Canarias, España y Marruecos consideran que el Cabildo de Gran Canaria está interfiriendo en asuntos que no son de su competencia, al lanzar una campaña contra la aerolínea canaria Binter por operar vuelos entre el Archipiélago y la ciudad de Dajla, la antigua Villa Cisneros española ubicada en la parte del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos y reclamada por la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El consejero de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez, apoyó el pasado viernes las tesis de la RASD y del Frente Polisario de que las autorizaciones del reino alauí a Binter para que la aerolínea pueda volar hacia Dajla o El Aaiún están "incumpliendo la legalidad internacional" y afirmó que la representación del pueblo saharaui y de ese territorio la tiene el Frente Polisario, y a Binter no le basta con tener la autorización de Marruecos, sino de "los legítimos representantes", aseguró, anunciando, incluso, que el Cabildo va a emprender "acciones jurídicas".
Tanto la delegada del Gobierno, Mercedes Roldós, como el cónsul general de Marruecos, Ahmed Moussa, expusieron al respecto que el Cabildo grancanario, que preside Antonio Morales, no tiene competencias en política exterior, extremo que le corresponde al Gobierno de España. "La corporación insular tiene que dedicarse a gestionar sus competencias y no inmiscuirse en la política de asuntos exteriores que es competencia del Estado y, además, en un tema supranacional en que las Naciones Unidas tiene la última palabra", sentenció Mercedes Roldós, quien afirmó que no es ilegal que opere en ese territorio porque el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo de pesca dice que "es un convenio entre España y Marruecos y para nada hace mención al territorio del Sáhara".
Ramírez se basa en esa sentencia para argumentar que Binter debe pedir autorización al Frente Polisario para volar a las regiones del Sáhara Occidental, al asegurar que si bien la sentencia se circunscribe al ámbito de la industria pesquera, deja claro que los acuerdos entre Bruselas y Rabat no son aplicables al litoral de los territorios en disputa.
Para el vicepresidente del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, Binter juega "un papel clave en las operaciones con los países del entorno geográfico de las Islas a través de las conexiones aéreas" y en este caso concreto con "África Occidental". "Es una política comercial que está en línea con la estrategia de internacionalización de Canarias y de acercar las Islas a África", aseveró el también consejero de Obras Públicas y Transportes, quien consideró "un desacierto" que el Cabildo de Gran Canaria interfiera en estos asuntos.
Según Rodríguez, "el Frente Polisario y la comunidad saharaui conocen la posición y apuesta del Gobierno por defender el derecho de las empresas canarias a su expansión exterior, respetando siempre la legalidad".
Con todo, precisó que el Gobierno en relación con el conflicto del Sáhara "siempre se ha expresado en el sentido de que cualquier solución entre los representantes del pueblo saharaui y el reino de Marruecos debe darse en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas".
El cónsul de Marruecos, Ahmed Moussa, tildó de "absurdo lo que está diciendo Carmelo Ramírez, porque una corporación local no tiene competencia en política exterior" y, además, "son relaciones comerciales que dan riquezas y no son contrarias a la ley".
El diplomático señaló que el Cabildo grancanario "no puede hablar en nombre del Sáhara". La corporación insular "sabe que el 80% de las personas que viven en estas regiones tienen diputados, senadores y alcaldes saharauis, elegidos democráticamente cada cuatro años" y son "las que más se benefician del acuerdo pesquero y de cualquier relación comercial con Canarias y Europa", por lo que "el Cabildo no puede hablar en nombre de estas poblaciones". Carmelo Ramírez pidió incluso a las empresas del Archipiélago que no secundaran el llamamiento de las instituciones marroquíes para invertir en la región de Dajla-Río de Oro, una de las tres Provincias del Sur del reino alauí.
El cónsul de Marruecos expuso que él mismo es saharaui, "como cientos de miles de saharauis que son unionistas y están orgullosos de Marruecos" y "Carmelo Ramírez no tiene por qué impedirles que tengan conectividades con Binter o con Canarias porque en ninguna parte hay ninguna sentencia que diga que una conectividad aérea con el Sáhara y sus provincias es ilegal". Por su parte, Agustín Manrique de Lara, presidente de la patronal de Las Palmas, defendió el papel de Binter en sus vuelos comerciales a África y la importancia para Canarias al convertirse en el puente de la UE al continente vecino.
El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria exigió ayer al gobierno insular de Antonio Morales que se dedique a defender los intereses de Gran Canaria en vez de proferir amenazas, obstaculizar inversiones y boicotear la expansión de las empresas canarias en el exterior.
