La Provincia - Diario de Las Palmas

La Provincia - Diario de Las Palmas

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Fitonovo pagó una despedida de soltero en Marbella a un funcionario del Cabildo

El "viaje de homenaje", de 15.968,7 euros, también fue costeado por Api Movilidad y Elsamex

Registro de la Guardia Civil a la empresa Fitonovo en Arucas, en noviembre de 2014. LP / DLP

Responsables de Fitonovo, Api Movilidad y Elsamex se fueron de despedida de soltero a Málaga con el funcionario del Cabildo de Gran Canaria, ahora en excedencia, Ulises Pérez. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que ha finalizado la instrucción de la pieza principal de la operación Madeja, recoge en el auto que los representantes de las tres empresas de conservación decidieron organizar entre noviembre de 2005 y enero de 2006 una escapada de fin de semana en Marbella, por 15.968,7 euros, al ingeniero civil de la Corporación insular con todos los gastos pagados -entre los que se incluyen los billetes de avión, el alquiler de la vivienda, las comidas o "actividades diversas"-. Las tres compañías recuperaron las cantidades destinadas a costear ese "viaje de homenaje" a través de certificaciones de obras infladas o falsas -como la construcción de un muro en una carretera que ya estaba hecho- que supuestamente validaba Pérez.

De la Mata considera que existen indicios suficientes en el marco del caso Fitonovo, como también se conoce a la operación Madeja, para procesar a 45 personas por crear en torno a esa empresa una infraestructura operativa y contable destinada a obtener contratos públicos irregulares. Entre los procesados se encuentra el delegado de Fitonovo en Canarias, Adolfo de la Torre, al que le imputa los delitos de participación en una organización criminal, cohecho y fraude a la Administración Pública.

El juez sostiene que la dirección de Fitonovo habilitó una estruc-tura comercial en la empresa para levantar "una red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban contrataciones, creando una contabilidad para- lela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, financiar precisamente el pago de sobornos.

De la Torre, el contacto directo

El juez sitúa a De la Torre en el segundo nivel de la organización criminal al actuar como contacto directo de la empresa con los funcionarios. A él lo responsabiliza de todas las contrataciones corruptas con las que se hizo Fitonovo en el Archipiélago. Los miembros de la trama que se encontraban en esta posición, según De la Mata, se encargaban de trasladar los ofrecimientos o solicitudes de cohechos, articular los procedimientos de fraude, materializar los pagos y recibir información privilegiada sobre los procedimientos, entre otras cuestiones.

Según el auto, el apoderado de Fitonovo en Canarias intervino en el pago de comisiones al funcionario en excedencia del Cabildo de Gran Canaria, quien presuntamente habría facilitado la adjudicación y ejecución de determinados contratos públicos a Fitonovo. Por esos trabajos, la empresa cobró de la Corporación insular unos 150.000 euros entre 2003 y 2006.

Entre la información recabada por el juez, figura el pago de 5.058,53 euros por la reparación del muro en la GC-851 en marzo de 2005. Unos trabajos que se habrían cobrado pero que no se realizaron porque ya estaban hechos con anterioridad, tal y como se recoge en un correo electrónico intervenido de De la Torre a Ángel Macedo Gajete, quien se encargaba de la gestión de la caja B de Fitonovo. En ese correo, se adjunta un documento en el que se hace referencia a las especificidades de esa obra y en el que se desglosa las cantidades. Bajo el coste de las acciones, aparece de forma manuscrita el nombre de Ulises Pérez y la siguiente frase: "No se ha hecho por Fitonovo pero se ha cobrado".

La contabilidad b de esta empresa refleja, a su vez, un asiento bajo la expresión "viaje Ulises". El juez defiende que existen "indicios sólidos" de que el ingeniero civil recibió dádivas y regalos por parte de Fitonovo, Api movilidad y Elsamex consistentes en un "viaje fiesta" de un fin de semana a Marbella antes de que el funcionario en excedencia se casara.

De la Torre, el que fuera gerente de Api Movilidad, Rubens Coba, y el que ejerció de delegado en Canarias de Elsamex desde 2000 hasta 2006, Gustavo Adolfo Gómez, "organizaron, participaron y financiaron" la escapada a la ciudad malagueña aportando cada uno 5.322,9 euros. Fitonovo, además de asumir su parte, anticipó la cuota del viaje que correspondían a las otras dos empresas.

De la Mata sostiene en la pieza principal del caso que Pérez recibió regalos de estas compañías "en consideración a su cargo de funcionario público y, más concretamente, porque Pérez se ocupaba de dirigir y controlar la ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas".

La ramificación canaria de la operación Madeja alcanza también a Sergio Negrín, exconsejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote. Según el juez, De la Torre habría pagado a Machín dádivas o comisiones, denomina-das "impuesto revolucionario" por el delegado de Fitonovo en el Archipiélago en un correo electrónico a Macedo, "por su condición de autoridad responsable del Departamento donde se producía la adjudicación y dirección de la implementación de contratos que tenía adjudicados Fitonovo". En el auto del juez también aparece un exalto cargo del Ejecutivo regional, ya fallecido, por su supuesta actuación a favor de la misma empresa en la ejecución de contratos públicos entre 2003 y 2011. De la Torre habría participado en la gestión y pago en efectivo de 53.000 euros a esa persona y en el abono de gastos de una mudanza para su hija.

La investigación se centra en las prácticas de corrupción que se favorecían desde la cúpula de Fitonovo entre 1995 y 2013. De la Mata destaca que la dirección extendió ese comportamiento por un amplio ámbito geográfico -Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias-, causando un grave daño al interés público, por pervertir numerosos procedimientos de contratación, y al orden socioeconómico, al perjudicar a las empresas que de forma legal pretenden participar en la contratación pública.

Compartir el artículo

stats