El grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias ha anunciado este jueves que ha decidido trasladar a la Fiscalía una denuncia para que investigue los sobrecostes, a su juicio injustificados y que superan en más de un 66% lo presupuestado inicialmente, de las obras de la carretera del norte de La Palma, la C-830 de Santa Cruz de La Palma a Puntagorda.
La fuerza política morada denuncia al ex consejero autonómico de Obras Públicas Domingo Berriel, que ejerció entre los años 2011 y 2015, y a los técnicos del Departamento responsables administrativos de los trabajos por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Podemos también denuncia a Pablo Rodríguez, actual vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias.
En una rueda de prensa de los miembros del Grupo Parlamentario de Podemos en la que ha ejercido de portavoz el diputado Manuel Marrero, se ha explicado que fue Pablo Rodríguez quien en una comparecencia parlamentaria puso en aviso a la Cámara de estos posibles delitos al advertir públicamente de "graves irregularidades".
Sin embargo, Marrero ha achacado a Rodríguez un pretendido interés por demorar el expediente que el mismo consejero decidió abrir hasta el punto de que el Consejo Consultivo ya ha dictaminado que el procedimiento de revisión ha caducado. "La Consejería abrió un expediente que luego llevó a la nulidad, pero el Consultivo dice que puede actuar", ha agregado el parlamentario de Podemos.
Los trabajos de la carretera del norte de la Isla Bonita, que aún hoy continúan, se adjudicaron inicialmente por más de 32,4 millones de euros. En 2010 se autorizó un modificado de obras que supuso un incremento de casi un 20% sobre la cuantía inicial, según recoge la denuncia que Podemos trasladará al Ministerio Público. Posteriormente, Berriel inició el expediente de contratación de trabajos complementarios, en noviembre de 2011, por más de 15 millones. El procedimiento escogido fue el del negociado sin publicidad.
Además, y siempre según el relato de Podemos, antes de la formalización del contrato para las obras complementarias el mismo Berriel autorizó un segundo modificado que redujo el ámbito de actuación de la obra en un 33,2% (de 23,5 kilómetros a 15,7). Sin embargo, "el presupuesto líquido de la obra se mantiene para el ámbito reducido de la misma, y se mantiene el plazo de 31 de diciembre de 2014 como fecha límite de las obras", asegura Podemos en la denuncia. En total, los cálculos de Podemos revelan un sobreprecio de alrededor de un 66%.
