El Cabildo de Gran Canaria insistió este miércoles en exigir respeto a la legalidad internacional y a los legítimos derechos del pueblo saharaui. La corporación insular defiende que las empresas canarias tengan una expansión hacia el continente africano, "pero nunca a costa de seguir manteniendo al pueblo saharaui bajo la violenta ocupación marroquí".
"Se deben respetar todas las resoluciones y las sentencias de los organismos y tribunales internaciones que reafirman, una y otra vez, que el Sáhara Occidental no pertenece a la soberanía de Marruecos y que se debe celebrar el referéndum de autodeterminación para garantizar la solución pacífica y evitar el retorno a la guerra, lo que produciría unas consecuencias irreparables en la economía canaria", advirtió en un comunicado el consejero de Cooperación Institucional y Solidariad Internacional del Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez.
El dirigente de Nueva Canarias subrayó que Marruecos no tiene la soberanía del Sáhara Occidental, territorio, que "ocupa por la fuerza desde 1975, incumpliendo los acuerdos de la ONU y la legalidad internacional".
En este sentido, criticó que "esta ocupación dura 42 años y se mantiene por la permisividad de los organismos internacionales con el Gobierno marroquí". Al respecto, recordó el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia de 1975 donde se establece que "el Sahara no pertenece a Marruecos" y las decenas de resoluciones de la ONU reiterando el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y que, según Ramírez, no se cumplen porque Marruecos impide la celebración del referéndum.
El consejero alude a diversas resoluciones, entre ellas la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el acuerdo de pesca donde se apunta que el Sahara Occidental queda excluido de estos acuerdos.
Así pues, Ramírez remarcó que "los acuerdos o licencias que dé Marruecos a empresas extranjeras que afecten al Sáhara Occidental son ilegales", por tanto, advierte de que cualquier empresa que tenga algún tipo de actividad económica relacionada con el territorio del Sáhara Occidental está vulnerando la legalidad internacional y los derechos legítimos reconocidos al pueblo saharaui, tal como está sucediendo con empresas de transporte, de pesca, de comercialización de fosfatos, de arena, de prospecciones energéticas o de explotaciones agrícolas.
"Ninguna de las empresas que operan en el Sáhara Occidental basándose en licencias otorgadas por el Gobierno de Marruecos está respetando las leyes internacionales, ya que este territorio no forma parte de la integridad territorial marroquí", detalló.
Ramírez acusa a Marruecos de no respetar los derechos humanos y reiteró la solidaridad de Canarias con "la justa causa del pueblo saharaui". Igualmente, denunció "las campañas de manipulación y de intoxicación que vienen del Gobierno de Marruecos y que difunde el lobby promarroquí en Canarias en sus expresiones políticas, mediáticas o empresariales", apunta".
El consejero del Cabildo exigió que se "respeten todas las resoluciones y las sentencias de los organismos y tribunales internacionales que reafirman, que el Sáhara Occidental no pertenece a la soberanía de Marruecos y que se debe celebrar el referéndum de autodeterminación para garantizar la solución pacífica y evitar el retorno a la guerra, lo que produciría unas consecuencias irreparables en la economía canaria".
