Los ecologistas acusan a Sebastián de obstaculizar las energías renovables

La patronal de las energías renovables (APPA) y Greenpeace señalan directamente al ministro de Industria y Energía, Miguel Sebastián, como el "principal obstáculo" para el desarrollo de las energías renovables en España.

EFE Ambas organizaciones se han unido para elaborar una propuesta que fija un objetivo del 30 por ciento de energías limpias en el año 2020, que ha sido hecha pública hoy y que será remitida a los altos cargos del Gobierno, comunidades autónomas y agentes sociales, con la pretensión de que se transforme en Ley.

La propuesta, presentada como un anteproyecto de Ley, sería la herramienta necesaria para la transposición a la legislación española de la nueva directiva europea de renovables, que se va a publicar a principios de junio.

El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, ha denunciado la incoherencia que existe entre el mensaje del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a favor de un nuevo modelo energético y las acciones del Ministerio de Industria, "que han ido poniendo palos" al desarrollo de las renovables.

A este respecto, el presidente de APPA, José María González Vélez, ha señalado que este Gobierno es el único que ha legislado en contra de las renovables en los últimos treinta años.

Ha ido más allá al afirmar que existe "una mano negra para que no haya renovables y seguir impulsando los ciclos combinados" y ha apuntado directamente al Ministerio de Industria.

González Vélez ha insistido en que "el discurso del presidente del Gobierno es otro, aunque otra cosa es que los músicos de su orquesta le desafinen y a veces no preste el oído suficiente para salir al paso".

Los responsables de APPA y de Greenpeace han reconocido que ambas partes han debido ceder para llegar a una propuesta de consenso, que esperan sirva de ejemplo para el resto de la sociedad.

López de Uralde ha asegurado que si se materializa la propuesta se podría generar un millón de empleos en el sector de las renovables, "razón más que suficiente para ser tenida en consideración".

El proyecto fija "unos objetivos ambiciosos pero realistas", como un 30 por ciento de renovables sobre el consumo final bruto de energía en 2020, que alcanzaría el 80 por ciento en 2050, así como que un 50 por ciento de la generación eléctrica sea de origen renovable.

Javier García Breva, miembro de la junta directiva de APPA, ha explicado que la pretensión es que se reconozcan las externalidades de las renovables, ya que "estamos hartos de que se diga que son caras".

Mantiene el sistema de primas a la producción, aunque mejorado, ya que defiende la inclusión de todas las renovables en el Régimen Especial sin límite de potencia y una revisión de las mismas en función de la evolución de la tecnología y del cumplimiento de objetivos.

La retribución de las renovables seguirá procediendo de las tarifas y se permitirá al Gobierno revisar su cuantía anualmente, sin retroactividad.

Además, pide la declaración de utilidad pública de las instalaciones de energías renovables y la simplificación de los procedimientos administrativos, para eliminar las barreras actuales.

La futura ley se deberá articular a través del Plan de Acción Nacional, que tendrá unos objetivos vinculantes para todas las administraciones públicas y que deberá ser elaborado con la participación de las comunidades autónomas y debatido en las Cortes.