Varias instituciones canarias, entre ellas los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote, mantienen vínculos con empresas que figuran en el caso Fitonovo a través de la adjudicación de contratos de conservación y señalización de carreteras. En el caso de la Corporación insular grancanaria, tiene actualmente más de 9,5 millones de euros adjudicados a API Movilidad, sociedad cuyo gerente en los años investigados por la Audiencia Nacional, Rubén Coba Falcón, está procesado por participar presuntamente en la dádivas y comisiones entregadas al ingeniero Ulises Pérez para que se le favoreciera con la adjudicación de obras, junto a Fitonovo y Elsamex.
Además de involucrar al entonces responsable en Canarias, API Movilidad figura también en el auto del juez José de la Mata como uno de las 32 compañías responsables civiles subsidiarias del caso. De hecho, uno de los 45 procesados por el magistrado en el auto conocido esta semana es Javier Muñoz Baragaño, ingeniero técnico de Obras Públicas, gerente de Imesapi SA y que tenía poderes para actuar en nombre de API Movilidad durante los años investigados por la Audiencia Nacional.
Esta empresa es muy activa en los concursos que convocan las administraciones en obras públicas, carreteras, alumbrado, mantenimiento de infraestructuras, etcétera. Sin ir más lejos, este año ha renovado varios concursos que ya tenía y se le ha adjudicado otros en libre competencia, según precisan las instituciones convocantes de los procedimientos.
Hace unos días el Cabildo de Gran Canaria adjudicó el contrato de conservación y mantenimiento de la señalización informativa de las vías insulares por tres millones de euros a API Movilidad y cuatro años de vigencia. El contrato incluye los trabajos de inspección de la señalización de indicación, hitos kilométricos, placas kilométricas, cimentación o estructuras que son susceptibles de sufrir daños, robos, actos vandálicos y accidentes.
Asimismo, el pasado mes de marzo el departamento que dirige Ángel Víctor Torres firmó varios contratos destinados a la conservación de la red de carreteras de Gran Canaria, divididos en lotes por comarcas. Entre estos paquetes figura el del mantenimiento y conservación de las carreteras del centro de la Isla, que fueron adjudicados a API Movilidad por 6,5 millones de euros.
El Cabildo grancanario precisa que se trata de concursos abiertos en los que pujan varias empresas y se adjudica a una de ellas por criterios estrictamente técnicos, a través de las mesas de contratación y con informes jurídicos y técnicos que avalan las adjudicaciones. La Corporación niega que haya adjudicaciones a dedo y que API Movilidad cuenta con las mismas condiciones que el resto de las empresas para presentarse a las convocatorias.
Esta empresa, que pertenece al Grupo ACS, también ha obtenido varios contratos negociados adjudicados por subasta de precios en 2016 como barreras de seguridad por 49.000 euros o un pórtico en 2014 por 65.000 euros.
Por otro lado, API Movilidad tiene a su cargo desde este año la limpieza de las carreteras de la isla de Lanzarote al ganar el concurso convocado por el Cabildo en una UTE con Hermanos García Álamo. El encargo es por dos años ampliables y dos millones de euros.
En la página web de Imesapi SA, sociedad en la que está API Movilidad, se incluyen otros servicios que mantiene la empresa para distintas administraciones de las Islas, entre ellas dos actuaciones en el Aeropuerto de Gran Canaria para las nuevas torres de iluminación de la plataforma norte y el contrato para la adecuación de las instalaciones de baja tensión.
En Tenerife, la compañía cuenta con varias adjudicaciones en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y en el de La Laguna. También tiene la mejora funcional y energética del Servicio Canario de Empleo.
Las actividades paralelas de los directivos empresariales
- En el auto judicial que procesa a 45 personas y declara la responsabilidad civil subsidiaria de 32 empresas y sociedades, el juez José de la Mata señala que existen "indicios sólidos" de que el gerente de API Movilidad en esta etapa, Rubén Coba Falcón, así como los directivos empresariales de Fitonovo y Elsamex, organizaron, participaron y financiaron dádivas y regalos al ingeniero y funcionario del Cabildo de Gran Canaria Ulises Pérez, que estaba adscrito a la Consejería de Obras Públicas cuando el PP gobernaba la institución insular. Pérez era el responsable de dirigir y controlar la ejecución de proyectos adjudicados a estas empresas. "Los indicios anteriormente reflejados en relación con el propio Pérez González, en particular en lo relativo a las declaraciones testificales de Manuel Díaz Sifón y del investigado De la Torre García, revelan la activa participación de Coba Falcón en los hechos". Asimismo, también figura en el texto judicial el delegado de Elsamex en Canarias, Gustavo Adolfo Gómez Jiménez, que, como API Movilidad, es una empresa de servicios especializada en obras públicas y mantenimiento de infraestructuras. Mientras la primera ha seguido presentándose a concursos y tiene adjudicadas varias obras, Elsamex no cuenta con ningún contrato en la actualidad con el Cabildo de Gran Canaria, según la Corporación insular. Esta empresa trabajaba en muchas ocasiones como subcontrata de Fitonovo SL en las obras adjudicadas.
