El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) asumirá la causa contra el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por el denominado caso grúas, que investiga una serie de actuaciones supuestamente irregulares cometidas durante su etapa como concejal de Seguridad Ciudadana y alcalde de La Laguna en relación al servicio de retirada de vehículos de la vía pública.
El máximo órgano judicial canario tomará las riendas de la investigación dada la condición de aforado del jefe del Ejecutivo, tras las diligencias practicadas por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, Celia Blanco, que en los próximos días, previa exposición razonada, remitirá el expediente a la Sala de lo Penal del TJSC. El informe que emita el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, resulta decisivo para el desarrollo del caso, ya que, si entiende que no es preciso citar a Clavijo para que declare, toda la controversia sobre este asunto es probable que se diluya.
La polémica sobre el servicio de grúas en La Laguna se remonta a 2014, pero fue en abril de este año cuando Unid@s Se Puede y Por Tenerife-NC, en la oposición en el Ayuntamiento tinerfeño, acudieron a los tribunales, al considerar que la comisión de estudio que había organizado el Consistorio, presidida por Antonio Alarcó (PP), se había cerrado "en falso" sin depurar responsabilidades.
El 15 de junio la magistrada Celia Blanco dictó el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia interpuesta contra Clavijo y el actual alcalde lagunero, José Alberto Díaz, ambos de CC.
Tras analizar las consideraciones de los denunciantes y los tres decretos municipales presuntamente objeto de irregularidades, la jueza no apreció delito alguno y dio carpetazo al expediente.
Sin embargo, ambos partidos políticos presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La Sección Segunda dictó el 17 de octubre un duro auto en el que anuló la decisión de la jueza y le ordenó reabrir la causa por no haber justificado de forma contundente su archivo.
"Examinadas las actuaciones no hemos de compartir el criterio del Juzgado de Instrucción, por cuanto los hechos pudiera revestir caracteres de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias", se recoge el auto. La Audiencia reprochó a la magistrada su decisión de sobreseer el caso de forma "precipitada" y "sin practicar diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos y personas responsables", conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De hecho, la jueza indagó unos hechos por los que nunca llamó a Clavijo en calidad de testigo ni como investigado. El presidente del Gobierno nunca ha estado imputado por esta causa.
Así, la Audiencia devolvió la causa al juzgado de La Laguna. Tras ser cuestionada, la jueza dictó una providencia el 31 de octubre en la que planteó su posible inhibición en favor del TSJC, debido a la condición de aforado de Clavijo. El actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC) está también denunciado en la causa.
En su escrito, la jueza ordenó recabar del Ayuntamiento la documentación obrante relativa a los tres decretos dictados por Fernando Clavijo y el exconcejal Antonio Pérez-Godiño (CC), que ocupó el área de Seguridad de 2007 a 2011.
Con el fin de acatar las órdenes de la Audiencia, respecto a oír a las autoridades que firmaron los decretos y, siendo uno de ellos el presidente canario, la jueza dio traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas por ser Clavijo aforado y sobre la posible competencia de la Sala de lo Penal del TSJC. Como es preceptivo, la magistrada pidió a todas las partes que se pronunciasen al respecto.
Una vez resuelto esto, el TSJC asumirá la causa y decidirá si llama a Clavijo como imputado o no. El informe del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, resulta clave en la decisión final. Mientras se dirime al respecto, la jueza, en un auto el 10 de noviembre, ha citado a declarar como testigos el 21 de noviembre a siete empresarios que prestaron el servicio de grúas.
El origen de los hechos denunciados se sitúa en octubre de 2003, cuando Clavijo, como edil de Seguridad, abogó por privatizar el servicio de grúas del municipio, dirigido entonces por la alcaldesa Ana Oramas. Clavijo la sustituyó en noviembre de 2008 al frente de la Alcaldía [hasta 2015], cuando ella renunció al puesto para centrarse en su labor como diputada nacional.
El pleno del 12 de febrero de 2004 aprobó la privatización y en julio de ese año se adjudicó por cinco años el servicio municipal de las grúas al empresario José Padilla, que, un año y dos meses después, derivó la adjudicación a su empresa Autogrúas Poli SL.
Sin embargo, tras graves problema económicos la concesionaria decidió vender la empresa a un grupo de empleados en abril de 2011. "Algunos de los socios adquirientes de las participaciones pudieran tener vinculaciones personales con [en aquel momento alcalde de La Laguna] Fernando Clavijo, que tampoco han sido investigadas por el Juzgado de Instrucción", señala el auto de la Audiencia, que recoge la denuncia de Unid@s Se Puede y Por Tenerife-NC. Unos vínculos personales que niega el presidente.
Según los denunciantes, estos socios tenían su sede en el mismo domicilio que una sociedad de la que fue administrador Clavijo, quien en realidad traspasó su gestoría en 2009. Pese a los cambios al frente de la empresa adjudicataria continuaron los problemas económicos, impagos de nóminas y el mal estado de las grúas. Hasta el punto de que en enero de 2014 la junta de gobierno local aprobó asumir el control de la prestación del servicio por Autogrúas Poli, que acumulaba una deuda de 300.000 euros.
Informes
El Ayuntamiento abonó a la concesionaria los 200.000 euros que le adeudaba y se le concedió en 2014 un préstamo de 120.000 euros con los informes negativos del interventor. El alcalde, vía decreto, salvó los reparos del funcionario y la Junta de Gobierno dio luz verde a la operación, ya que Clavijo entendió que el servicio de grúas era esencial para los ciudadanos y se debía garantizar su continuidad. Contó con informes de expertos externos (catedráticos de Derecho Financiero y Tributario y Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna) para levantar los reparos para el préstamo de los 120.000 euros, que, por otro lado, fue ya devuelto por la empresa al Ayuntamiento.
De este modo, ante la discrepancia con el interventor y con los informes externos en la mano, la solución por la que se optó fue la menos gravosa para las arcas municipales porque las otras alternativas que se estudiaron, como el rescate del servicio, hubiera supuesto la indemnización al concesionario, la asunción de sus deudas y la subrogación de sus 22 trabajadores, con el consiguiente coste para las arcas del Consistorio. El exregidor basó su decisión en circunstancias sobrevenidas que afectaban al equilibrio económico-financiero de la prestación del servicio. Además, la peatonalización del casco histórico y la crisis de aquellos años redujeron los servicios de retirada de vehículos previsibles.
