Hasta seis meses esperando por un papel. A los agentes inmobiliarios se les ponen los pelos de punta cada vez que llega a sus despachos la compraventa de una vivienda de protección oficial (VPO) de promoción privada. Una vez que logran reunir toda la documentación exigida y está todo en regla, tienen que esperar hasta medio año por el certificado de la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias que autoriza la venta del inmueble. Hay decenas de expedientes frenados debido a esta situación y la causa principal es la falta de personal en el área de Vivienda para tramitar la documentación.
Así lo denunció el presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Plácido González, que criticó la escasez de recursos humanos en el Instituto Canario de Vivienda, que lleva la política de vivienda bajo la supervisión de la Consejería. Su plantilla está "bajo mínimos", por lo que "para hacer una compraventa de una vivienda pública y recibir la autorización correspondiente el tiempo que se tarda es un disparate total". "Se puede estar esperando hasta seis meses por un simple documento, cuando todo está correcto y legal", protestó.
De hecho, todo el procedimiento administrativo discurre con relativa normalidad hasta que llega ese último paso que aprueba la venta. Entre que se consigue el precio máximo legal para la venta y se autoriza al comprador -que tiene que estar inscrito en un registro-, "todo es un proceso normal", pero el problema es que luego lograr el documento con el sello de Vivienda es "un calvario", apuntó el representante de la sectorial.
Además del déficit de personal, se da la circunstancia de que en muchos sitios de las Islas el precio de la VPO es superior al de la vivienda libre, por lo que se convierte en otro hándicap para la venta de este tipo de inmuebles protegidos.
Requisitos legales
Cuando uno adquiere una VPO tiene un régimen de limitaciones de uso y para venderla necesita la autorización de Vivienda porque la venta de ese inmueble debe cumplir ciertos requisitos legales.
La directora del Instituto Canario de la Vivienda, María del Pino de León, niega tanto la carencia de medios personales como la demora en resolver estos expedientes. Argumentó que el procedimiento para autorizar la compraventa de viviendas protegidas de promoción privada está fijado por ley: "Son tres meses y se está cumpliendo ese plazo". Es más, apuntó que ella misma ha dado instrucciones para agilizar estos procedimientos, con el fin de que "quien quiera vender una casa y cumpla las exigencias legales pueda hacerlo en el menor tiempo posible y la administración no sea un obstáculo para que se produzcan esas operaciones."
Rechazó que los expedientes tarden seis meses en resolverse y, señaló que, si eso ocurre es porque "hay problemas de infracciones en materia de vivienda y se para entonces la fase de autorización para determinar si efectivamente ha habido un incumplimiento". Entonces "algunos se paran por circunstancias ajenas a la voluntad de la administración", alegó.
Hace alrededor de seis años que no se construyen grandes promociones de vivienda pública en las Islas debido a la crisis. Sólo urbanizaciones aisladas. Aún así, el parque público de vivienda en Canarias es uno de los más amplios de España y está compuesto por alrededor de 25.000 casas, de las que 10.000 a lo largo de los últimos 30 años ya han pasado a propiedad de los que fueron en su momento adjudicatarios; y unas 15.000 están en régimen de arrendamiento a familias vulnerables. A éstas se suman otras 4.500 vivienda de Visocan, la empresa pública de promoción de casas protegidas.
La crisis ha incrementado la cifra de demandantes de vivienda pública. Casi 10.800 personas esperan en las Islas por una casa pública en alquiler: 4.800 solicitantes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 6.000 en Las Palmas.
