Juan Manuel Brito exigió ayer un pronunciamiento público a los cargos de Podemos que tomaron parte en el proceso por el que se le intentó expulsar del partido al inicio de este año. El exconsejero del Cabildo de Gran Canaria lamentó que nadie de un partido político "que se dice defensor de los derechos humanos" y "se llena la boca con alusiones al comité de ética" dé la cara ante la sentencia del Juzgado de Instrucción número 9 de Las Palmas de Gran Canaria que obliga a su readmisión.
En realidad, el dimitido integrante de la corporación insular estaba dentro de la formación morada desde abril, mes en que el juez Juan Luis Egea estimó de manera positiva las medidas cautelares solicitadas por la abogada de Brito, Dara Lorenzo, que dejaban sin efecto la expulsión. Tras conocer el pronunciamiento del magistrado, el exvicepresidente del Cabildo recalcó que la cuestión ventilada se aleja diametralmente del plano "formal" para ser una "vulneración de derechos fundamentales" recogidos en la Constitución como el de asociación y el de participación política. Por ello, entiende que el silencio imperante "retrata" al propio partido.
A pesar de ello, no eludió la enumeración de protagonistas que, en su opinión, más tuvieron que ver con el proceso de su salida del partido: Meri Pita, secretaria general de la formación morada en las Islas cuando se le abrió expediente y hoy diputada nacional; Noemí Santana, integrante del órgano interno "que inició la trama" y ahora máxima responsable del partido en el Archipiélago, y Gloria Elizo, integrante del Comité de Garantías Democráticas que decidió su expulsión y en estos momentos vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados.
Desde el partido que dirige Pablo Iglesias, mostraron ayer el "máximo respeto" por la decisión del juez -recurrible- y explicaron que el órgano disciplinario "actúa de forma independiente". Nadie parece interesado en entrar en un cuerpo a cuerpo que, entienden, solo serviría para alargar la presencia de la polémica en los medios de comunicación.
Juan Manuel Brito explicó este lunes que en realidad la "persecución y acoso" contra su persona tenía como fin la ruptura del pacto de estabilidad del que Podemos formaba parte en la institución insular. "De hecho yo dimití en febrero y solo un mes después se rompió el acuerdo", señaló. Además, se mostró seguro de que, a pesar del fallo judicial que le da la razón, obró con acierto al abandonar el Cabildo, ya que lo contrario habría supuesto un problema aún mayor para el Gobierno insular.
Eso en cuanto a la repercusión política, que podría haber sido otra pero nada habría cambiado, porque fue el desgaste personal que le ocasionó "la campaña de acoso" contra su persona y el impacto padecido por su familia los que le convencieron de que era la senda que debía tomar. "No puedo entender la política por encima de las relaciones humanas", sentenció.
