Cerca de 7.000 familias canarias que habitan en viviendas sociales podrán acceder a la propiedad de las mismas una vez que el Instituto Canario de la Vivienda publique la disposición con los requisitos necesarios. Se trata de la primera gran entrega de casas públicas a sus inquilinos en años, ya que su regulación es de un decreto del año 1999 para las viviendas que se construyeron en los planes desarrollados entre los años 1988 y 1995. Los pisos que se han entregado hasta el momento son los construidos antes de 1979 y con posterioridad hasta que comenzó el I Plan Canario de Vivienda a finales de los 80. Son más de 5.000 las familias de las Islas que tienen ya su casa en propiedad entregadas por la Comunidad Autónoma.
La Ley de Vivienda, tanto la de 2003 como la reformada en 2014, garantiza que el Gobierno canario favorecerá el acceso a la propiedad de las viviendas de titularidad pública adjudicadas en régimen de arrendamiento. Sin embargo, la política de entrega de casas sociales se ha realizado a cuentagotas y hasta el momento sólo se han aprobado tres decretos con las condiciones de venta y subvenciones para adquirir este tipo de viviendas. En 1995 se estableció las normas para las familias que ocupan pisos anteriores a 1979, mientras que en 1996 se reguló para las casas posteriores al 26 de enero de 1979. Desde entonces la entrega de escrituras a sus moradores se refieren al parque más antiguo de viviendas públicas.
Ahora es cuando el Instituto Canario de la Vivienda está preparando la orden referida a las casas del I y II Plan Canario de Vivienda -de 1988 a 1991 y de 1992 a 1995- que beneficia a cerca de 7.000 familias. La directora del organismo, María del Pino León, recuerda que la venta de estas promociones no se podía realizar hasta que no vencieran los créditos hipotecarios con los que se financiaron todas las casas incluidas en los planes. La cancelación de los créditos se ha producido en los tres últimos años, por lo que es ahora cuando el Ejecutivo está en disposición de publicar la orden para establecer los requisitos que tienen que cumplir las familias para la entrega de las escrituras y las subvenciones que se otorgan para que puedan terminar de pagar las casas.
Tercera fase
León Hernández asegura que el Gobierno no ha permanecido parado en este asunto porque se han transmitido miles de viviendas y ahora se va a entrar en la tercera fase, que corresponde a lo estipulado en un decreto que tiene 19 años para casas que tienen una antigüedad de más de 20 años. El objetivo es impulsar la tramitación de los requisitos con la mayor agilidad posible para que la orden se publique en los próximos meses y, a partir de ahí, que las familias interesada en comprar el piso se apunten. Se trata de un proceso largo y complejo hasta que se entreguen las escrituras a los moradores, ya que hay que calcular para cada familia cuánto ha pagado de renta y deducirlo con lo que obtenga de subvención, que puede alcanzar hasta el 50% del valor del inmueble.
Según los cálculos del Ejecutivo desde 2007 se han entregado cerca de 5.000 viviendas correspondientes a los decretos de 1995 y 1996 en diferentes islas y municipios. El parque de viviendas públicas de la Comunidad Autónoma ronda las 20.000 casas.
La directora del Instituto Canario de Vivienda explica que una vez restadas las cantidades referidas a las rentas y a la subvención "se queda una cantidad muy pequeña que se puede abonar al contado o a plazos con periodos de pago de hasta 25 años".
En el último pleno del Parlamento se aprobó por unanimidad una proposición no de ley a iniciativa del PP en la que se insta al Ejecutivo regional a que en el plazo de un mes se inicien los trámites para entregar las escrituras de propiedad a los arrendatarios de las viviendas de titularidad pública de los planes canarios de vivienda I y II. La propuesta fue enmendada porque en un primer momento los populares pedían que la entrega se produjera antes de finalizar 2018, lo que es demasiado prematuro ya que la orden ni siquiera se ha publicado todavía y se trata de una tramitación laboriosa si la mayoría de las familias afectadas se apuntan a la entrega.
La diputada popular Josefa Luzardo critica no sólo que hayan pasado hasta 25 años desde que se entregaran estas casas, sino que las hay que adolecen del mantenimiento adecuado mientras las familias están todavía pagando el alquiler. Hay promociones y pisos de la empresa pública Visocan afectados por humedades, grietas y huecos en las paredes y otro tipo de desperfectos, según denuncian los populares.
La directora general aclara que el Gobierno debe cumplir la legalidad y hasta que no se amortizaran los créditos hipotecarios no se podía proceder a iniciar la tramitación para la entrega de las escrituras a las familias que quieren tener su vivienda en propiedad, circunstancia que ha sucedido ahora. "El Gobierno no ha estado parado en este asunto, se han transmitido muchas miles de casas y ahora entramos en una nueva etapa", añade, que puede durar también unos años si sigue la estela de los procesos anteriores.
María del Pino León no se atreve a vaticinar aún si habrá un nuevo decreto de venta de más viviendas sociales para promociones posteriores a 1995. En su opinión, "la Comunidad Autónoma debe garantizarse tener un parque de viviendas propio para las familias con más necesidades, por lo que debe haber un equilibrio entre las casas que se entregan en propiedad y las que se alquilan para los más vulnerables". Tras los años de crisis la intención del Ejecutivo es reanudar la construcción de nuevos pisos sociales con el fin de incrementar el parque propio de la Comunidad Autónoma.
