La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no solo ha ordenado reabrir el conocido como caso grúas de La Laguna, que afecta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, al estar directamente involucrado en unos hechos ocurridos cuando fue concejal y luego alcalde del municipio. También ha criticado a Celia Blanco, magistrada del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, por archivar la causa el pasado 15 de junio. "Examinadas las actuaciones, no hemos de compartir el criterio del Juzgado de Instrucción, por cuanto los hechos pudieran revestir caracteres de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias".
¿Por qué critica la Audiencia a la juez? Porque según detalla en el auto firmado el pasado día 17 por los magistrados Joaquín Astor Landete (presidente), Jaime Requena Juliani y Esther García Afonso, Celia Blanco tomó la decisión de sobreseer el caso de forma "precipitada" y "sin practicar diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos y personas responsables" conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El auto, que da la razón al recurso de Unid@s Se Puede (alianza de Podemos y Sí se Puede) y Por Tenerife-Nueva Canarias, devuelve la causa al juzgado de La Laguna y ordena a su responsable realizar esa investigación que no efectuó. Blanco tendrá que determinar nuevamente si el expediente administrativo del servicio de recogida de vehículos de las calles de La Laguna, entre los años 2003 y 2015, fue correcto o, como se ha denunciado, está plagado de irregularidades con posibles consecuencias penales.
¿Cuándo se presenta la denuncia del 'caso grúas'? Pese a la cantidad de episodios que se sucedieron en el servicio de grúas de La Laguna a partir de 2003 y varios intentos frustrados de iniciar una investigación, la denuncia que abrió el proceso judicial sobre el expediente administrativo es reciente. El 26 de abril de este año, tres concejales de Unid@s Se Puede -con Rubens Ascanio a la cabeza- y dos de Por Tenerife-NC -con el exsocialista Santiago Pérez al frente- presentan un escrito en el que exponen las presuntas irregularidades que pudieron cometer Clavijo y miembros de su antiguo equipo lagunero.
Acuden a la Justicia después de que considerar que la comisión de investigación que había organizado el Consistorio, presidida por Antonio Alarcó (PP), se había cerrado "en falso" sin determinar que había que depurar responsabilidades.
Archivo inicial. El pasado 15 de junio, la magistrada Celia Blanco anuncia el archivo de la causa. El actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, exige a los denunciantes que se disculpen. Subraya que "no existe el caso grúas".
La Audiencia Provincial reabre el proceso. El pasado día 17, la Audiencia Provincial determina que sí existen indicios de delito y que la magistrada Celia Blanco debe despejar todas las dudas antes de adoptar cualquier determinación. La decisión supone un espaldarazo a las pretensiones de los dos partidos de la oposición
¿Cuándo arrancan los hechos denunciados? Todo viene, según detalla la Audiencia Nacional, del 6 de octubre de 2003. En ese momento, Fernando Clavijo, como concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, abre un expediente para privatizar el servicio de recogida de vehículos de la vía pública. Según su criterio y a tenor de una serie de informes, la estructura pública que existía en ese momento -dos grúas y seis operarios- no daba cobertura a todo el territorio municipal. Cree que tiene que haber al menos 5 grúas y una veintena de empleados.
Privatización aprobada. El pleno del 12 de febrero de 2004 aprueba la privatización y el del 8 de julio de ese mismo año acuerda adjudicar las grúas al empresario José Padilla por cinco años, prorrogables a 25. Esa decisión despierta críticas en la oposición socialista de entonces pues la adjudicación se hace a una persona, no a una empresa. Un año y dos meses después, el pleno da el visto bueno a que la adjudicación pase de José Padilla a su empresa Autogrúas Poli SL.
Dificultades económicas. La denuncia detalla que los problemas económicos empiezan pronto a acumularse en la concesionaria de las grúas, debido por un lado a los retrasos en los pagos del Ayuntamiento y, por otro, a la inexactitud de las previsiones municipales.
Venta de la empresa a varios empleados. Padilla vende la empresa a un grupo de empleados el 13 de abril de 2011 por las dificultades económicas y debido a presuntas presiones municipales, según argumentó. "Algunos de los socios adquirientes de las participaciones pudieran tener vinculaciones personales con Fernando Clavijo, que tampoco han sido investigadas por el Juzgado de Instrucción", señala la Audiencia. El órgano judicial detalla que estos socios tenían su sede en el mismo domicilio que una sociedad de la fue administrador hasta 2009 el propio Clavijo. Tras ese traspaso, el Ayuntamiento ingresa 200.000 euros de deuda a la concesionaria e intenta agilizar los pagos para mejorar su situación.
Siguen los problemas económicos. Los cambios en la titularidad de la empresa no resuelven la situación económica. La Junta de Gobierno aprueba el 28 de enero de 2014 asumir el control de la prestación de Autogrúas Poli, que acumulaba una deuda a corto plazo de 300.000 euros, sufría embargos de créditos y tenía bloqueados los ingresos.
Un crédito en contra del criterio de los interventores. En 2014, el Gobierno municipal aprueba un crédito de 120.000 euros para aliviar la situación de la empresa concesionaria pese a los reparos de la Intervención Municipal, que se basan en que la propuesta "carece de fundamentación jurídica", "vulnera el Régimen Jurídico de las Entidades Locales" y es "contraria a la Ley de Administraciones Públicas". Es Clavijo, siempre según la documentación de la causa, el que levanta esos reparos, dentro de sus competencias como alcalde y de acuerdo con un informe de la Universidad. Pero los órganos de control municipales también detectan otras presuntas irregularidades en la compra de Autogrúas Poli por parte del grupo de empleados y su gestión.
El contrato se amplía cinco años. A pasar de que las dificultades se acumulan y de que el servicio sigue intervenido por el Ayuntamiento, Antonio Pérez Godiño, concejal de Seguridad, resuelve en agosto de 2014 ampliar el contrato de Autogrúas Poli cinco años más. La ampliación no se cumple y Autogrúas Poli pasa a Grúas y Servicios Adeje. Las complicaciones financieras llegan a tal extremo que solo un año después, en agosto de 2015, Grúas y Servicios Adeje, del empresario José Luis Tacoronte, compra Autogrúas Poli, se hace con el servicio en La Laguna y asume deudas de más de 700.000 euros.
El robo de piezas del depósito municipal. Pero el caso grúas es todavía más complicado al existir un proceso judicial paralelo. Es el que tiene que ver con el presunto robo de piezas del depósito municipal que se encuentra en el Camino de la Villa. Estas piezas serían supuestamente sustraídas, al menos durante el año 2011, de un centenar de vehículos que había retirado de la vía pública Autogrúas Poli.
