Una medida llamativa pero insuficiente. Los colectivos Gamá y Algarabía no están precisamente contentos con la rebaja fiscal del Gobierno canario para las operaciones de cambio de sexo, pues demuestra que algo falla en la sanidad pública y las personas trans tienen que acudir a centros privados. Es un tratamiento que cubre el sistema público pero las cirugías no se realizan en las Islas, sino en la Península, y las listas de espera tardan años.
Por ello, estos colectivos Lgbti de Canarias reclaman que las operaciones y tratamientos estén dentro del sistema público y exigen que se desarrollen los protocolos sanitarios y l a guía clínica que contempla la ley de 2014 de Canarias, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.
Pablo Almodóvar, presidente del colectivo LGTB Gamá, afirma con rotundidad que esta rebaja fiscal es "insuficiente y no atiende las necesidades de las personas trans". Expone que aunque se está trabajando con el Gobierno en los protocolos y en la guía clínica ya han pasado tres años.
A su juicio, la guía clínica es esencial pues, según la ley, "recoge el derecho de la persona transexual a beneficiarse de los tratamientos más acordes a sus necesidades y aspiraciones específicas, recibiendo una adecuada atención integral de salud que facilite el camino de su desarrollo personal". Y aún no se ha elaborado.
La sanidad pública cubre la mastectomía- la extirpación de las mamas- pero no la mamoplastia - implante de senos-, explica Almodóvar. Además, las cirugías genitales, aunque entran dentro del sistema sanitario público "no se realizan en Canarias y las listas de espera son largas", y eso provoca que las personas trans acudan a los centros privados para llevar a cabo cirugías de reasignación de sexo, porque para ellos es "vital".
Tratamiento costoso
"Es un tratamiento muy costoso", sostiene, y una rebaja del 10% no es significativa. Depende de los centros, pero se calcula que puede costar en torno a 30.000 euros y unos 6.000 las cirugías de senos.
Según la portavoz del colectivo Lgbti Algarabía, Uge Sangil, las operaciones de este tipo en la sanidad pública las derivan a Málaga, que también atiende la demanda de otras comunidades, por lo que las listas de espera acumulan un mínimo de cuatro años. Estima que en torno a 130 personas están en lista de espera para operarse los genitales, sin hablar de otros tratamientos que también sufren retrasos, como la mastectomía. Además, la extirpación de mamas no lleva un tratamiento paralelo, como la masculinización del torax, indica.
La rebaja fiscal anunciada por el Gobierno contempla que las personas que estén sometiéndose a un tratamiento relacionado con la identidad sexual o que vayan a operarse para cambiar de sexo podrán deducirse un 10% de los gastos sanitarios en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Canarias es pionera a nivel mundial en la adopción de este tipo de medida, que está incluida en el programa de rebajas fiscales que entró en vigor el 1 de enero y del que los contribuyentes del Archipiélago ya podrán beneficiarse en la declaración de la renta correspondiente a 2017. Están incluidos no solamente los gastos derivados de los tratamientos para el cambio de sexo, sino también los de tratamientos o intervenciones de cirugía estética, en este caso siempre que obedezcan a criterios estrictamente médicos, como las operaciones quirúrgicas para la reconstrucción física de personas que hayan sufrido un accidente. Las gafas, las lentillas, los aparatos dentales o las sillas de ruedas también tendrán a partir de ahora un descuento para los canarios.
Para los colectivos Lgbti, que se equipare la rebaja fiscal de las operaciones de reasignación de sexo con la compra de lentillas o gafas les parece "indignante". Reiteran: "es una necesidad vital" y la ley ampara su derecho a estar en el sistema público de salud y no tener que acudir al privado por las deficiencias y las listas de espera.
La mayoría de la oposición en el Parlamento, PSOE, Podemos y Nueva Canarias, denuncian lo mismo. Dolores Corujo, portavoz en la Cámara del PSOE, afirma: "Hablamos de derechos y no de limosnas o de caridad". "Todos los tratamientos deben estar en el sistema público, por esa razón hemos exigido que desarrollen los protocolos sanitarios que contempla la ley y estamos trabajando para ello". Román Rodríguez, portavoz de NC, asevera que estos tratamientos públicos funcionan en la mayoría de las comunidades, y Juan Márquez, de Podemos, denuncia que estas rebajas fiscales consolidan la sanidad privada.
