La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) se posicionó ayer contra la demolición de la Biblioteca Pública del Estado y pidió, al tiempo, "responsabilidades" a quienes, en palabras del rector José Regidor, fueron los autores de la "dudosa y nefasta" gestión que llevó su construcción a una sentencia en contra dictada por el Tribunal Supremo, al producirse una infracción urbanística cometida por los responsables municipales de la época.
Regidor recogió ayer el guante lanzado por un dirigente vecinal que la pasada semana, en este mismo periódico, formuló la petición a la institución académica para que publicase, firmase y entregase al alcalde un manifiesto con su posición sobre el asunto, declaración que se pasaría después a la recogida de firmas de la ciudadanía con la que afrontar la decisión del Supremo y evitar la piqueta.
El rector no presentó un manifiesto pero sí hizo pública la posición de su equipo y de la ULPGC en una sesión de su Consejo de Gobierno celebrado ayer. "Ni en la capital, ni en la isla, ni siquiera en nuestra comunidad se puede permitir perder las pocas bibliotecas que tenemos", señaló el rector. Y que el edificio "se venga abajo por una gestión dudosa, nefasta o de cualquier otro tipo" hace más inaceptable aún el derribo de la instalación cultural.
Un servicio que utilizan, siguió su declaración Regidor, "desde los estudiantes de Primaria y Secundaria hasta los jubilados. Cualquiera. Todos hacemos uso de estas bibliotecas".
El rector rechazó, asimismo, el "derroche" que supondría el derribo de la Biblioteca de la Avenida Marítima. "La biblioteca se levantó con fondos públicos y, en caso de que finalmente se tenga que demoler, lo hará también con fondos públicos", algo que, a su juicio, "nuestra sociedad no se puede permitir. Esto no quiere decir que los culpables de esta situación puedan quedar impunes", responsables que deberían empezar por pedir disculpas "y asumir, digamos, su irresponsabilidad", según Regidor.
