Los abogados también están hartos. Los letrados canarios han decidido salir a la calle para exigir mejoras en la Justicia. Se unen, así, a las movilizaciones de jueces y fiscales en toda España, que ya han anunciado la convocatoria de una jornada de huelga el 22 de mayo.
La Red de Abogados de Canarias ha convocado concentraciones en las puertas de los partidos judiciales del Archipiélago este jueves 19 de abril, a las 11:00 horas. Estas protestas tienen como objetivo denunciar el actual estado del sistema judicial y coinciden también con las acciones organizadas por las cuatro asociaciones de jueces y tres de fiscales, que harán paradas parciales de una hora este jueves, el 26 de abril y el 3 y 10 de mayo.
Con esta concentración se pretende visibilizar el estado de la Justicia y se leerá un manifiesto con las propuestas para la mejora del sistema judicial, según informó en un comunicado la Red de Abogados de Canarias, de reciente creación e integrada por alrededor de 300 abogados, que persiguen la mejora de la justicia y de las condiciones de ejercicio de la abogacía. Este movimiento está encuadrado en la Red de Abogados de España a nivel nacional, que aglutina a más de 4.000 letrados.
Las concentraciones están coordinadas a nivel estatal, de tal forma que las protestas se efectuarán simultáneamente en los juzgados de todo el país. Además de esta iniciativa, la organización prevé un calendario de protestas, y concentraciones en los próximos meses.
En su comunicado, la Red de Abogados de Canarias critica la existencia de "una Justicia lenta, sobrecargada, ineficaz, mal dotada de medios, en definitiva, de pésima calidad, incapaz de dar respuesta a las necesidades de ciudadanos y empresas en tiempos razonables, lo que a su vez repercute en todos los profesionales que intervienen en la misma, y de forma muy especial, en el colectivo de abogados".
"Esta situación debe cambiar y no puede tolerarse por más tiempo. La Justicia es un pilar esencial para la ciudadanía y las empresas, por lo que debe desterrarse la equivocada idea de que es un gasto, cuando en realidad es una inversión, en paz social, seguridad jurídica y progreso económico", insiste la asociación.
Más inversión
En este sentido, reivindican un aumento relevante y progresivo de la inversión en Justicia por parte del Ministerio y del Gobierno de Canarias, con creación de nuevos juzgados para contar con la ratio de juez por habitante media de los países de la Unión Europea.
Además, ven "imprescindible" que la elección de la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se realice por los jueces, debiendo el Gobierno "dejar de inmiscuirse en las designaciones de las cúpulas y cargos judiciales".
Asimismo, consideran que "debe asumirse una mejora de las retribuciones del turno de oficio, para que sean dignas y acordes a los tiempos, trabajos realizados y responsabilidad que implica, estableciendo su liquidación mensual puntual y garantizando el actual marco y sistema de justicia gratuita"." Como mínimo, debe producirse un incremento del 45% de las indemnizaciones que actualmente perciben los abogados, vía subidas del 15% en los próximos tres años", apunta la nota.
Entre sus demandas reclaman modificaciones legales tendentes al establecimiento de medidas efectivas para dignificar la profesión y la conciliación de la vida personal y familiar. Además de la igualdad de trato en horarios, juzgados, plazos, sitios de reunión y esperas "dignos en todos los juzgados".
Eliminación de tasas
La Red exige también la eliminación total de tasas judiciales, al menos, para las pymes y ONGs, al considerar que "el derecho fundamental a la Justicia no puede ser una de las actividades que soporta una de las tasas impositivas más elevadas".
"Debe replantearse la apresurada Justicia Digital que nos va a lastrar durante décadas, con la creación de una plataforma de comunicación telemática, segura, sencilla y eficaz; y un expediente electrónico gestionado con sistemas procesales interoperables; residenciando el control en el CGPJ", añaden.
Por último, revindican la eliminación, "por el grave perjuicio que supone para los consumidores, de los Juzgados Provinciales de Cláusulas Abusivas, debiendo implementarse soluciones extrajudiciales realmente efectivas y dotarse de medios personales y técnicos excepcionales a la Justicia ordinaria que permitan dar salida a los procedimientos, garantizándose tiempos de resolución breves a los consumidores afectados".
