Los funcionarios de prisiones se encerraron este jueves en los centros penitenciarios para exigir mejoras laborales. Los empleados de las cárceles de Canarias se sumaron a la movilización nacional para reclamar el mismo sueldo que sus homólogos catalanes en los Presupuestos Generales del Estado, en tramitación en el Congreso.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) organizó el segundo encierro en los centros penitenciarios del Archipiélago, de 10:00 a 17:00 horas, al igual que en el resto de España, junto con la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones y el Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria. Además, más de 200 personas se encadenaron el miércoles ante Instituciones Penitenciarias en Madrid como medida de presión.
El objetivo de estas protestas es exigir al Gobierno que garantice la equiparación salarial de los funcionarios de prisiones respecto a Cataluña, única comunidad que tiene transferidas las competencias. Los funcionarios catalanes cobran entre 200 euros y mil euros más al mes que sus compañeros de otras regiones, dependiendo del nivel.
Asimismo, reivindican la reclasificación de niveles, la asignación al grupo B de los actuales C-1, y la recuperación del 100% de las pagas extras perdidas en 2010.
En Canarias hay alrededor de 1.500 funcionarios de prisiones afectados, que trabajan en los tres centros de reclusión en la provincia tinerfeña (dos en Tenerife y uno en La Palma) y otros tantos en Las Palmas (dos en Gran Canaria y uno en Lanzarote).
Han reactivado su movilización después de que el Ministerio del Interior, encabezado por Juan Ignacio Zoido, y los sindicatos y asociaciones profesionales de la Policía Nacional y la Guardia Civil hayan alcanzado un acuerdo para obtener la equiparación salarial con los Mossos d'Esquadra y, en general, los agentes autonómicos.
Los funcionarios de prisiones reclaman a Zoido la convocatoria urgente de la mesa de negociación para extender la igualdad salarial a este colectivo. El ministro no les ha recibido desde que accedió al cargo hace casi dos años, afirmó el responsable de la Administración General del Estado en el CSIF por Las Palmas, Jesús Fernández, que se encerró junto con otros cinco representantes sindicales en la cárcel Las Palmas II, en Juan Grande, y fueron apoyados por varios compañeros durante la jornada.
"La lucha irá in crescendo", advierte Fernández. Demandan también la condición de autoridad pública. "Hay maestros y médicos que tienen la condición de autoridad dentro de su desempeño y nosotros, que estamos con delincuentes, no tenemos esa consideración, con lo cual cuando hay una agresión o algo la mitad de las veces les sale gratis a los internos", protestó.
