El presidente de Canarias y exalcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, dio en enero de 2014 luz verde a la intervención temporal del servicio de grúas en el municipio tinerfeño durante su etapa como regidor para garantizar la continuidad de este servicio esencial para la ciudad. La insostenible situación económica de la empresa concesionaria en aquel entonces abocó al Ayuntamiento a intervenir, ya que peligraba la prestación del contrato, con el consiguiente perjuicio para la ordenación del tráfico, el estacionamiento indebido de vehículos y los bloqueos de garajes, entre otras situaciones críticas que se intentaron evitar. Para Clavijo, fue prioritario asegurar que no se interrumpiera en ningún momento el servicio público.
La caída de la demanda de retirada de vehículos de la vía pública, debido a la peatonalización del casco histórico y la crisis económica, obligó al Consistorio a cambiar el contrato formalizado con la compañía Autogrúas Poli y, en un momento dado, adoptar la medida cautelar de intervención y asunción provisional de la ejecución directa del servicio por razones de interés público. Una decisión basada en informes favorables de Hacienda, el Servicio Jurídico e Intervención Municipal.
Con todo, la gestión del servicio de grúas en La Laguna ha estado envuelta en polémica y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) asumirá en los próximos días la investigación en torno a la adjudicación y ejecución del contrato. El máximo órgano judicial de las Islas se hará cargo del caso grúas dada la condición de aforado de Fernando Clavijo. El actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, también de CC, está igualmente denunciado en esta causa.
El informe del fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, resulta determinante para decidir si el jefe del Ejecutivo regional deberá declarar o no ante la Sala de lo Penal.
La denuncia que originó el proceso judicial fue interpuesta el 26 de abril de este año por Unid@s Se Puede y Por Tenerife-NC, por presuntas irregularidades que pudieron cometer Clavijo y miembros de su gobierno local. Ambos partidos de la oposición acudieron a los tribunales descontentos con la comisión de estudio que se creó en el Ayuntamiento en mayo de 2016 para esclarecer los hechos ligados a este servicio municipal.
Se da la circunstancia de que esta comisión se constituyó a petición de dichos partidos, que, en cambio, la abandonaron el 10 de abril -16 días antes de ir al juzgado de guardia-, al entender que el grupo de gobierno CC-PSOE con la ayuda del PP, intentaba bloquear la comisión y convertirla en un estudio administrativo, sin depurar responsabilidades políticas.
Dicha comisión, presidida por Antonio Alarcó (PP), celebró trece sesiones, con la comparecencia de una veintena de responsables públicos, funcionarios y personas ajenas a la corporación que habían tenido alguna relación con la gestión del servicio de grúas. Además, se abordaron 20 expedientes administrativos relativos al contrato, sin contar otros tantos informes.
Este órgano emitió su dictamen el pasado 10 de julio y, aunque hizo llegar la documentación al Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, la jueza encargada del caso, Celia Blanco, rechazó la información aportada porque no la había requerido. Es más, la magistrada ya había archivado la causa un mes antes, en concreto el 15 de junio.
Archivo injustificado
Sin embargo, el 17 de octubre la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenó a la jueza reabrir el caso por no justificar debidamente su sobreseimiento prematuro y no practicar suficientes diligencias de investigación, pues ni siquiera había citado a declarar a responsables de la gestión del servicio, como Clavijo. Ante este revés, Blanco retomó la instrucción y, dada la condición de aforado del presidente, solicitó informes a la Fiscalía y a las acusaciones particulares sobre el traslado del asunto al TSJC.
El dictamen de la comisión de estudio municipal recoge todas las actuaciones vinculadas al contrato de grúas entre los años 2003 y 2015. Primero con Clavijo como concejal de Seguridad Ciudadana y, de 2008 a 2015, como alcalde lagunero.
Desde la firma del contrato en 2005, la empresa Autogrúas Poli nunca facturó más del máximo previsto. Los problemas económicos persiguieron a la empresa y en 2011 su dueño José Padilla la vendió a un grupo de trabajadores.
En diciembre de 2012 la junta de gobierno local acordó reducir el gasto máximo comprometido del contrato, ya que las necesidades reales de la administración eran inferiores al crédito previsto.
Dos meses después, el concesionario pidió reducir los medios mínimos obligatorios exigidos por el contrato, pues la demanda del servicio había sufrido un descenso notable. De tal modo que el Ayuntamiento acordó rebajar las exigencias a la empresa. Pese a ello, las dificultades económicas continuaron asfixiando a la compañía y varios empleados denunciaron el retraso en el pago de las nóminas.
En enero de 2014 Autogrúas Poli pidió al Ayuntamiento el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, en tanto que la demanda de retirada de coches seguía siendo insuficiente para cubrir el coste del servicio.
El incremento de zonas peatonalizadas en el casco histórico, el aumento de aparcamientos en el municipio y la consolidación del tranvía, fueron las principales circunstancias sobrevenidas que provocaron la merma de facturación de la empresa. De ahí que el director del servicio advirtió de que había "indicios suficientes de que la situación económica de Autogrúas Poli pudiera hacer peligrar la continuidad del servicio público" de forma "inminente", por lo que instó a realizar actuaciones administrativas urgentes, encaminadas a asumir temporalmente la ejecución directa del servicio por parte del Ayuntamiento. Por ello, con varios informes favorables en la mano, se adoptó la medida cautelar de intervenir el servicio.
Además, el gobierno local concedió un préstamo de 12.000 euros a la empresa para aliviar su situación financiera y como anticipo a cargo de la facturación de la prestación del servicio, pese a los reparos de la Intervención Municipal. Clavijo, como alcalde, levantó dichos reparos tras un informe externo de la Universidad de La Laguna. El préstamo quedó cancelado en diciembre de 2014, una vez reintegrado en su totalidad.
Los interventores también pusieron reparos a la prórroga del contrato, criterio refutado por la Dirección del Área de Seguridad del Ayuntamiento. Clavijo resolvió la discrepancia entre ambos y avaló la prórroga del contrato hasta 2019, al considerar que se trata de un servicio esencial para la ciudad.
En agosto de 2015 la empresa Grúas y Servicios Adeje compró Autogrúas Poli y asumió el servicio de grúas y las deudas pendientes.
Todo ello será ahora escrutado bajo la lupa del TSJC.
