Un 74% de los jueces secunda el paro en Canarias

Alrededor del 74,6 por ciento de los jueces y magistrados de Canarias han secundado la jornada de paro que se ha llevado a cabo este martes convocado por las asociaciones judiciales. En concreto, han secundado la huelga 203 de los 272 posibles jueces y magistrados posibles en el archipiélago, según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El acogimiento a la huelga de 203 jueces y magistrados en Canarias ha implicado que de los 40 órganos judiciales que habían respondido a la cuestión, 30 manifestaron la suspensión de todos los actos de la jornada y 10 indicaron que la actividad judicial había sido la habitual.

Tras un mes de movilizaciones cada jueves con paros parciales de una hora, es la primera vez que todas las asociaciones de jueces y fiscales se unen en un paro general y no será la única. Ya lo advierten. No descartan continuar con sus protestas y nuevas medidas de presión si Catalá no mueve ficha y se sienta inmediatamente a negociar para atender sus demandas.

En total, 123 fiscales y 182 jueces en juzgados y 85 en audiencias y en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias estaban llamados a la huelga.

El juez decano de Las Palmas, Óscar González, fue el encargado de leer el comunicado conjunto de los colectivos, en el que rcordaron que el 16 de junio de 2017 suscribieron un documento con 14 propuestas para la mejora de la Justicia al que se han adherido la mayoría de juntas de jueces de España, más de 3.500 jueces, así como las tres asociaciones de fiscales que han incorporado cuatro específicas de su colectivo.

Dichas propuestas comprenden desde el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia, calidad y eficacia, al igual que la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal. Junto a ello, la derogación del sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; la atribución de la formación de los fiscales a la Fiscalía General del Estado; y el refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

Unas son competencia de los grupos parlamentarios, otras del Gobierno y el resto del Consejo General del Poder Judicial.

"Decepcionados"

"El balance no puede ser más decepcionante -continúa el escrito- en todos estos meses que llevamos de negociaciones". No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto. Y está pendiente de aprobación la Ley Orgánica sobre recuperación de permisos y vacaciones a los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal con enmiendas sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Hasta la fecha, el Gobierno no ha incrementado el número de jueces y fiscales a fin de ir equiparándolo a la media europea y "no hay rastro" de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando la precarización de las últimas promociones.

Tampoco se ha convocado la mesa de retribuciones que por ley debe de reunirse cada cinco años con el objeto de reclamar las mejoras salariales que permitan recuperar los recortes de los últimos ocho años. Nada se hace por mejorar el proceso de digitalización, y, en particular, su desigual aplicación en el territorio nacional, añade el comunicado.

El Consejo General del Poder Judicial ha hecho caso omiso a la propuesta realizada sobre nombramientos judiciales, conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y "sigue sin cumplir" con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo, como le recuerda la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

"Dejación y abandono"

Este martes "muchos fiscales, jueces y juezas han decidido hacer huelga" para expresar profundo malestar con los responsables en materia de Justicia ante "la dejación y abandono en el que se encuentra este servicio público", subrayó Óscar González. En este sentido, las asociaciones reclaman "una Administración de Justicia del siglo XXI, de calidad y con medios e independiente".

A la espera de dar a conocer los datos definitivos, la huelga ha tenido un "amplio seguimiento" en las dos carreras, subrayó José Antonio Morales de la Asociación de jueces Francisco de Vitoria. Una huelga que, por otro lado,"ha sido inevitable", remarcó Miguel Pallarés, de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que avanzó que la participación supera el 50% e hizo hincapié en que "jamás en la historia de España se habían puesto de acuerdo" jueces y fiscales para emprender una acción de este tipo.

"Cientos de vistas y juicios suspendidos"

"El servicio que prestamos jueces y fiscales es esencial para la ciudadanía y los prejuicios que pueden ocasionar son graves, pero no nos han dado otra opción", añadió Pallarés, quien señaló que, con motivo de la huelga, se han tenido que suspender juicios o vistas que, debido a la sobrecarga de trabajo en los juzgados, se posponen en las agendas "para dentro de ocho o nueve meses o incluso un año", dependiendo del orden jurisdiccional.

"Se han suspendido cientos de vistas", añadió Ramón Toubes, titular del Juzgado de lo Social número 7 de la capital grancanaria y representante de la Asociación Profesional de Magistratura, que indicó que en función del juzgado la señalización del juicio se retrasará "entre seis meses y un año". No obstante, quiso agradecer la actitud de los ciudadanos de "absoluta comprensión", al entender que las exigencias son "justas". Él mismo suspendió quince juicios.

Además, Toubes resaltó el apoyo de los letrados que han salido a la calle para secundar las medidas reivindicadas. De hecho, una quincena de miembros de la Red de Abogados de Canarias se concentraron ante la Ciudad de la Justicia como gesto de apoyo para reclamar una Justicia digna.

Y es que, como sostuvo, el delegado de la Asociación de Fiscales, Miguel Hernández, el objeto de las movilizaciones y de la huelga es fundamentalmente tratar de que se acometan las reformas que les ayudarán a prestar un servicio público y ello incidirá de forma directa en el ciudadano.

Justicia digital ineficaz

En la misma línea se manifestó el fiscal Luis del Río, que incidió en que las reivindicaciones no se limitan a mejoras salariales y de derechos, sino también a reformas que afectan al conjunto d ellos ciudadanos, por ejemplo en materia legislativa la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a plazos máximos de instrucción, "que está generando problemas y puede dar lugar a casos de impunidad". Asimismo, criticó que la justicia digital es "ineficaz e ineficiente", así como reclamó la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal.

"La ciudadanía española es moderna y merece un sistema judicial a su altura, pero actualmente no lo tiene porque no ha habido un compromiso por parte de los poderes públicos del CGPJ en que esto sea así", aseguró Carla Vallejo, portavoz de la Asociación Jueces y Juezas por la Democracia, que lamentó que "la Justicia jamás ha sido una prioridad" y subrayó que "a través de la Justicia se controla el poder político". Precisamente, la independencia judicial preocupa "mucho", advirtió la magistrada Elena Corral, del Foro Judicial Independiente.

De tal modo que "o hay un calendario concreto de cumplimiento de las reivindicaciones y propuestas" de jueces y fiscales y un cambio de actitud que ponga fin al "ninguneo de los poderes públicos" o la respuesta de los operadores jurídicos "seguirá siendo firme y contundente", advirtió Carla Vallejo, que incidió: "Somos muy conscientes de que en el cumplimiento de nuestras reivindicaciones nos va la salud de la Justicia; si no hay voluntad o negociación seria con plazos marcados para el cumplimiento de las desmandas, esto no va a quedar en un mero acto de protesta".