Con permiso de Vargas Llosa, ¿en qué momento se jodió Ca- taluña?
Históricamente el proceso de construcción nacional es un proceso de distanciamiento progresivo de Cataluña y el resto de España. Hay un momento de aceleración cuando Maragall propone la reforma del Estatuto en 2003 de la mano de Esquerra Republicana y cobra una aceleración mayor con la sentencia sobre el Estatut. A partir de ahí es una carrera vertiginosa hacia el vacío. La consulta del 1 de octubre con la pasividad de los mossos y el órdago exige una respuesta inmediata. Creo que vamos abocados a aplicar el artículo 155.
¿La culpa es repartida?
La responsabilidad máxima es de los soberanistas catalanes. En la Transición se hizo un gran esfuerzo por resolver la cuestión territorial. La Constitución habla de autogobierno y el Estatut fue asumido por todos los partidos. Los distintos gobiernos hemos tenido una parte de responsabilidad en no ejercer las competencias en materia de homologación de títulos, de leyes básicas en materia de Educación y en la alta inspección. El error del PSOE fue derogar el recurso previo de inconstitucionalidad que hubiera permitido recurrir un estatuto aún no votado por Cataluña. Habría eliminado esa apariencia de choque de legitimidades.
Y el PP se equivocó en...
Cuando no hizo un texto alternativo al de Maragall y quizás hubo un exceso de celo en el recurso de inconstitucionalidad del Estatut. En 2012 alerté de que aquella diada, claramente independentista, había sido un éxito de participación y que había que tomarla en serio. El punto culminante fue la consulta de 2014. Pedí que se aplicara el 155 y una reforma constitucional. Se hizo lo contrario: la vista gorda en el proceso participativo y no se abrió el proceso de diálogo.
¿Es imprescindible ahora la reforma constitucional?
Fue necesario siempre. Sólo ya por el hecho de que cuando se hizo no estábamos en la UE. La reforma afecta a todos: financiación, Senado, competencias. Es obvio que existe un divorcio entre gobernantes y gobernados, también por la corrupción. Que hay que hablar de buen gobierno, de la gente que se considera olvidada por la crisis, de derechos sociales nuevos y nuevas realidades como la biomedicina.
Usted plantea en su libro que la reforma constitucional debe abordarse bajo la premisa de una voluntad de diálogo y la desvinculación del conflicto catalán. ¿Esto es posible?
Sí. Y añado tres: el procedimiento, la ley se cambia desde la ley; el método, que es el consenso y por último, la prudencia. En esta legislatura debe llegarse a un consenso sobre qué se va a tocar o no. No es un proceso constituyente. La Constitución sirve en un 90 por ciento. La soberanía, la unidad nacional, la nación como una comunidad de ciudadanos libres e iguales y la solidaridad. Eso no se debe tocar. Por eso no se puede ir por la vía de los privilegios del federalismo asimétrico. Hay que tocar los defectos.
La madre del cordero es el título VIII, el modelo territorial. ¿Cómo habrá que retocarlo?
Cuando los constituyentes definimos el título VIII era un camino para llegar a la autonomía, pero no establecía unas normas de funcionamiento correctas y eso nos ha llevado a un contencioso permanente, que no ayuda a mantener la convivencia. Hace falta un programa de reformas, de regeneración democrática y modernización del sistema económico gigantesco. Es un cuadro que serviría para resolver el problema de todos los españoles, pero también los de Cataluña sin generar agravios comparativos.
¿Y por qué no el modelo fe-deral?
Yo propongo técnicas federales para reformar la Constitución pero no entendiendo España como una agrupación de Estados con soberanía originaria, es inaceptable. Este no es un hotel donde uno se pueda ir con preaviso de 24 horas.
¿Debe haber café para todos?
Es inevitable el café para todos. Cualquier reforma de la organi-zación territorial incluyendo la reforma de la financiación, es decir, competencias y recursos, no se puede traducir en privilegios para ninguna región. Solo faltaba que se premiara a los golpistas a costa de quien ha respetado la Constitución.
