El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por Podemos contra la nueva Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Los firmantes cuestionan 24 de sus 408 artículos y una disposición transitoria de la norma aprobada por el Parlamento canario el pasado 21 de junio y en vigor desde septiembre.

El Constitucional ha acordado, además, dar traslado del recurso presentado por 54 diputados de la formación morada -entre ellos los canarios Meri Pita, Carmen Valido y Alberto Rodríguez- al Congreso, el Senado y el Gobierno regional, para que presenten en quince días las alegaciones que estimen oportunas.

La admisión a trámite, no obstante, "no supone pronunciamiento alguno" por el momento por parte del Constitucional respecto al contenido de los artículos se que cuestionan, precisa el Alto Tribunal.

El recurso recibido por el TC, de dos folios de contenido, sostiene que la ley provoca un "debilitamiento en el ejercicio del planeamiento" y una "reducción de la protección del medio ambiente del Archipiélago canario caracterizado por la escasez, la fragilidad y dispersión del suelo".

Según Podemos, la norma presenta hasta trece motivos de inconstitucionalidad pero hace hincapié en aquellos que se refieren al incumplimiento de los principios de legalidad y jerarquía normativa, al tiempo que vulnera, a su juicio, la ley estatal del Suelo, la de Evaluación Ambiental, la de Patrimonio y Diversidad, y la de Administración local. En el momento del traslado al TC la diputada canaria Meri Pita justificaba el recurso asegurando que se trata de "una ley para hacer lo que no se puede, donde no se debe, pero desgraciadamente para los que siempre pueden". La dirigente denuncia que la norma "libera el suelo" y da pie "a que se puede construir en cualquier lado si el Constitucional no lo impide con la rapidez que el asunto requiere".

Ya en el momento de la presentación del recurso, el 18 de octubre, Podemos aseguraba no confiar en un pronto pronunciamiento del Constitucional, y calificaba de "trampa democrática" el hecho de que el Gobierno de Canarias haya promulgado esta ley a sabiendas de que el Tribunal va a tardar en responder.