Partido Socialista, Partido Popular, Podemos y Nueva Canarias acordaron hoy una propuesta de reforma electoral que pasa por aumentar el número de diputados de sesenta a setenta, bajar los topes electorales insular y regional y aplicar el llamado sistema del colegio de restos.

Así lo han trasladado los portavoces de los cuatro grupos en declaraciones a los medios tras finalizar una nueva reunión de la ponencia nombrada para la reforma del sistema electoral canario. La propuesta deberá ser estudiada ahora por Coalición Canaria (CC) y Agrupación Socialista Gomera (ASG) para tratar de alcanzar un consenso de cara al día 29, cuando se volverá a reunir la ponencia.

Sin embargo, la ASG se opone a la fórmula planteada por los cuatro grupos de la oposición. Su portavoz, Casimiro Curbelo, considera que el colegio de restos "rompe el sistema de equilibrios sobre el que se funda el Estatuto de Autonomía de Canarias". En opinión del también presidente del Cabildo de La Gomera "el Parlamento canario va a elevar el número de diputados a 70 para distribuirlos de acuerdo a un pacto político de los partidos de las dos grandes islas, que pretende alterar el equilibrio en la representación electoral de las Islas y no entra en profundidad a resolver los problemas del sistema electoral canario".

Por su parte, Coalición Canaria tendrá ahora que debatir a nivel interno la propuesta del colegio de restos. El diputado nacionalista por El Hierro, David Cabrera, la tildó de "lista regional camuflada" y advirtió que las islas más favorecidas serán Gran Canaria y Tenerife porque suponen el 83% de la población. Sin embargo, insistió en que se debe garantizar el equilibrio territorial y, en este sentido, recordó que el territorio de las islas no capitalinas supera al de las dos islas mayores.

En concreto, la propuesta se sustenta en una serie de premisas fundamentales: la reducción de las barreras electorales del 30 al 15% a nivel insular y del 6% a un porcentaje que oscilará entre el 5% y el 3% a nivel regional; aumentar el número de diputados en diez, uno se le otorgaría a la isla de Fuerteventura por criterio poblacional y los otros nueve se distribuirían por un sistema de restos, y todo ello sin que suponga más costes para las arcas públicas de la Cámara.