La irritación de los empresarios con negocios en el continente vecino va en aumento. El Cabildo de Gran Canaria aprobó el lunes una moción para reclamar el "cese del expolio de los recursos del pueblo saharaui", para lo que la institución anunció que se dirigirá a las organizaciones integrantes de la CCE para "instarles a que cesen sus actividades, si las tuviesen, en los territorios ocupados hasta llegar a acuerdos al respecto con sus legítimos representantes".
El texto, presentado por Podemos, fue apoyado por NC, PSOE, CC y los dos consejeros no adscritos, y rechazado por el PP y Unidos. Precisamente, el respaldo de Coalición y de los socialistas al veto inversor en la antigua colonia española sorprende a los empresarios.
Las empresas no preguntan a la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) dónde invertir ni tampoco al Cabildo de Gran Canaria. No les piden autorización. Sin embargo, el veto de la corporación insular a la presencia de compañías isleñas en el Sáhara Occidental inquieta a los empresarios, que alertan de la supuesta "inseguridad jurídica" generada a raíz de esta polémica.
El presidente de la patronal de Las Palmas, Agustín Manrique de Lara, alegó que las organizaciones empresariales "fomentan y facilitan actividad económica con todas las regiones del entorno africano". "La conectividad y el intercambio comercial, siempre dentro de la legalidad internacional, genera desarrollo y crecimiento económico, así como acceso a servicios sanitarios y de formación en todos los niveles", incidió. "Las empresas trabajamos en terceros países respetando siempre las leyes internacionales y a los organismos con competencias en la materia", subrayó.
La patronal avisa de que el Cabildo grancanario no tiene ninguna competencia en materia internacional y, por tanto, su advertencia no tiene trascendencia alguna. En todo caso, "si existiese alguna duda", es el Gobierno central el que debe aclarar "dónde pueden invertir las empresas españolas", aseguró el secretario general de la CCE, José Cristóbal García, para quien las empresas con actividad económica en territorio saharaui están actuando conforme a la legalidad.
Si hay alguna duda, en la patronal sostienen que es el Estado el responsable de aclarar en qué territorios pueden operar o destinar su capital, en caso de apostar por la internacionalización de sus productos o servicios.
Sea como fuere, esta controversia afecta a al menos una decena de empresas isleñas asentadas en el Sáhara Occidental -según diversas fuentes consultadas-, además de aquellas que comercializan, actúan como proveedores o bien prestan servicios, como es el caso de la aerolínea Binter, diana de las críticas del Cabildo desde el primer momento, tras conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que excluye las aguas del Sáhara Occidental del acuerdo de pesca con Marruecos. La Corte europea considera que incluir el Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación del acuerdo pesquero "conculcaría determinadas normas de Derecho Internacional", en especial el principio de autodeterminación. Esta resolución provocó la inmediata reacción del consejero grancanario de Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez.
Empresas canarias en suelo saharaui prefieren "no entrar en la polémica", aunque sí expresan su malestar por la postura del Cabildo y defienden que su actividad no perjudica al pueblo saharaui, sino todo lo contrario, le beneficia. Echan en falta el amparo de la corporación insular para la expansión de las empresas, en general, y tachan de "barbaridad" que se hable de "expolio" de los recursos del Sáhara.
Entre las firmas que operan en dicho territorio se encuentra Tirma, que comercializa sus productos allí. Además de compañías radicadas en la excolonia española como Gofio La Piña Sahara, que produce gofio para comercializarlo en Marruecos, y el Hotel restaurante Josefina en El Aaiún, del empresario canario Luis Rosales.
En Dajla están las empresas Sahara Aquaculture y también Infriamar, dedicada a las reparaciones de frío y venta de materiales para frigoríficos. A ellas se suma Planificaciones Mundiales Marruecos, de empresarios de Fuerteventura, instalada en El Aaiún y su actividad es inversiones inmobiliarias, construcción y turismo. Y la empresa Televsat, de telecomunicaciones, electrónica, imagen y sonido.
El empresario Santiago Santana Cazorla, que hace dos años importó arena para la playa de Tauro, critica el "chantaje" del Cabildo a las empresas. A su juicio, la administración debe velar por éstas, "no mirar temas políticos o sentimentales" que exceden de sus competencias.
La moción, impulsada por Podemos, llegará también al Parlamento regional. De momento, ayer tanto CC como PSOE justificaron su apoyo al acuerdo del Cabildo. En el caso de los nacionalistas, el Gobierno canario recriminó hace semanas al Cabildo su petición a Binter para que deje de volar al Sáhara.
El secretario general de CC, José Miguel Barragán, adujo que la moción fue "corregida" y el acuerdo plantea el cumplimiento de la legalidad internacional y "no hay nada que objetar". "Nadie se puede negar al cumplimiento de las resoluciones internacionales", apostilló. Recordó que en el debate del estado de la nacionalidad se aprobó una propuesta de resolución similar.
Por su parte, el secretario insular del PSOE, Sebastián Franquis, precisó que el partido "rechaza con rotundidad" la exposición de motivos de la moción, que incluye duras críticas a las actuaciones de los gobiernos socialistas de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero en el conflicto saharaui.
El PSOE sí comparte "el espíritu del acuerdo", aunque Franquis matiza que éste es una materia de política internacional, por lo que "en vez de instar a las empresas [para que dejen su actividad en el Sáhara], hay que instar al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados y a la Unión Europea para que cumplan las sentencias".
