El Parlamento de Canarias exige que se ponga fin al conflicto de los examinadores de tráfico que en Canarias ha perjudicado ya a 9.000 personas "frustradas sus expectativas para obtener el permiso de conducir", según subrayó ayer el diputado socialista Gustavo Matos.

En una Proposición No de Ley (PNL) aprobada por unanimidad e impulsada por el PSOE, el Parlamento critica la "ineficacia" del Gobierno central para cumplir con el compromiso de mejorar las condiciones laborales en las jefaturas de Tráfico, motivo principal de esta huelga indefinida que dura ya varios meses.

Una huelga que, señaló Matos en su intervención parlamentaria, ha supuesto un "golpe mortal" al sector, con más de 60 autoescuelas en las Islas y 1.000 trabajadores.

Matos subrayó el "poco sentido" que tiene que no se haya logrado poner fin al conflicto teniendo en cuenta que el Estado está dejando de recaudar por la tasa por examen hasta unos 15 millones, cuando el complemento salarial que reclama los examinadores ronda los dos millones. "Se está dando un golpe mortal a un sector que en Canarias agrupa a 363 autoescuelas en las que hay pequeños y medianos empresarios que no pueden seguir soportando esta situación. No pueden continuar aguantando los efectos de un conflicto cuya solución está en la mesa del Consejo de Ministros", expuso el socialista.

Todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en que la huelga ha generado un "caos enorme", con "dos perjudicados": los alumnos y las autoescuelas, que acumulan pérdidas económicas o han tenido que cerrar.