculpas, al tiempo que les reprochara que no eran dignos de representar a la ciudad.

"Eso sólo puede decirlo un alcalde que no conozca La Laguna y que no esté a la altura de su cargo", ha afirmado Pérez.