El Ministerio de Fomento podrá reducir o suspender los fondos destinados al convenio de carreteras si la justificación de la inversión que realice el Gobierno canario no está bien acreditada. La Comunidad Autónoma tendrá que rendir cuentas cada tres meses de la ejecución presupuestaria en las obras incluidas en el convenio, con la verificación de la Intervención. Si hay cambios con respecto a las anualidades previstas se podrá reprogramar el calendario para que el remanente generado pueda ser invertido en los siguientes años.
El borrador del nuevo convenio de carreteras que negocian el Gobierno regional y Fomento otorga a la Comunidad Autónoma no sólo la licitación, contratación y pago de las obras, sino también la dirección, control, vigilancia e inspección de las mismas. Sin embargo, se refuerzan las competencias de la comisión bilateral Canarias-Estado y es en este marco en el que tanto Fomento como Hacienda vigilarán el ritmo de ejecución de las vías y autorizarán las transferencias de crédito, que también se realizarán cada tres meses, a medida que se vayan justificando las inversiones que están previstas.
El último borrador del nuevo convenio tiene fecha del 19 de enero y, casi un mes después, aún no hay un acuerdo cerrado por ambas partes. En los últimos días se ha abierto un nuevo frente de polémica entre PP y CC por el nivel de ejecución de la Consejería de Obras Públicas al cierre de 2017, las obras que figuran en la adenda pactada entre los gobiernos regional y central para prorrogar el convenio anterior y la capacidad del Ejecutivo regional para licitar las nuevas infraestructuras viarias cuando vengan los nuevos fondos de Fomento.
Adenda versus convenio
Uno de los principales puntos de fricción se refiere a las obras programadas. La adenda aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre incluye las carreteras que no han finalizado procedentes del convenio anterior y que tiene una duración de 14 meses para su finalización. Asier Antona advierte que algunas de estas carreteras están ya inauguradas y abiertas al tráfico, pero la Consejería de Obras Públicas argumenta que se trata de vías sin finalizar por los recortes que hubieron entre 2012 y 2016, lo que ha provocado un retraso sobre el calendario inicialmente previsto. En otros casos, aunque la vía se haya terminado, quedan partidas por liquidar a las empresas constructoras o expropiaciones que aún no se han terminado de resolver. Todas las carreteras proceden del convenio firmado en 2006 y reprogramado en 2009. Desde CC se reprocha a Antona que confunda esta adenda de prórroga con las obras incluidas en el nuevo convenio, donde hay carreteras que ya figuraban en anteriores anexos pero no han tenido fondos para ejecutarse y vías nuevas demandadas por los cabildos de cada isla.
Nivel de ejecución
La ejecución presupuestaria de Obras Públicas es otro caballo de batalla en esta trifulca política. La Comunidad Autónoma recibió unos 100 millones más para carreteras de los presupuestos del Estado en el segundo semestre del año, añadidos a los 118 millones que venían del presupuesto anterior. Ambas administraciones pactaron una prórroga para que estos fondos se pudieran ejecutar en 2018. El PP argumenta que estos 101 millones forman parte de la falta de ejecución del Gobierno canario, lo que supone la inejecución del 65% del presupuesto total. Sin embargo, el departamento que dirige el vicepresidente Pablo Rodríguez garantiza que el nivel medio de ejecución al cierre del 2017 es del 70% tras la certificación emitida por la Intervención General.
Nuevos proyectos
En el nuevo convenio que se negocia figuran 68 carreteras en las siete islas, de las cuales 32 provienen de los convenios anteriores, bien porque no eran prioritarias o bien porque carecían de financiación específica y proyecto. Otras 36 vías sí son nuevas y han sido solicitadas por los cabildos, mientras que otras las ha introducido directamente al Consejería de Obras Públicas dentro del nuevo convenio. El nuevo marco es de ocho años -de 2018 a 2025- que podrían prorrogarse si hubiese acuerdo entre ambos gobiernos. El PP exige que el Ejecutivo priorice las vías a empezar de inmediato al ver que muchas carecen de proyecto. Obras Públicas garantiza que al menos una obra por isla tiene proyecto y se está en condiciones de iniciarse con los nuevos fondos, mientras que el resto requiere de la cobertura financiera plurianual para que la licitación salga adelante, con el compromiso de que habrá dinero todos los años para terminarlas y que las empresas puedan cobrar. Está por definir la partida anual, aunque el Gobierno canario aspira a que sea de 219 millones.
