El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz Domínguez, declaró ayer ante la juez que instruye el caso grúas que su actuación para dar continuidad de la empresa que tenía encomendado el servicio municipal de retirada de vehículos de la vía pública siguió siempre "el criterio de los técnicos del área de Seguridad" de la Corporación local. Otra cosa, entiende el entonces responsable de Seguridad, habría sido contraria a la ley.
Díaz Domínguez compareció ayer en calidad de investigado por los posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias de los que les acusan Unid@s se puede y XTF-NC, formaciones políticas ambas en la oposición municipal. Estos ponen en duda la legalidad de la intervención en el servicio y la aprobación de un préstamo del Ayuntamiento de 120.000 euros a la empresa que se hizo cargo del mismo, Autogrúas Poli S.A, a fin de que lo mantuviera al considerar que era esencial para la ciudad.
El político nacionalista llegó quince minutos antes de las diez de la mañana, hora a la que estaba citado por la juez María Celia Blanco, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna. Durante una hora y media, el regidor respondió a las preguntas que le formuló la Fiscalía, la magistrada, el abogado del edil y también investigado Antonio Pérez Godiño, así como las cuestiones que planteó su letrado, Víctor Díaz. El alcalde se acogió a su derecho de no contestar a los dos letrados que ejercen la acusación popular, una decisión que justificó a su salida del edificio judicial al ser preguntado por los medios de comunicación: "A las acusaciones políticas, respondo en el pleno del Ayuntamiento como ya he hecho", recordó el alcalde lagunero quien se mostró "satisfecho" de haber aclarado cuál fue su papel sobre este asunto, cuando era concejal de Seguridad y en el sillón de alcalde de sentaba el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
En su declaración, Díaz Domínguez señaló que en 2014 "se acordó de forma urgente la intervención" de la empresa que gestionaba el servicio de grúas por la delicada situación económica que atravesaba. Añadió que "fueron los funcionarios interventores quienes solicitaron una aportación financiera para continuar con el servicio de grúas; hacer frente a los pagos comunes como gasoil o nóminas", entre otros.
Sobre ese primer informe, el alcalde respondió que "la postura del interventor general del Ayuntamiento fue de no oposición" y señaló que "solo la dirección del área de Seguridad hizo una propuesta en la que, iniciados los trámites para la financiación, planteó ideas sobre la forma jurídica a adoptar para la ayuda financiera como pedían los interventores municipales".
El alcalde manifestó que "los primeros reparos expuestos por el interventor general constan en el expediente" y que fue en base a un informe de éste, Gerardo Armas Davara, que "el director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento planteó la conveniencia de pedir un dictamen jurídico sobre dicha la intervención" y es él quien además plantea que "se haga con la Universidad de La Laguna, con la que el consistorio tiene un convenio".
Armas Davara redactó dos informes negativos al préstamo y otros dos informes también contrarios a la prórroga de la concesión.
La fiscal, en su turno de preguntas, se interesó por el segundo informe del interventor que observa diversos reparos también respecto al documento externo elaborado por catedráticos de la ULL. Díaz manifestó que "resolver la discrepancia que existía era conforme a una propuesta de la dirección del área de Seguridad y no a un dictamen jurídico externo" para añadir luego que "quien decidió los extremos del informe fue la directora de Seguridad, Rosario Hernández Eugenio".
Díaz Domínguez aseveró que también tuvo una conversación con el interventor general cuando para él "se había generado una contradicción evidente", ya que éste, frente a su primera posición sobre cuál era la figura jurídica a utilizar para financiar el servicio "no veía el anticipo y sugirió el préstamo y, con posterioridad, no lo veía tampoco". Así que se produjo una reunión del interventor y los catedráticos de la ULL que elaboraron el informe externo para aclarar las posturas.
Díaz Domínguez señaló que "era la primera vez en la historia del Ayuntamiento que se intervenía un servicio y necesitaba constatar cuáles eran las razones del cambio de criterio del interventor y los argumentos que justificaban tanto su oposición como la propuesta de Hernández Eugenio".
El alcalde subrayó que si se hubiese optado por otra opción, los daños hubiesen sido de mayor coste para la administración", y detalló que "el préstamo de 120.000 euros depositado en una cuenta mancomunada para sacar adelante el servicio fue devuelto en tres meses, más los intereses, por lo que al Ayuntamiento no le costó nada la operación y no se interrumpió el servicio".
La declaración como investigado de Díaz tiene lugar después de que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en un auto el pasado 28 de abril, desautoriza a la juez que había descartado la implicación del alcalde y le exigiese tomarle declaración. La juez Blanco estimaba que Díaz no había firmado ninguno de los tres decretos que se investigan en el procedimiento y, por tanto, no sería autor de la presunta prevaricación.
Era además, la segunda ocasión en la que la Audiencia Provincial desautorizaba tanto a la magistrada que instruye el caso como a la Fiscalía. En noviembre le ordenaba la reapertura del caso, archivado por Blanco cinco meses antes.
