La modificación urgente de la ley de la Radiotelevisión Canaria obtuvo ayer el respaldo unánime del Parlamento con el compromiso del grupo que respalda al Gobierno, Coalición Canaria, de buscar el máximo consenso para nombrar a un administrador que haga viable la continuidad del ente público y que la señal de la Televisión Canaria se mantenga después del 30 de junio. Los portavoces del resto de los grupos advirtieron que estarán "vigilantes" a lo que haga el Gobierno y que el respaldo obtenido no es un "cheque en blanco" ya que el nuevo responsable transitorio de la entidad estará también fiscalizado por la Cámara.
El impulsor de esta iniciativa, José Miguel Ruano, recogió el guante lanzado por el resto de los grupos y subrayó que trabajará para buscar un perfil de administrador en la misma línea de acuerdo y consenso con el que se pactó la reforma legislativa exprés. El portavoz nacionalista admite que el reto que tiene por delante el futuro administrador único es "muy complicado" no solo por las cuestiones relacionadas con el concurso que finaliza el 30 de junio, sino también por los problemas jurídicos que aún rodean la situación de la RTVC. "Hay fallos judiciales pero aún no hay una sentencia o resolución definitiva para responder a determinadas preguntas", añadió Ruano.
El dirigente de CC elevó la problemática generada en torno al ente público a "asunto de Estado para Canarias" y por eso "buscaré el método del consenso para responder al compromiso de confianza de los grupos, ahora es imprescindible que una persona concentre las potestades del presidente y del Consejo Rector para que el proyecto sea viable", añadió.
Tanto el PP como Podemos dieron un voto de confianza al Gobierno ante el riesgo que corren los trabajadores de la TVC y la posibilidad de que la señal pase "a negro" a partir del 1 de julio. El diputado Juan Márquez apostó por un "rescate transitorio" de los servicios informativos, mientras que la parlamentaria del PP Luz Reverón, exigió un nuevo responsable con "capacidad y solvencia" suficientes para sacar adelante el embrollo de la RTVC.
Más crítica se mostró la portavoz del PSOE, Dolores Corujo, que incluso anunció enmiendas a la modificación legislativa desde que el Consejo Consultivo elabore su dictamen. "No nos gusta esta propuesta y nos genera dudas sobre las responsabilidades que asume el administrador único, pero vamos a actuar con responsabilidad ante la situación de emergencia existente", añadió.
Beligerancia de NC
El más beligerante fue el portavoz de NC. Román Rodríguez respaldó la toma en consideración de la ley pero no escatimó críticas a la figura del expresidente Santiago Negrín, tachándolo de "comisario político". Para Rodríguez la situación actual de RTVC "no es una sorpresa" ya que se decidió poner al frente del Consejo Rector a alguien que no estaba preparado para el cargo. "Es imposible hacerlo peor", destacó. Subrayó que la judicialización del concurso de informativos "ha puesto en peligro" los puestos de trabajo, y lamentó que "nadie" haya contado con su grupo cuando se elaboró la proposición de ley el pasado viernes.
Rodríguez comentó que hay una "mezcla explosiva" de "desidia y rapidez" cuando en Canarias también hay otros problemas urgentes que esperan, si bien advirtió de que no será "nada fácil" que se resuelva la situación. "Tengo serias dudas de que el mirlo blanco que vaya a aparecer aquí lo vaya a resolver en 20 días", advirtió.
El presidente de NC recordó que a los ocho meses del nombramiento de Santiago Negrín se produjeron dimisiones de los miembros del consejo rector y, entre otras cuestiones, que se producían contrataciones contrarias a las reglas, y agregó que incluso el equipo del presidente del ente "se marchó porque no lo soportaban". El portavoz de Nueva Canarias no entiende ahora los "golpes de pecho" cuando era una "evidencia" que la situación acabaría mal, y añadió que para "rematar" Santiago Negrín adjudicó el contrato de informativos sin tener competencias para ello.
Por su parte, la diputada de ASG Melodie Mendoza espera que no haya "relajación" por parte del nuevo administrador ya que la situación es de emergencia y que el Parlamento debe seguir ejerciendo su control sobre el ente. "Debemos estar a la altura", destacó.
A partir de ahora la ley pasa al dictamen urgente del Consejo Consultivo y se abre un breve periodo de presentación de enmiendas, de tal forma que en el pleno previsto para el 13 y 14 de junio se apruebe la modificación y se pueda nombrar de inmediato al nuevo responsable del ente público.
