El Gobierno de Canarias confía en aprobar la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales antes de que acabe esta legislatura. Para ello, la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, se reunirá en breve con los grupos parlamentarios para explicarles el borrador y avanzar la tramitación en la Cámara, tal como han solicitado los sindicatos.
El 80% del contenido de esa propuesta de reforma cuenta con el consenso entre Gobierno, sindicatos y ayuntamientos. Mientras que la forma de asignación de los jefes de Policía Local y los salarios provocan discrepancias entre las organizaciones sindicales y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que se resolverán en el debate parlamentario. El borrador plantea la homogeneización básica de los sueldos, aunque aún no hay un acuerdo definitivo.
Ya ha concluido la primera fase de consulta previa y el texto propuesto para modificar la ley ha recibido 87 alegaciones. La normativa en vigor data de 1997 y requiere una actualización.
El Ejecutivo inició a fines de 2014 los trabajos con las organizaciones sindicales y la Fecam. A finales de 2016, la Dirección General de Seguridad contaba con dos propuestas, una de los sindicatos y otra de los ayuntamientos, por lo que se creó un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Coordinación de Policías Locales. Ambos documentos confluyeron al término de 2017 en un texto que se convertirá en borrador a partir de ahora.
El resultado, tras nueve reuniones celebradas desde marzo de 2017, es el acuerdo de las tres partes sobre el 80% del contenido de la futura ley. Hay aspectos que "habrá que debatir en la tramitación parlamentaria", señaló Barreto, que destacó la importancia de revisar la legislación para subsanar problemas "empeorados por la crisis".
El texto perfilado recoge la asociación de municipios limítrofes de menos de 40.000 habitantes para atender las necesidades de agentes en horario continuado, de modo que haya turnos de mañana, tarde y noche. De hecho, el 57% de las 86 comisarías en Canarias no presta servicios nocturnos, según un estudio realizado por la Agrupación de la Policía de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO.
Además, la nueva ley contempla la movilidad entre los policías de diferentes municipios y la intervención del Gobierno regional en la convocatoria de pruebas selectivas, así como se fijan condiciones para la carrera profesional.
La mayoría de las 87 objeciones se centran en solicitar más representación sindical en la Comisión de Coordinación.
La intención del Gobierno es que la ley esté aprobada antes de que concluya la legislatura. "Es prioritario", resaltó Barreto. El Ejecutivo está dispuesto a ceder al Parlamento la iniciativa sobre esta reforma para su trámite como proposición de ley de los grupos, en lugar de como una propuesta concreta del Ejecutivo. Ello supondría ahorrar entre ocho y nueve meses de tramitación. El Ejecutivo no tiene "ningún inconveniente" en que así sea, siempre que se respete el acuerdo alcanzado.
