La reforma del Estatuto de Canarias sigue su curso en el Congreso y ha tomado velocidad de crucero en el seno de la ponencia que está analizando las casi 300 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. En sus cuatro reuniones hasta la fecha, el grupo de doce diputados que integran esa ponencia ha analizado prácticamente la mitad de los 201 artículos, seis disposiciones adicionales y una transitoria que contiene la propuesta remitida desde el Parlamento de Canarias, y confía en concluir el trabajo en tres o cuatro reuniones más.
Hasta el momento, el debate en ponencia ha evitado entrar en el fondo de una de las cuestiones claves de la nueva carta magna autonómica como es la reforma electoral en espera de que se pueda producir un acuerdo al respecto en el Parlamento de Canarias e incorporarlo después. De no ser así, los grupos del Congreso deberán tomar una decisión sobre si fuerzan esa reforma en el nuevo texto estatutario y en qué sentido.
Pero más allá de esta cuestión y de otros asuntos que se abordarán en las próximas reuniones de la ponencia, como por ejemplo el encaje del REF en el Estatuto, o sobre las nuevas competencias, el nuevo texto se va configurando incorporando enmiendas de todos los partidos pero manteniendo en lo esencial la espina dorsal de la propuesta aprobada por el Parlamento de Canarias con el apoyo de CC y el PSOE y la abstención de NC. A ese acuerdo de fondo se está sumando ahora el PP tras muchos meses de negociación discreta e intensa con nacionalistas y socialistas.
Podemos y Ciudadanos son los partidos que más enmiendas han presentado, 78 y 98 respectivamente, y que, por no haber participado en el proceso de tramitación de la propuesta en el Parlamento de Canarias en la pasada legislatura autonómica, mayores cambios quieren realizar en ella. Los dos grupos denuncian sin embargo, pese a la aceptación de alguna de sus propuestas, hay una clara voluntad y estrategia de los demás partidos de mantenerlos al margen de acuerdo político sobre lo que debe ser la nueva carta magna canaria.
"Es evidente que representamos distintos proyectos de sociedad para Canarias y que se mantiene en el texto una visión insularista frente a nuestra apuesta por reforzar el concepto de archipiélago y de mayor cohesión de lo canario", señala Meri Pita, diputada de Podemos por Las Palmas, que califica de "negociación muy correosa sin grandes resultados" el proceso de debate llevado hasta la fecha con los demás partidos.
En la misma línea, aunque con visión ideológica distinta y una propuesta estatutaria opuesta a la de la formación morada, se expresan desde Cs. Su diputado por Las Palmas, Saúl Ramírez, señala que "estamos arrancando con mucha dificultad algunas modificaciones respecto al texto que venía de Canarias, pero hay un frente muy claro y un pacto a varias bandas entre PP, PSOE, CC y NC para mantener su visión sobre lo que debe ser el Estatuto". Ramírez también critica la excesiva retórica de Podemos en sus enmiendas y el cariz ideológico de muchas de ellas, una visión que comparte el resto de formaciones, que ven en las propuestas de la formación morada un excesivo afán regulatorio y reglamentista.
Aparte de las enmiendas políticamente más relevantes, algunas de las presentadas por los grupos están sacando a la luz las múltiples, curiosas y novedosas miradas que los grupos del Congreso proyectan sobre la ley marco de la comunidad autónoma y su efecto sobre distintos aspectos de la realidad política, institucional, económica y social del Archipiélago. Los debates entre los integrantes de la ponencia han sido intensos incluso para aspectos aparentemente menores, según destacan varios de ellos.
La incorporación de la defensa, promoción y prestigio de la modalidad lingüística del "español atlántico" como uno de los principios rectores que deben asumir los poderes públicos canarios (artículo 35), por ejemplo, fue objeto de un importante cruce de réplicas entre Ana Oramas, representante del grupo que presentó la enmienda (CC), y los diputados de Cs y del PP, que no entienden que en Canarias (ni en los países latinoamericanos atlánticos) se hable una modalidad idiomática distinta ni que deba ser protegida distinta.
Otro debate intenso se produjo en torno a la enmienda de Podemos para incorporar el bienestar animal como objetivo y función de los poderes públicos, una propuesta que en su justificación habla de los animales como "seres sintientes" y que dejen de ser considerados como "cosas o bienes" y que por tanto no puedan ser objeto de litigio en los procesos judiciales. Además los considera "con derecho a no sufrir maltrato, crueldad ni ser utilizados en peleas, fiestas o espectáculos". La propuesta, según algunos grupos, "dejaría a los parques teméticos de Canarias al borde del cierre" y veta el control de la población de cabras silvestres en Gran Canaria que lleva a cabo el cabildo insular e iniciada precisamente por un consejero de Podemos.
La propuesta va a recibir un texto alternativo del PSOE y se mantiene en estudio. Podemos ha logrado también que en el derecho a la orientación sexual recogido en el artículo 17 se incorpore el concepto de "identidad de género" como elemento diferenciado en las políticas de igualdad y no discriminación, y la inclusión de la "LGTBfobia" como una de las actitudes que son causa de discriminación y cuya erradicación deben promover los poderes públicos.
El Estatuto no contemplará sin embargo la propuesta de la formación morada para contemplar la posibilidad de una dosolución anticipada del Parlamento a través de un "proceso revocatorio a iniciativa ciudadana", ni tampoco incorpora la iniciativa de Cs para que el órgano parlamentario pueda celebrar reuniones en casos extraordinarios fuera de su sede oficial en Santa Cruz de Tenerife.
La ponencia ha rechazado también la supresión de los decretos ley como herramienta excepcional en manos del Gobierno regional, que precisamente incorpora el nuevo texto como novedad respecto al anterior, o el derecho a una renta básica de carácter universal, incondicional e individual, tal como proponía Podemos, aunque sí queda incorporada la "renta de ciudadanía" para las personas que se encuentren en situación de exclusión social.
