El Gobierno canario y los sindicatos retoman las negociaciones para que los empleados públicos de la Comunidad Autónoma recuperen los derechos sociales y laborales perdidos por los recortes que provocó la crisis económica. Después de varias semanas de tensión, de amenazas de movilizaciones y de cruces de declaraciones, ambas partes se sentaron ayer en el marco de la negociación del convenio colectivo del personal laboral autonómico y para finales de este mes o principios de diciembre se convocará la mesa general de negociación entre Ejecutivo y centrales sindicales con el fin de abordar, entre otros asuntos, una nueva oferta de empleo público de 300 efectivos y cuestiones concretas referidas a permisos y licencias, ayudas de acción social o estabilidad en los puestos de trabajo.
El director general de Función Pública, Francisco Rodríguez del Castillo, asegura que la "voluntad" del Gobierno es dialogar aunque reconoce que los "tiempos" no son los mismos entre ambas partes. De hecho, los sindicatos se levantaron de la mesa de negociación en octubre y han solicitado por dos veces sentarse con el Ejecutivo para abordar los asuntos específicos referidos a la recuperación de derechos, mientras que Función Pública se ha centrado en la ley de presupuestos de 2018, las ofertas de empleo y el incremento salarial del próximo año. En esta línea, Rodríguez se ha mostrado dispuesto a negociar los temas que plantean las centrales sindicales aunque de forma escalonada porque todavía "no se pueden echar las campanas al vuelo".
Para Función Pública no se puede decir que se ha dejado la crisis atrás tras las fuertes restricciones por las que ha pasado la Comunidad Autónoma. Sin embargo, Francisco Rodríguez recuerda que el 36% del presupuesto del próximo año se destina a los gastos de personal, cerca de 3.000 millones de euros, y que sólo la subida del 1% de los salarios este año a los empleados públicos autonómicos costó 45 millones al erario público, mientras que para 2018 se prevé una subida retributiva del 1,5%. Por ello defiende que, además del incremento salarial, las cuentas autonómicas recogen el pago de los sexenios a los docentes o tres millones de euros para las ayudas de acción social de la plantilla.
Los dirigentes sindicales valoran la convocatoria de ayer y se encuentran a la expectativa sobre la próxima mesa de negociación tras las denuncias de los últimos días. Manuel González, del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), espera que el Ejecutivo cumpla con su compromiso de recuperar aquellos aspectos del convenio colectivo que se suspendieron con la crisis y confía en que las palabras de Función Pública no sean una "fachada", porque los sindicatos creen llegada la hora de recuperar derechos como la jornada laboral, las ayudas de acción social y el plan de pensiones, la incorporación de nuevos permisos, licencias y vacaciones, el derecho a la salud o la eliminación de las restricciones impuestas al personal en la ley de presupuestos desde 2009.
Por su parte, José Ramón Barroso, de CCOO, cuestiona que el Gobierno convoque al personal laboral para el convenio colectivo y continúe sin reunir a la mesa general de negociación de los empleados públicos, que es el órgano facultado para todos los asuntos que reivindican las centrales sindicales. Barroso critica que el Gobierno establezca en los presupuestos de forma unilateral medidas y aspectos sobre los empleados sin pasar por la negociación colectiva, incluidos tres millones de euros que no se saben cuál es su destino concreto.
Los representantes de los trabajadores han presentado una propuesta ante la Administración que supone negociar un acuerdo de mejora de las condiciones de los 60.000 empleados públicos a desarrollar entre 2017 y 2019.
