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La Comunidad Autónoma lidera el alza del empleo público en el último año

La Administración canaria tiene 3.159 trabajadores más que en 2016 y 4.000 más que antes de la crisis

La Comunidad Autónoma lidera el alza del empleo público en el último año

Canarias es la Comunidad Autónoma de régimen común -todas excepto Navarra y País Vasco- que más ha aumentado su número de empleados públicos desde el año pasado. Un incremento de los efectivos de casi 3.200 personas que, además, ha devuelto la plantilla de la Administración regional a cifras inéditas desde 2012, cuando comenzaron a ponerse en práctica los duros ajustes que impuso el Gobierno central para contener el gasto. Ni ello ni el hecho de que las Islas cuenten con 4.000 trabajadores públicos autonómicos más que antes de la crisis han servido para aplacar los ánimos de los sindicatos, que entienden que el déficit en la nómina de la Administración canaria es, "como mínimo", de 8.000 empleados. A la espera de un otoño caliente si las organizaciones sindicales confirman su amenaza de movilizarse, ambas partes sí coinciden, en cambio, en que hay que reducir la alta tasa de temporalidad.

El Ejecutivo del Archipiélago viene sorteando en los últimos tiempos las restricciones que pesan sobre el empleo público con la declaración de los llamados sectores prioritarios. Esos departamentos o funciones para los que se llevan a cabo contrataciones excepcionales por su importancia para la prestación de servicios o para el funcionamiento mismo de la Administración. La Administración autonómica ha alcanzado así las cifras de empleo público más altas de los últimos cinco años, unas cifras que, no obstante, tienen su particular cruz de la moneda en una alta tasa de temporalidad -de alrededor de un 25%- y en la necesidad de un plan de estabilización en cuyo primer borrador ya trabaja el Gobierno que dirige Fernando Clavijo. De hecho, Ejecutivo y sindicatos están de acuerdo en que es necesario "estabilizar" la plantilla -una de las demandas que llevaron a las organizaciones a levantarse de la mesa general de empleados públicos el pasado miércoles-, aunque desde el Gabinete no comparten esa necesidad de 8.000 trabajadores más que reclaman los sindicatos.

"Desconocemos los datos que manejan para decir que hacen falta 8.000 empleados públicos", explica Francisco Rodríguez, director general de Función Pública del Gobierno de Canarias, que ahonda en que esa cifra "no casa absolutamente nada" con los números oficiales. Y ¿qué dicen los números oficiales?

La Administración canaria comenzó 2016 con, exactamente, 57.766 funcionarios o empleados en plantilla, según las cifras que maneja el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Esa era la cifra más baja en siete años, es decir, había que remontarse a 2009, aún en el inicio de la crisis, para encontrar una cantidad menor. En la actualidad, el entramado público regional tiene en nómina a alrededor de 61.000 trabajadores, según los últimos datos del Departamento que dirige Cristóbal Montoro. Las últimas cifras cerradas, correspondientes al primer trimestre del año, calculan una plantilla autonómica de, exactamente, 60.925 personas, esto es, 3.159 más que un año antes, un 5,5% más. Para contextualizar este incremento basta con señalar que solo ha sido mayor en la Comunidad Foral de Navarra, donde es de un 10,5% aunque cuantitativamente menor, de 2.455 personas.

Hacia máximos

Así pues, Canarias cuenta ya con prácticamente tantos empleados públicos autonómicos como en los años de mayores cifras, 2011 y 2012, que comenzaron con 61.963 y 61.867 trabajadores en la plantilla del entramado institucional de las Islas a pesar de que la crisis había estallado en octubre de 2007. En otras palabras: el Ejecutivo regional, entonces liderado por Paulino Rivero, no fue una excepción y, como el grueso de las restantes 16 autonomías, también engordó su personal a pesar de las restricciones propias del período de estrecheces. Es más, el primer año que discurrió sumido de lleno en la crisis, 2008, arrancó con 56.547 empleados públicos a sueldo de la Administración autonómica. Desde entonces, y a pesar de los recortes, la plantilla nunca ha vuelto a bajar de 57.000. De hecho, Canarias tiene hoy 4.070 trabajados públicos autonómicos más que en 2007, un 7,2% más.

Aunque los sindicatos se levantaron de la mesa general de empleados públicos del pasado miércoles por entender que el anteproyecto presupuestario mantiene las restricciones de los ejercicios anteriores, lo cierto es que su postura respecto de la necesidad de estabilizar la plantilla no difiere en lo fundamental de la del Gobierno. Unos y otro coinciden en que es necesario reducir drásticamente la temporalidad. "Es obvio que la legislación no nos ha permitido ofertar plazas definitivas", expone Rodríguez, de ahí que el Ejecutivo de las Islas haya tenido que ir echando mano de interinos y personal laboral en sectores prioritarios. Esto es lo que está detrás del notable incremento del último año pero tiene una "pega" que el director general de Función Pública reconoce: el aumento de la temporalidad y, con este, el de la precariedad.

"No nos ha quedado más que nombrar sectores prioritarios, y esto ha generado una mayor bolsa de empleo temporal", insiste el representante del Gobierno, que, en contra de la denuncia de los sindicatos, garantiza el compromiso del Ejecutivo con la estabilización del empleo.

Los ocho sindicatos representados en la mesa general de empleados públicos, con CC OO y UGT a la cabeza, adelantaron que otra de sus demandas es precisamente la de "estabilizar" las plantillas "para poder dar un mejor servicio a los ciudadanos". Al respecto, Francisco Rodríguez aseguró que el Ejecutivo regional se acogerá al máximo de la tasa de reposición que se fije en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que, además, se incluirá una tasa adicional de hasta un 90% precisamente para contribuir a la estabilización del empleo público.

Con todo, y al margen de esas medidas puntuales, el representante del gobierno de Clavijo recordó que su departamento trabaja para tener redactado cuanto antes un plan de estabilización del empleo público para reducir la tasa de temporalidad del actual 25% a solamente un 8% de aquí a cinco años, es decir, en el horizonte de 2022. De hecho, la idea era que el primer borrador del plan estuviera listo ya desde el mes pasado, si bien ello no pudo ser posible por el retraso de la celebración de la mesa estatal. "Ahora ese objetivo hay que analizarlo", puntualizó Rodríguez, quien, no obstante, adelantó que esa estabilización se hará atendiendo a las necesidades de cada sector: Administración general, Educación y Sanidad.

Eso sí, el director general de Función Pública aclaró que, en todo caso, es "inevitable" y hasta cierto punto conveniente que exista cierto margen para el empleo temporal, básicamente porque seguirán siendo necesarias sustituciones, sin ir más lejos. Francisco Rodríguez afirmó que el primer borrador estará redactado y podría ser sometido a debate en las próximas convocatorias de la mesa, en el aire ahora por el plante sindical.

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