Los grupos parlamentarios del Congreso constituyeron ayer la comisión de investigación sobre el accidente de Spanair de agosto del 2008, en el que murieron 154 personas, con la idea básica de redactar unas conclusiones que sirvan fundamentalmente para mejorar la seguridad aérea española y de que el conocimiento de las circunstancias del mismo sirvan para evitar una nueva tragedia de ese tipo. La puesta en marcha de la comisión, que preside la diputada canaria de Unidos Podemos Meri Pita, nace bajo el signo de la voluntad de todos los grupos de consensuar los trabajos y la dinámica de funcionamiento, lo que conllevaría un acuerdo básico sobre la documentación y las comparecencias que se vayan a solicitar.
La mayoría de las víctimas fallecidas eran canarios que regresaban al Archipiélago en un vuelo que se estrelló contra el suelo a los pocos minutos del despegue.
De momento, ayer sólo se acordó darse un plazo de un mes para que cada grupo haga sus propuestas en cada uno de estos ámbitos, aunque con la idea de que no se produzcan grandes discrepancias entre ellos. "Estamos intentando consensuar todo", afirmó la presidenta de la comisión para resumir el espíritu con que se afronta, diez años después del accidente, esta investigación parlamentaria que los familiares de las víctimas llevaban reclamando desde entonces.
"Es una comisión que se crea justo en el año en que se cumplen diez años de la tragedia y es necesario que los representantes públicos estemos a la altura. Lo que nos guía no es otra idea que la que las conclusiones que salgan sirvan para evitar que catástrofes de este tipo vuelvan a producirse", recalcó Pita.
Sin vetos
Los grupos señalan que no se vetará de entrada ninguna solicitud de comparecencia y que estarán muy pendientes también de las propuestas que les haga la Asociación de Afectados por el Vuelo JK5022, así como las de otros colectivos relacionados con la aviación civil que también han expresado su intención de participar en el proceso. Pero también se busca que las comparecencias sean operativas para evitar una excesiva duración de los trabajos. El plazo dado para acabar los mismos y que se tengan unas conclusiones es de seis meses, pero los grupos pueden acordar ampliarlo si lo consideran oportuno.
La duda que surge y que de momento los grupos no han despejado es si la investigación se centrarán más en estudiar las circunstancias del accidente para sugerir cambios en los protocolos del sistema de seguridad aérea española, o en establecer las posibles responsabilidades políticas e incluso en buscar posibles responsables directos de la tragedia, lo que, según la asociación de víctimas, podría conllevar la reapertura del proceso judicial.
Este se archivó en 2012 tras absolver el juez a los dos mecánicos de la compañía que estaba imputados y estableciendo que la causa del accidente fue la configuración errónea de la nave para el despegue por parte de los pilotos.
Otra de las cuestiones que está por despejar es si la comisión parlamentaria servirá para cuestionar las conclusiones de la investigación que llevó a cabo la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos (Ciaiac), dependiente del ministerio de Fomento, tal y como reclaman las víctimas.
La asociación que preside Pilar Vera logró el empuje necesario para que finalmente se crease la comisión el apoyo de los 60 municipios canarios a los que pertenecían la mayor parte de los fallecidos, de los cabildos de las Islas y de los Parlamentos de Canarias, Madrid y Castilla y León. En 2011 los grupos parlamentarios rechazaron sumarse a la reclamación. En especial el PSOE, que gobernaba cuando se produjo la tragedia, teme que la investigación en el Congreso sirva para revisar el caso. No obstante la presión de los diputados socialistas de las Islas ha posibilitado que la comisión salga adelante.
Proceso judicial
Meri Pita no quiso prejuzgar nada ayer pero lanzó un mensaje claro de que el verdadero objetivo de los trabajos es "dar luz y sembrar certidumbre sobre nuestra aviación civil y nuestros aeropuertos", considerando en todo caso que "es prematuro establecer hipótesis" sobre la posibilidad de que como consecuencia de algunas de las comparecencias o de la documentación que se aporte se pudiera derivar el traslado de las conclusiones a la Fiscalía o que se reabra el proceso judicial.
"No es conveniente si quiera plantearlo. El objetivo que tenemos que tener claro es que haya un dictamen que ayude a que se produzcan nuevas tragedias y a partir de ahí lo que surja, si hay que modificar leyes así se instará, pero es prematuro hablar de hipótesis", insistió la presidenta.
Pita resaltó no obstante que "vamos a escuchar a todos los colectivos interesados en el desarrollo de la comisión, pilotos, trabajadores de aeropuertos que quieren comparecer para dar su opinión y su punto de vista en relación a este accidente y vamos a escucharlos a todos". "Es una de las catástrofes mayores de la aviación y no solo por la memoria de los fallecidos, las víctimas y sus familiares, sino también por la seguridad de los más de 180 millones de pasajeros en todo el país, tenemos que estar a la altura", subrayó la presidenta, quien aseguró además que el plazo de tiempo "no nos va a limitar sobre el fondo de la cuestión". "Lo importante es que el dictamen y las conclusiones que surjan esclarezcan en lo que se pueda las circunstancias del accidente y den seguridad a la aviación civil española", resaltó.
Los socialistas, que han hecho posible con su cambio de posición la investigación parlamentaria, aseguran que no vetarán la comparecencia de nadie, tampoco la de la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, si así lo acuerdan los grupos, pero resaltan que "vamos a intentar pactar el desarrollo de los trabajos para dar transparencia a la comisión y buscar un dictamen que ayude a mejorar la seguridad aérea en España". El socialista Sebastián Franquis resalta en este sentido que "el hecho de que el Parlamento construya su propia verdad no significa que haya que restablecer la verdad de otros, ni en el ámbito técnico, ni el en judicial".
