Estos son algunos de los objetivos del Plan de Contratación Pública verde de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, aprobado hoy en Consejo de Ministros, para la implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente.
El Plan incorpora también el objetivo de lograr un ahorro energético del 9% en 2010 y un 20% en 2016, que ya contemplaba el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio, además de las medidas contempladas en el Código Técnico de la Edificación.
Las medidas afectan a construcción y mantenimiento, transporte, energía, equipos de oficina, papel y publicaciones, mobiliario, limpieza y eventos.
La puesta en marcha de un plan de "compras verdes" comporta beneficios ambientales directos, así como beneficios socioeconómicos ligados a la importancia del Estado como agente económico que compra y contrata, de tal forma que la contratación de suministros, servicios y obras en el conjunto de las administraciones públicas suma 150.000 millones de euros, lo que representa un 18% del PIB.
En un encuentro con los medios, la subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente, Concepción Toquero, explicó que el plan incluye medidas que no son estrictamente "contratación verde" pero sí "elementos de carácter ambiental fundamentales", como las encaminadas al ahorro de agua o los contratos de limpieza.
Así, los edificios públicos incorporarán sistemas de ahorro de agua en todas sus dependencias antes del 31 de diciembre de 2010, que irán desde perlizadores (mecanismo que se incorpora a los grifos para limitar el caudal de agua), hasta otros electrónicos más sofisticados.
En cuanto al transporte, el plan establece, además del objetivo del consumo de biocombustibles, la compra de vehículos de motor híbrido (funcionamiento eléctrico y de gasolina) para su destino como coches de incidencias que realizan recorridos fundamentalmente urbanos.
Respecto a materiales, se incluyen, en general, criterios como el de la utilización de materiales próximos frente a otros elaborados o que requieran una gran cantidad de energía en su transporte; el que sean fácilmente recuperables al final de su vida útil y con baja emisión, entre otros.
Así, el plan establece el objetivo de que en 2010 el 50 por ciento del consumo de papel sea reciclado y el 90 por ciento en 2015, además de la implantación de herramientas de administración electrónica que reduzcan el uso de ese material.
Además, en 2015 la Administración deberá reducir el número de publicaciones en papel en un 40% respecto a 2006.
En equipos de oficina, se establece la incorporación como criterios energéticos obligatorios los que figuran en la etiqueta "Energy Star" en el 100 por cien de las compras de ordenadores personales, monitores, fotocopiadoras, impresoras y equipos multifuncionales de impresión realizadas antes del 31 de diciembre de 2010.
En cuanto a los servicios de limpieza, se incorpora en los nuevos contratos la exigencia de recogida separada de residuos y su depósito en los puntos limpios correspondientes.
En la compra de mobiliario, se establece que debe adquirirse madera de origen legal y procedente de explotaciones gestionadas de forma sostenible y sin utilización de sustancias tóxicas en su tratamiento.
Todas las medidas contempladas en el plan conceden plazos "razonablemente dilatados" (desde 2010 a 2015), con el objetivo de que los mercados puedan adaptarse sin dificultad.
La Comisión Interministerial, que ha elaborado el Plan, será también la encargada de realizar el seguimiento del mismo, de tal forma que en 2010 podrán revisarse sus objetivos "para ir más allá", según dijo la subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente.
