A los canarios no les hace ninguna gracia la corrupción ni el enchufismo ni el favoritismo. Los residentes en las Islas se encuentran entre los europeos más hartos de estos fenómenos, tal como demuestra el Índice de Calidad de los Gobiernos Europeos, un estudio publicado recientemente por la Comisión Europea, recopilado en 2017 y construido sobre las opiniones de 78.000 encuestados de 202 regiones de 21 países europeos. Los canarios sitúan a sus instituciones públicas en el puesto 152, con datos similares a Eslovaquia y Hungría. En el ámbito español, los que mejor valoran sus administraciones son los extremeños y los aragoneses, mientras que los andaluces conceden la peor nota a sus gestores. Tras ellos figuran canarios y baleares, que también colocan a sus administraciones en el color rojo en el mapa nacional.
El Índice Europeo de Calidad de Gobierno (EQI), desarrollado por la Universidad sueca de Gotemburgo, es la única medida de calidad institucional disponible a nivel regional en la Unión Europea (UE). La calidad institucional se define como un concepto multidimensional, que consiste en una alta imparcialidad y calidad de la prestación de servicios públicos, junto con una baja corrupción.
Financiado por la Comisión Europea en 2010 y nuevamente en 2013 y 2017, el EQI tiene como objetivo captar las percepciones y experiencias de los ciudadanos promedio con la corrupción, y la medida en que califican sus servicios públicos como imparciales y de buena calidad en su región de residencia. El informe ofrece resultados acerca de la calidad de los servicios esenciales, en concreto la sensación de los ciudadanos en áreas tales como sanidad, educación y seguridad. Además de trasladar las respuestas ligadas a la imparcialidad de las instituciones, es decir, si observan que ciertas personas tienen ventajas o son favorecidas por los organismos públicos.
Otro de los parámetros recogidos en el estudio tiene que ver con la percepción social sobre la presencia de prácticas corruptas en la sociedad.
De los tres indicadores, Canarias suspende en calidad de los servicios básicos que se prestan en la Comunidad Autónoma y, sobre todo, en corrupción. En esta última variable obtiene la peor puntuación, con un 35,2 sobre 100, coincidente con otras zonas de la República Checa, por ejemplo.
En el ranking español, Canarias registra las peores notas en relación con la corrupción, seguida por Galicia (35,8), Baleares (35,9) y Andalucía (36,1). En el otro extremo se sitúan País Vasco (55,8) y Navarra (55,1), cuyos habitantes no conciben la lacra de la corrupción como un problema instalado en sus sociedades.
Los canarios censuran la calidad de los servicios públicos con una puntuación de 39,8 sobre 100, a la cola de la tabla en la geografía nacional, seguidos por los andaluces, que están igualmente descontentos con su funcionamiento. Por el contrario, los más felices o conformes con estos son los residentes en La Rioja, Navarra y País Vasco.
En cuanto a la imparcialidad, los canarios otorgan un 46,6 sobre 100 a la actuación del gobierno respecto al trato de favor que se da a ciertas personas. Los canarios denostan este tipo de prácticas ligadas al favoritismo.
Este tercer informe financiado por la UE para medir el índice de calidad gubernamental revela que la valoración ciudadana de los gobiernos ha caído en picado. La desafección social aumenta cada vez más y se aleja de los índices óptimos de la media europea (que se contabiliza como cero). Así, en 2010, Canarias anotó un 0,16, un dato en positivo que, en cambio, ha ido en descenso hasta el -0,57, para terminar en 2017 con el -0,70.
No obstante, la indignación de los canarios a través de las cifras no se traduce siempre en una correlación directa en el voto en las urnas, como aprecia el sociólogo Armando Peña, que admite que la experiencia evidencia que "hasta hace poco tiempo en la decisión del votante contaba muy poco el índice de corrupción que había, que no era motivo de cambio de gobierno o de penalización hacia el partido corrupto". En su opinión, en las Islas la corrupción está "muy ligada al clientelismo político, que está entroncado directamente con el tejido social" y se ve "como algo normal".
No obstante, desde que afloraron nuevas fuerzas políticas, como Podemos y Ciudadanos, la variable corrupción que afecta a las organizaciones tradicionales sí "entra como condicionante para el cambio de voto", añade. "Los canarios son cada vez más críticos con la corrupción, aunque luego no se castiga en las urnas, algo paradójico", aseveró, por su parte, el sociólogo Gonzalo Rodríguez.
