El Estatuto de Canarias se somete a revisión en las Cortes, y sobre el texto aprobado en su día en el Parlamento regional los grupos parlamentarios han presentado casi 300 enmiendas que, tomadas en su conjunto, la dan la vuelta como a un calcetín. Pero más allá de las correcciones más conocidas sobre las materias políticamente más relevantes de la reforma estatutaria, como el sistema electoral, las relaciones competenciales entre la Comunidad Autónoma y el Estado, o el encaje del REF, los partidos también se afanan en otra serie de propuestas llamativas que, de aprobarse, darían un cariz muy particular a la nueva carta magna canaria. Es evidente que muchas de esas propuestas no tienen el respaldo político necesario, y que entre ellas las hay de signo contrario en función del grupo que las presenta, pero su debate en el Congreso y en el Senado va a dar oportunidad de sacar a la luz las múltiples y curiosas miradas que las fuerzas políticas isleñas proyectan sobre la ley que debe marcar la convivencia básica entre los canarios.
Así, desde una visión muy distintas sobre al identidad y la historia canarias, hasta determinados aspectos del funcionamiento de las instituciones, o sobre la idoneidad de medidas puntuales sobre la vida cotidiana en las Islas, algunas de las enmiendas presentadas desvelan puntos de vista muy particulares y llamativos. Parlamento semiambulante, capacidad de mandar a los diputados a su casa en plena legislatura por parte de la ciudadanía, la supresión de los decretos-ley, la promoción del llamado del "español atlántico" como modalidad lingüística, la consideración de los animales como "seres sintientes" y obligación de legislar en ese sentido, son algunas de las materias sobre las que las enmiendas a la reforma del Estatuto pretenden influir.
El Preámbulo y el artículo Uno del Estatuto son, quizá, las partes sobre las que, en términos doctrinales, los grupos presentan propuestas de modificación que apuntan a conceptos muy dispares sobre el ser y sentir canarios. Todos las formaciones hacen correcciones y algunas son de consideración. Así, se detecta un mundo entre la visión de Podemos y NC por un lado y Cs y el PP por otro, mientras CC y PSOE se mantienen en los términos templados del texto redactado elaborado en el Parlamento.
Frente a la reclamación de Cs para que se haga mención a la "Nación Española" como el marco en el que se integra el derecho al autogobierno que ejerce Canarias como nacionalidad, Podemos y NC abogan por una visión de "identidad nacional' que en el caso de la formación morada alcanza términos llamativos. Podemos propone así una lectura histórica de visión indigenista para referirse al proceso de colonización de Canarias por parte de la Corona de Castilla y propone el término "anexión" en lugar del de "incorporación" para definir la conquista.
Las dos formaciones de nueva aparición, Podemos y Cs, son las que más enmiendas presentan, 78 y 98, respectivamente, y las que más modificaciones y de mayor calado proponen, aunque de signo muy distinto. Podemos pretende convertir el "derecho de una renta de ciudadanía" recogida en la reforma Estatutaria en una "renta básica, de carácter universal, incondicional e individual" para garantizar una condiciones de vida digna. Otra de las propuestas de la formación es añadir un nuevo artículo en materia de bienestar animal reconociendo a los animales como "seres que sienten y con derecho a no ser utilizados en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades".
En materia participación ciudadana, Podemos hace dos propuestas totalmente novedosas en el ámbito del conjunto del sistema político español: la eliminación de los decretos-ley como herramienta al alcance de los gobiernos para adoptar medidas de carácter extraordinario; y la disolución anticipada del Parlamento a través de procesos revocatorios por parte de los ciudadanos si, mediante un proceso de consulta, estos determinan que el Gobierno de turno no está cumpliendo su programa electoral y se da por tanto "una pérdida de legitimidad de los cargos electos" en funciones ejecutivas. Es decir, algo así como una moción de censura extraparlamentaria.
Desde Ciudadanos, que al igual que Podemos no participó en los debates en que la propuesta de reforma estatutaria se aprobó en el Parlamento por no tener presencia en la Cámara, una de las enmiendas más curiosas es la que añade un punto para que la cámara legislativa regional pueda celebrar "sesiones" fuera de su sede en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Aunque no cuestiona la sede tinerfeña, no deja de ser una rendija por la que se puede colar la discusión sobre si el Parlamento debe o no abrirse a una itinerancia por las demás islas. En su justificación, señala que "cuanto más próxima se encuentre la institución, como la parlamentaria, a los ciudadanos, mayor será le confianza", y que "refuerza la institución que se admita le posibilidad de reuniones fuera de la sede". La formación naranja, con todo, ha hecho de la eliminación del aforamiento a los políticos una de sus propuestas estrella, que en este caso comparte con Podemos.
CC, aunque sólo ha presentado cuatro enmiendas parciales y una conjunta con NC sobre el encaje del REF en el Estatuto, también plantea alguna propuesta de tipo menor que añade diversidad al debate. En concreto, la federación nacionalista demanda la "defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística del español atlántico o español de Canarias" entre los principios rectores de los poderes públicos canarios. Aseguran que ya hay un apartado similar en el Estatuto de Andalucía, y considera que esta modalidad lingüística "tiene más semejanzas con otras de Hispanoamérica". Tanto CC como otras formaciones también apuestan por promover el uso de la lengua de signos que permita a las personas sordas "alcanzar la plena igualdad de derechos y deberes"
Desde el PSOE, por su parte, se propone modificar el derecho a testamento vital para incluir el reconocimiento a formular instrucciones previas no sólo sobre los cuidados y tratamientos, sino también sobre el destino del cuerpo o de órganos del mismo con objeto de que se cumpla la voluntad de la persona si llegado el momento no se encuentra en condiciones de expresarla personalmente.
Los socialistas también hacen una propuesta para recuperar la competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma para organizar referéndum de carácter consultivo conforme a lo establecido en la Constitución y leyes estatales.
