El Ejecutivo regional remitió ayer al Parlamento la Ley de Servicios Sociales, una norma "urgente" en la que renuncia a la tarjeta social impulsada por la socialista Patricia Hernández, predecesora de Cristina Valido (CC) al frente de la Consejería de Políticas Sociales. La creación de este documento identificativo, incluido en el borrador de la ley presentada por Hernández en julio del pasado año, se justificó como un método para conocer diferentes aspectos de los usuarios, como las ayudas a las que tiene acceso, si forma parte de una familia numerosa, si es víctima de violencia de género o si tiene alguna discapacidad.
En la rueda posterior al Consejo de Gobierno, Valido explicó que, tras las consultas realizadas a diferentes colegios profesionales y a las entidades del tercer sector, se concluyó que la tarjeta "no es necesaria" en plena era digital, principalmente porque puede convertirse en un "estigma" para las personas que requieran llevarlas consigo.
La consejera señaló que es responsabilidad de la Administración tener toda la información disponible para saber quién debe o no tener acceso al sistema de los servicios sociales. No en vano, entre los contenidos de la nueva norma que pronto iniciará su tramitación parlamentaria, se incluye la historia social única que también contará con la vida laboral de cada usuario. Una iniciativa que se corresponde a la filosofía "trasversal" que busca implementar Valido en el departamento que dirige.
El proyecto de ley está constituido por 90 artículos -agrupados en un título preliminar y ocho títulos-, de once disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y cuatro finales. La nueva norma tomará el relevo de la que está en vigor desde 1987. Valido señaló que ya está en elaboración el catálogo de servicios y prestaciones que, en el plazo máximo de un año, definirá los recursos de la atención social e incluirá la evaluación de eficiencia y calidad. Así, por ejemplo, se fijará los ratios de profesionales necesarios, de tal forma que se conocerá si un ayuntamiento necesita tres trabajadores sociales en vez de uno para atender en tiempo y forma a todos los usuarios. "En materia social el capital humano es clave. Necesitas personas que intervengan con personas", recalcó.
Valido garantizó que la ley contará con financiación suficiente para su desarrollo. "El catálogo definirá el coste de los servicios sociales", expuso, si bien precisó que en un plazo razonable, que no será un año, se aportarán los recursos necesarios.
La nueva norma permitirá, a su vez, que el tercer sector no dependa de subvenciones, ya que podrá establecer convenios y conciertos sociales a más largo plazo. Una medida con la que contará con una red de recursos segura que les permita generar más empleo.
