La Comisión Europea ha ratificado que la Ley del Suelo y la de las islas verdes para la ordenación territorial de la actividad turística en La Palma, La Gomera y El Hierro no incumplen con la legislación europea en materia ambiental y, en consecuencia, no procede hacer un seguimiento de las peticiones realizadas por la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible.

Así se lo ha comunicado el Ejecutivo comunitario a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde distintos miembros de la plataforma contra la Ley del Suelo formularon quejas alegando que ambas leyes infringen las normas ambientales de la Unión Europea.

Las denuncias también se presentaron ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que el pasado mes emitió un informe en el mismo sentido que el actual. Ahora es la Comisión de Peticiones quien debe responder a cada una de las cinco quejas presentadas por la plataforma y por otras cuatro personas en contra, en un primer momento, de la ley de las islas verdes.

Más tarde, los propios peticionarios acumularon a sus quejas otras alegaciones genéricas en contra del contenido de la Ley del Suelo que, en ese momento, aún era un proyecto de ley pendiente de aprobación en el Parlamento de Canarias. La norma entró en vigor el pasado uno de septiembre después de ser aprobada en junio.

Por tanto, esta decisión de la Comisión Europea viene a avalar que tanto la ley de las islas verdes como la Ley del Suelo y Espacios Naturales de Canarias cumplen con la legislación europea, como ya lo hizo la Dirección General de Medio Ambiente.

Los demandantes denunciaron que el objetivo de la Ley del Suelo es liberalizar y desregular y defendieron el pasado septiembre ante la Comisión de Peticiones que la norma estrella del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y que ha desarrollado la consejera de Política Territorial; Nieves Lady Barreto, supondrá un paso atrás en el Archipiélago porque relajará los principios y las garantías en la gobernanza del territorio y sus recursos naturales. La Comisión de Peticiones pidió entonces más información sobre ambas leyes al Ejecutivo comunitario que ya da por cerradas estas quejas al entender que dado que no hay infracción de la legislación comunitaria no puede hacer un seguimiento de estas peticiones.

Planes específicos

Tras una evaluación de ambas normas, la Comisión Europea concluye que no implican la adopción de proyecto o planes específicos o de desarrollo turístico y que las directivas comunitarias deberán aplicarse a los proyectos que se hagan en el futuro, consideraciones que van en sintonía con las defendidas por el Gobierno de Canarias ante la Comisión de Peticiones, donde la representante del Ejecutivo, Cristina León, subrayó que las dos leyes aseguran que se cumpla las directivas europeas y que habrá un sistema de evaluación con la normativa comunitaria y de participación ciudadana.

Aunque ahora debe pronunciarse la Comisión de Peticiones a cada una de las cinco quejas, lo más lógico es que siga la línea de la Comisión Europea. En cualquier caso, la Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible puede seguir elevando peticiones ante este órgano de la Cámara europea si lo estima oportuno. La ley de las islas verdes fue aprobada por el Parlamento canario en septiembre de 2016 con el 80% de los votos y la Ley del Suelo obtuvo el refrendo de 33 diputados de los 60.