El Gobierno regional cree que el llamado caso Grúas es un juicio político que intenta perjudicar la imagen del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. La portavoz del Ejecutivo y consejera de Hacienda, Rosa Dávila, recordó que este caso parte de una "denuncia política" sobre un expediente administrativo que la Justicia ya ha archivado en varias ocasiones. La investigación judicial se ha reabierto por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, que deberá dar traslado de sus pesquisas al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dada la condición de aforado de Clavijo.

Dávila, que también es miembro de la dirección de Coalición Canaria (CC), se negó a entrar a valorar la llegada al TSJC del expediente del caso porque es algo "que aún no ha ocurrido". Para la dirigente nacionalista "como Gobierno no vamos a entrar a valorar algo que todavía no ha sucedido".

Por su parte, la secretaria de Organización de la formación nacionalista, Guadalupe González Taño, abundó en las manifestaciones de Dávila y precisó que se trata de un caso impulsado por la oposición política del Ayuntamiento de La Laguna por una decisión del entonces alcalde en el ámbito de sus competencia. "Cuando uno ocupa un cargo público toma muchas decisiones y algunas de ellas llegan al juzgado porque hay alguien en desacuerdo, en este caso un partido de la oposición que es el que pone la denuncia", señaló González Taño.

El tribunal autonómico aún no ha recibido el informe de la jueza Celia Blanco para cederle la competencia de la investigación al estar involucrado el actual presidente regional y por entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo. Blanco se vio obligada el pasado 17 de octubre a reabrir la instrucción, que archivó en junio, tras un auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que cuestionó el archivo. La juez tampoco tuvo en cuenta las conclusiones de la comisión de investigación constituida en el Ayuntamiento lagunero.

En este sentido, el fiscal jefe del TSJC, Vicente Garrido, constató ayer que el tribunal no ha recibido aún el procedimiento por parte del juzgado de instrucción. En declaraciones a la Cadena Cope, Garrido precisó que si la juez ve "indicios de comportamiento delictivo" en el exalcalde lagunero y ahora presidente tiene que remitir el caso con una argumentación razonada y fundamentada al TSJC para que continúe la investigación.

El TSJC no puede inhibirse del asunto por el aforamiento de Clavijo y si finalmente asume la investigación es cuando entrará en escena la Fiscalía, que tendrá que emitir un informe de legalidad y será determinante para que el tribunal pueda imputar o no al jefe del Ejecutivo y así poder tomarle declaración.

El informe del Ministerio Fiscal debe realizarse sobre la legalidad de la competencia del TSJC para proseguir el procedimiento. Según Garrido, este informe es el que tendrá que aclarar si hay indicios o no suficientes para que la Sala investigue al presidente del Ejecutivo por el caso Grúas. Sin embargo, aunque el informe de la Fiscalía es determinante para la causa, la última palabra la tiene la Sala del TSJC para mantener la instrucción. Sin embargo, Garrido sí puntualizó que lo habitual es que el tribunal y la Fiscalía "caminen de la mano" en este tipo de asuntos que afectan a aforados por presuntos delitos de corrupción.

Podemos plantea una moción de censura

Por su parte, Podemos acaba de anunciar que si el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, es "finalmente investigado y tiene que ir a declarar en el 'Caso Grúas' solo quedan dos opciones: o bien dimite o debemos presentarle una moción de censura", advierte la secretaria general de la formación política y portavoz del Grupo Parlamentario, Noemí Santana.

"Presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias parece ser que para Coalición Canaria son tan solo incidencias administrativas y nosotros creemos que son algo muy grave", insiste Santana al recalcar que ""Canarias no puede estar gobernada por alguien que no solo no tiene apoyos sino que es cuestionado por su comportamiento como gestor público".

Santana recuerda que se puede reabrir una causa penal, en un primer momento, "se archivó de forma precipitada, pues hay suficientes indicios de que, siendo alcalde, el presidente Clavijo otorgó favores y ventajas para sus amigos usando para ello el poder local y el dinero público que es de toda la ciudadanía, no solo de Coalición Canaria".

En este sentido, reitera que Podemos Canarias, "al igual que en su momento demostramos a nivel nacional que era necesario presentar una moción de censura a Mariano Rajoy poro todo el lodazal y el fango en el que está envuelto el PP, si al final el presidente Clavijo es investigado judicialmente por mala praxis en el Ayuntamiento de La Laguna por el 'caso Grúas', si no dimite por voluntad propia y aunque no haya mayoría suficiente en el Parlamento, es necesario presentemos una moción de censura por salud democrática y para que la ciudadanía sepa que no todos somos iguales".

"Nos da igual que el PP y ASG lo estén apoyando desde fuera y permitiendo que gobierne, lo que nos importa es la situación judicial de Clavijo y si está o no está imputado por corrupción y malversación de fondos", concluye Santana.