Canarias no asumirá la competencia de Costas a cualquier precio. Así lo advirtió este miércoles 4 de mayo el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, quien detalló que el Archipiélago no puede aceptar el traspaso a la Comunidad Autónoma de la gestión de su litoral si el Estado no mejora los medios y el personal de este servicio. Unos recursos que en Canarias son muy inferiores a los de otras regiones como Andalucía o Cataluña, las dos únicas comunidades españolas que ya tienen esta competencia transferida.
La negociación entre el Ejecutivo central y regional para que este último tome las riendas de este organismo, tal y como establece el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018, comenzó hace más de un año y ha encallado en lo relacionado con la dotación económica y los medios técnicos y personales que se van a transferir. Pérez explicó que mientras el Estado sostiene que se debe traspasar solo «lo que hay», la comunidad autónoma exige una reinterpretación, ya que la dotación de personal de los servicios de Costas es insuficiente, debido a la limitación de la tasa de reposición establecida en los años posteriores al estallido de la crisis financiera.
Sin embargo, sostuvo que Canarias espera que el Estado de marcha atrás en su planteamiento y se termine avalando la tesis del Archipiélago, tal y como ha ocurrido en otros aspectos de la negociación, como la relación de competencias y servicios que se traspasan o quién asumiría la gestión de los expedientes que se encuentran en curso.
De esta manera, afirmó que si bien el Gobierno de Canarias mantiene la fecha del 1 de julio como horizonte para que esta transferencia esté efectuada, si ese día todavía no se ha resuelto el debate «no pasa nada», ya que según insistió «si es importante hacerlo pronto mucho más lo es hacerlo bien».
El organismo tiene en las Islas menos medios y personal que en Cataluña o Andalucía
Pérez negó que en este año de negociación no se hayan producido progresos y aseguró que materias como la relación de competencias y los expedientes en curso están avanzadas sin que se hayan producido «engaños ni promesas incumplidas».
El consejero también recordó que el traspaso de Costas es uno de los procesos más complejos que incluye el Estatuto de Autonomía y ha estado plagado de continuos retrasos. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, aseguró el año pasado que la negociación se cerraría en junio, para después aplazarlo hasta enero. La propia ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció en febrero en las Islas que el traspaso podría cerrarse en semanas o meses, sin que se haya producido aún. Ahora el nuevo horizonte se establece en el 1 de julio, fecha de mediados de año en la que el Estado suele actualizar el desarrollo competencial con las comunidades con las que va acordando traspasos.
Continuos retrasos que han sembrado dudas acerca de la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de ceder a Canarias todo el abanico de competencias que reclama. Una duda que azuzan los partidos de la oposición. Ayer el diputado del Partido Popular (PP), Fernando Enseñat –que formuló al consejero la pregunta sobre el traspaso de Costas en la comisión parlamentaria– criticó que el proceso de transferencia se está eternizando y aseguró que durante el mismo se han producido promesas incumplidas y engaños, mientras que la población afectada se desespera.
Enseñat acusó de incompetentes al Gobierno central y regional y les recriminó que solo hayan puesto excusas para no haber cerrado ya la negociación, cuyo plazo final ha cambiado en numerosas ocasiones.
Para Coalición Canaria (CC), Madrid no tiene «voluntad» para transferir las competencias de Costas que recoge el Estatuto de Autonomía de 2018, mientras que Canarias carece de «capacidad de presión» para reclamarlas. Los nacionalistas ponen en el punto de mira las diferencias en las negociaciones anteriores con otras comunidades autónomas, que en caso de Andalucía no supusieron más de dos meses y medio, cuando ambos gobiernos eran socialistas, como ocurre también ahora.
Los nacionalistas apuntan que el «servilismo» que ha definido al Gobierno de Ángel Víctor Torres hacia el Estado está perjudicando a las Islas en asuntos estratégicos como la transferencia de Costas, ya que está establecida en el fuero canario. Además, advierten que «Madrid se ríe de Canarias porque el Gobierno canario se lo permite» y recuerdan el incumplimiento de los plazos para la transferencia de la deuda de carreteras, anunciada para el pasado verano y que todavía sigue pendiente la firma del convenio.
