El Gobierno de Canarias tiene de nuevo ante sí el difícil reto de hacer buenos y efectivos los dineros que le van a llegar en los próximos meses como consecuencia de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este año, en los que logra una cantidad superior a los 1.800 millones, si se suman todas las transferencias para inversión y gestión directa por parte de la comunidad autónoma tras los acuerdos alcanzados por CC y NC con el Ejecutivo central, incluidos los nuevos fondos de financiación (416) y el superávit regional (265).
El hecho de que, un año más, las cuentas vayan a tener un horizonte de apenas medio año -de julio a diciembre- hace prácticamente imposible que las administraciones canarias puedan gastar en su totalidad partidas concebidas para gestionar a lo largo de doce meses. El Ejecutivo de Fernando Clavijo, sin embargo, se ha asegurado contar con las herramientas necesarias para no perder ni un euro.
Ese ha sido precisamente uno de los extremos de la negociación presupuestaria entre Canarias y Madrid y entre CC y el PP en los que más énfasis se ha puesto desde los departamentos más inversores de la Comunidad Autónoma y con mayores transferencias desde el Estado. El proyecto de cuentas públicas para el 2018, que ya está camino del Senado, contiene una cláusula que garantiza la plena ejecución de las partidas canarias tanto si hay nuevos Presupuestos a primeros del año próximo, como si llegaran a prorrogarse los que obtuvieron el miércoles el visto bueno del Congreso, algo que el actual convulso contexto político español hace cada vez más probable.
Dicha cláusulas responden al acuerdo alcanzado entre la consejera de Hacienda de Canarias, Rosa Dávila, y el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, en distintas reuniones, y sustentado en enmiendas conjuntas de CC y del PP aprobadas en el Congreso, y cuyo resultado efectivo es el blindaje de la mayor parte de los fondos canarios consignados para este año.
Así, una disposición adicional pactada por nacionalistas y populares deja claro que las cantidades que no se ejecuten a lo largo del 2018 se incorporarán como "remanentes de crédito", y por tanto como partidas adicionales, a los programas correspondientes en los Presupuestos del 2019, lo que implica que no afectará a la partida original de ese nuevo proyecto presupuestario. Es decir, que lo que no se haya gastado en el año anterior, se sumará a la anualidad que en todo caso debería consignarse.
Además, la garantía se mantiene para el caso de una hipotética prórroga presupuestaria. A este fin, se designan en los Presupuestos de 2018 una serie de créditos, hasta 19, que volverían a activarse automáticamente para poder hacer efectivo el cumplimiento de los convenios o programas de inversión a que se refieren.
De hecho, son los mismo remanentes de crédito del 2017 que no se han gastado aún y que se incorporan a las cuentas de 2018 como partidas adiciones a la pintadas en el proyecto original.
"Todas las partidas que no se puedan ejecutar se incorporan, porque habrá algunos casos en los que no haya todavía algún convenio en vigor, o porque no hayan llegado los recursos a tiempo, y tenemos la garantía de que esos fondos no se pierden para Canarias", afirma Dávila. La consejera insiste también en que, en caso de prorroga presupuestaria, "se prorrogarían todos los créditos en la misma cuantía reconocida en el 2018 y se sumaría lo que no se haya podido ejecutar en estos escasos seis meses".
La consejera recuerda que en el 2017 sólo han quedado sin ejecutar 133 millones del total de las partidas canarias, de ellos, la mayor parte del convenio de carreteras, los 101 millones que recogen la adenda del antiguo convenio y que se incluyen también en los 307,9 consignados en los Presupuestos del 2018. La otra partida no ejecutada en su totalidad es la del PIEC, de cuyos 42 millones quedan 20 por liquidar.
Dávila asegura que el porcentaje de ejecución de las transferencias estatales "depende de muchas cosas" y que es difícil de prever. "Depende del ritmo que llevemos en firma de convenios, de la firma de resoluciones, de la transferencia de los créditos y la agilidad que tengan los distintos ministerios en resolver eses transferencias al Gobierno, a los cabildos o a los ayuntamientos, y de la capacidad de cada administración para hacer la inversión", advierte la consejera.
En cualquier caso, para ella "lo más importante es que esto nos permite arrancar, después de muchos años de que la inversión ha estado por debajo de la media, y con garantías de continuidad en el 2019, así como poder firmar convenios que tengan un plazo superior a los cuatro años, como en el caso de carreteras, que es de seis de duración y tres de ejecución".
Plena operatividad
Distintas consejerías consultadas ayer reforzaban la idea de que los Presupuestos plantean a sí mismo una salida a la dificultad de poder ejecutar una considerable cantidad de transferencias en sus, en principio, solo seis meses de vigencia, aunque recalcaron la plena operatividad de cada uno de los departamentos para empezar a dar salida a los nuevos fondos a través de las convocatorias de ayudas, licitaciones de obras, o adjudicación de programas en cada una de las materias a que se refieren la partidas presupuestarias.
Otro de los capítulos de los Presupuestos que suponen nuevos fondos para Canarias y cuya gestión corresponderá al 100 % al Ejecutivo regional es el referente a la disponibilidad para usar el superávit de la comunidad autónoma del 2017 en inversiones financieramente sostenibles, que asciende a 265 millones y que serán incorporados al Presupuesto regional en cuanto se aprueben las cuentas estatales. Dávila destaca el hecho de haber conseguido que puedan ser plurianuales, que hasta los 25 millones no haya que solicitar la autorización al ministerio de Hacienda, "lo que nos permite ser mucho más ágiles".
