La Organización de Derechos Humanos EG Justice, dedicada a promover los derechos humanos y la implantación de un estado de derecho en Guinea Ecuatorial, exige que la Justicia española aclare el origen del dinero de la familia hispano-rusa Kokorev, acusada de actuar como testaferro del presidente guineano, Teodoro Obiang.
Vladimir Kokorev, su esposa Yulia Maleeva y su hijo Igor Kokorev, fueron detenidos en Panamá en septiembre de 2015 y extraditados a España tras un procedimiento penal incoado en el año 2009, tras una querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España contra altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial por un supuesto delito de blanqueo de capitales perpetrado en España.
El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria fue quien decretó la orden de busca y captura. El 6 de septiembre de 2015, tras su extradición desde Panamá a España, los Kokorev ingresaron en prisión preventiva en Juan Grande, al Sur de Gran Canaria, donde han permanecido hasta hace unos meses. Son investigados por delitos fiscal y presunto blanqueo de capitales.
Yulia Maleeva, de 65 años, quedó en libertad provisional a finales de septiembre, mientras que su hijo Igor salió de la cárcel el 17 de octubre. Ambos con la retirada de pasaporte y obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado. Sin embargo, el patriarca, Vladimir Kokorev, sigue entre rejas, al no poder utilizar sus propiedades para abonar la fianza impuesta de 600.000 euros. La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por su defensa y no acepta los bienes propuestos para pagar la fianza.
La organización no gubernamental EG Justice, fundada en 2008, señala que el juicio a la familia Kokorev, que tendrá lugar en la Audiencia de Las Palmas supone -tras la sentencia de un Tribunal francés condenando a Teodoro Nguema Obiang, vicepresidente e hijo del presidente de Guinea Ecuatorial- "un paso positivo más" para aclarar los desvíos y blanqueo de dinero de las arcas públicas guineanas, que desveló en 2003 el Senado de Estados Unidos .
Más de 26,4 millones de dólares (más de 22 millones de euros) se transfirieron desde la cuenta del petróleo de Guinea Ecuatorial a la cuenta de la empresa Kalunga Company de los Kokorev.
El director ejecutivo de EG Justice, Tutu Alicante, sostiene en una nota que "el caso Kokorev evidencia un asunto de corrupción masiva y desviación de fondos públicos que enriquecen al dictador, Teodoro Obiang, y a su familia a costa de la miseria a los ciudadanos de ese país". El escándalo del blanqueo de las arcas de Guinea Ecuatorial "contrasta con la absoluta pobreza de la población", denuncia.
La abogada Nuria García, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España -acusación popular en la causa- criticó que la defensa de los Kokorev acude al Parlamento europeo para "tratar de presionar a la Justicia española". "Se está usando el Europarlamento de forma espuria", censuró.
