El caso grúas -la investigación sobre supuestas irregularidades en el servicio de retirada de vehículos de la vía pública del municipio de La Laguna- dio ayer un nuevo paso con las declaraciones de los asesores externos que contrató el Ayuntamiento tinerfeño, Francisco Villar y Francisco Clavijo -cuyo informe permitió el levantamiento de los reparos del interventor municipal para otorgar en 2014 un préstamo a la concesionaria Autogrúas Poli S.A y evitar el bloqueo de un servicio considerado esencial- después de que el pasado 30 de enero sus declaraciones se vieran interrumpidas por un falso aviso de bomba en los Juzgados de La Laguna mientras testificaba el primero de ellos.
Ambos asesores, catedráticos de la Universidad de La Laguna (ULL), se ratificaron en su informe. Francisco Villar prestó declaración durante dos horas. En su caso, solo quedaba la continuación de su testificación, que quedó a medias el 30 de enero tras un aviso de bomba que obligó a desalojar los juzgados. Según el acta de declaración al que ha tenido acceso este periódico, Villar explicó que lo elaboró teniendo conocimiento de los reparos del interventor. Entre ellos aparece que la figura del anticipo de 120.000 euros que se pretendió en un principio no tiene cabida, pero sí la fórmula del préstamo como finalmente se hizo.
Así mismo, explicó que este no es el primer informe que realizaba para el Ayuntamiento lagunero, para el que ha elaborado estos documentos desde 1999, y que no tuvo contacto ni con el entonces concejal y ahora alcalde José Alberto Díaz ni con Fernando Clavijo, entonces alcalde y ahora presidente del Gobierno de Canarias. Además, aclaró que no tenía constancia de que su informe se fuese a utilizar para levantar los reparos del interventor municipal, Gerardo Armas.
Cabe recordar que Villar había declarado que su trabajo se basó en tres documentos: los pliegos de condiciones del servicio, el informe de los interventores municipales en los que ya se nombraba la figura del préstamo y los reparos del interventor.
Por su parte, Francisco Clavijo declaró durante más de cuatro horas y al salir de los Juzgados aseguró sentirse "agotado" por lo que rechazó hacer ningún tipo de declaración. Según su acta de declaración, desconocía el fin de su informe, tan solo que era "para examinar un reparo". Aún así, explicó que en cuanto a la intervención del servicio y la concesión del préstamo de 120.000 euros, no considera que se "contraveniera ninguna norma legal".
A pesar de que el catedrático aseguró no haber tenido acceso a ningún tipo de contabilidad de la empresa, sí que aseguró conocer un informe, del 8 de abril de 2014, de los interventores del servicio, en el que consta "una situación bastante grave empresarialmente que hacía necesario el secuestro" de la entidad.
También recordó que participó en la comisión de investigación municipal sobre el caso, donde explicó que habían elaborado "un estudio teórico para una aplicación práctica". Además, en su declaración, reconoció haber cobrado 4.100 euros por la elaboración del informe que permitió al alcalde levantar los reparos del interventor municipal. Esa misma cantidad es la que aseguró el pasado día 30 Francisco Villar que había cobrado, un trabajo que se hacía a través de un convenio de colaboración entre el Consistorio lagunero y la ULL.
La investigación del caso grúas, que denunciaron los partidos de la oposición lagunera Unid@s se puede y XTF-NC, afecta a la etapa como alcalde de la ciudad del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y del actual regidor, José Alberto Díaz, en su etapa como concejal de Seguridad Ciudadana, área responsable del servicio de grúas. En lo que respecta a Díaz, la juez que instruye el caso, Celia Blanco, ha rechazado citarlo como investigado, puesto que "no firmó ninguno de los tres decretos que se están investigando". Sin embargo, desde XTF-NC anunciaron que recurrirán esta decisión. Además, Unid@s está preparando un documento para solicitar la declaración como investigado de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz.
La persona que firmó los decretos que permitieron levantar los reparos del interventor municipal contra Autogrúas Poli S. L. -empresa encargada del servicio de grúas- fue el edil Antonio Pérez-Godiño, quien ya ha sido llamado a declarar en calidad de investigado.
