La polémica generada por la victoria de Borja Casillas, Drag Sethlas, en la pasada edición de la gala más transgresora del Carnaval no influirá en la denominación como Fiesta de Interés Turístico Nacional de las carnestolendas. Así lo aseguró hace unos días la secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, quien explicó que dicha "declaración está fijada por la ley" por lo que dependerá tan solo del cumplimiento de los requisitos su obtención. "Lo de la drag es algo totalmente independiente porque es una potestad reglada", apuntó.

Fue a finales del pasado mes de junio cuando el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó por unanimidad la solicitud del sello de interés turístico. Poco después, a principios de agosto, la propia concejala responsable del área de Carnaval, Inmaculada Medina, fue quien presentó en el Registro de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, la documentación necesaria para respaldar la petición. En total, fueron ocho tomos de argumentos que quedaron en manos del Ejecutivo regional quien disponía de un plazo de un trimestre para elaborar, a través de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, un informe vinculante que acompañase el escrito hasta la Secretaría General de Estado de Turismo.

A partir de su recepción, el organismo estatal contaría con otros tres meses para otorgar o derogar la concesión del título. Según estas condiciones, la respuesta debería haber llegado a mediados de febrero tras haberse estudiado si la propuesta cumple o no con lo establecido en la normativa que se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según la regulación, para que el Carnaval se convierta en Fiesta de Interés Cultural Nacional debe llevar siéndolo a nivel regional desde hace cinco años, como mínimo. Un criterio que las carnestolendas capitalinas cumplen al haber sido nombrada en 2011 Fiesta de Interés Turístico de Canarias por el Gobierno autonómico. Asimismo, los carnavales han de ajustarse a requerimientos como contar con actuaciones promocionales en, al menos, una veintena de medios españoles o extranjeros.

La norma también pide, entre otras cosas, que "los alojamientos y servicios turísticos no estén ubicados a una distancia superior a 50 kilómetros" del lugar de celebración de los actos en los que se exige demostración de la "implicación ciudadana" y la "garantía de respeto a los animales y personas". Y con todo ello, la capital cumple.