La esquizofrenia política del PP canario, que preside Asier Antona, se evidenció ayer en el Parlamento regional. Los populares -obligados por la apoyo de CC al 155 catalán y las cuentas estatales- rechazaron las dos enmiendas a la totalidad a los Presupuestos autonómicos de 2018 presentadas por Podemos y Nueva Canarias (NC), los partidos con los que hoy se alían en un pleno extraordinario para forzar la destitución del director de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, e interferir así en el concurso para los servicios informativo de la TVC, origen de las presiones publicas al órgano de contratación del ente. De este modo, los presupuestos elaborados por el Gobierno en minoría de CC superaron ayer el primer filtro del Parlamento, gracias al apoyo de la Asociación Socialista Gomera (ASG) y, fundamentalmente, del PP, y la abstención del PSOE.
El PP rechazó las enmiendas de NC y el partido morado para "dar estabilidad y certidumbre". Según, José Tomás Estalella, diputado popular, su formación está para "sumar, pues los ciudadanos están esperando soluciones", por lo que van a apoyar los presupuestos, entre otras cuestiones, por la rebaja de la presión fiscal y porque se destinan más recursos a los servicios sociales. No obstante, dejó claro que las cuentas "no satisfacen plenamente". Recordó la debilidad del Gobierno, con 18 diputados, para sacar los presupuestos adelante, aunque no apoyarlos sería un mal mayor para el interés general, recalcó, y más teniendo en cuenta los abultados recursos que ha destinado el Ejecutivo de Mariano Rajoy a Canarias.
A su juicio, CC gestiona mal y otros serían los presupuestos si gobernara el PP en las Islas. "El apoyo no es un cheque en blanco y durante el proceso de enmiendas tendremos que ponernos de acuerdo", advirtió al Gobierno de Fernando Clavijo, a quien le conminó a bajar aún más los impuestos, porque es "hora de aliviar la presión fiscal" que sufren los ciudadanos.
La portavoz del PSOE, Dolores Corujo, también apeló a la responsabilidad para abstenerse en la votación de las enmiendas a la totalidad. Sin embargo, a los socialistas no les gusta el reparto que se ha hecho de los recursos que defendió ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en la Cámara canaria. De hecho, en tono sumamente crítico, Corujo condenó las rebajas fiscales, principalmente las referidas al uso de la sanidad privada, en vez de utilizar esos recursos para mejorar la sanidad pública, así como la bonificación por gastos de guardería a familias con rentas de hasta 52.000 euros, que no la necesitan.
La socialista admitió que ha habido avances como el aumento del gasto en sanidad, educación y vivienda, aunque denunció que el presupuesto no da respuesta ni a la pobreza ni a la exclusión social, además de que destina cero euros a la educación de hasta 3 años. Asimismo, recalcó que miles de canarios subsisten con pensiones no contributivas y mientras en otras comunidades se completan para que estas personas puedan llegar a fin de mes, en Canarias no se ha dibujado nada en las cuentas del próximo año pese a que son los presupuestos con mayor volumen de la historia. Por ello, los socialistas exigen al Gobierno un "cambio de rumbo". "Si no cumplen ese mínimo de exigencias el PSOE no se va a poner de perfil", aseveró.
El presupuesto crece en casi 1.000 millones de euros, al alcanzar los 8.239 millones, un 12,9% más que en 2017. Para Noemí Santana, portavoz de Podemos, estas cuentas defienden las políticas conservadoras y neoliberales y "renuncian a atender el desastre social y la pobreza", afirmó en su justificación a su enmienda a la totalidad. Además, no atienden a lucha contra la violencia de género. "No queremos más presupuestos de la muerte", sentenció. Román Rodríguez, portavoz de NC, expuso por su parte que, a pesar de la mejora de la financiación del Estado, gracias al peso del voto de NC en el Congreso, es una oportunidad "perdida", porque no se incrementa el gasto en protección social ni en cambiar el modelo productivo.
Según la consejera de Hacienda es un presupuesto "sólido" porque destina el 80% de los recursos al gasto social, cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria, rebaja la deuda, disminuye los impuestos a las familias, pymes y autónomos, y aumenta la inversión productiva en un 45%.
