El rescate del servicio municipal de grúas en La Laguna hubiera supuesto una situación catastrófica para las arcas municipales, que hubieran debido asumir las deudas generadas por la empresa Autogrúas Poli SL, además de asumir a una plantilla de 18 trabajadores a los que habría que pagar sus nóminas mensualmente. La fórmula del rescate fue descartada del todo por los técnicos municipales que fueron designados en 2014 por el propio Ayuntamiento de La Laguna para ponerse al frente de la intervención de la empresa concesionaria del servicio municipal de retirada de vehículos cuando se comprobaron pérdidas económicas sobrevenidas por la coyuntura de la crisis y al caer la dotación presupuestaria, la peatonalización de buena parte del casco lagunero, la entrada en vigor del carné por puntos o la apertura de parking públicos en la ciudad.
Esa fórmula del rescate es la que defendía el grupo municipal en la oposición XTF y, ahora en el presente mandato, Unid@s se puede. Sin embargo, los técnicos municipales dijeron entonces y ahora lo han vuelto a repetir en sede judicial ante la magistrada Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna que lleva la investigación del denominado caso grúas, que hubiera sido una solución "catastrófica" para las cuentas del Ayuntamiento.
Habría sido un descalabro para las cuentas municipales, ya que la Corporación habría tenido que asumir unas pérdidas de 30.000 euros mensuales aproximadamente, más el coste de salarios. Un descalabro como el que ya se contabiliza en las cuentas del Ayuntamiento de Madrid tras la decisión de su alcaldesa, Manuela Carmena (Ahora Madrid), de rescatar la empresa que gestionaba el ruinoso servicio de alquiler de bicicletas de la Corporación en la capital.
Pérdidas
La empresa Bonopark no conseguía ser rentable, tanto que perdía 300.000 euros mensuales en 2016, pero desde el grupo de gobierno en el Consistorio madrileño se achacaba también el problema a los actos vandálicos y al contrato de la anterior alcaldesa, Ana Botella. Por ello, Ahora Madrid siempre se mostró a favor de quedarse con el servicio, y en septiembre acometió su remunicipalización.
Fue la Empresa Municipal de Transportes (EMT) la que pasó a gestionar de forma directa el servicio, pero no lo hizo gratis, ya que el Consistorio le pagó a Bonopark la friolera de 10 millones de euros. El acuerdo de rescate conllevaba que todos los valores de Bonopark, desde materiales hasta tecnología, incluyendo la subrogación de los trabajadores, pasaran a manos del Ayuntamiento.
La contraprestación estaba muy por encima de la cifra pactada, con un contrato de 25 millones de euros durante 10 años para Bonopark. En la actualidad, el servicio público madrileño cuenta con 2.028 bicicletas a motor y 4.128 anclajes repartidos en 165 estaciones.
Tanto la empresa como el Ayuntamiento denunciaron actos vandálicos contra estas bicicletas. Según los datos del Consistorio, en los primeros 14 meses de uso, más de 1.000 bicicletas fueron "vandalizadas" y otras 100 "abandonadas".
Son problemas que formaron parte de las pérdidas económicas que contabilizaba entonces una empresa concesionaria de un servicio municipal y que ahora asume directamente el Ayuntamiento madrileño tras pagar 10 millones de euros para resarcir a la mercantil por incumplir el pliego de condiciones. Ahora el Ayuntamiento es el que debe continuar padeciendo las pérdidas por los actos vandálicos con cargo a las arcas municipales.
