El Cabildo de Gran Canaria decidirá este jueves cuándo llevará a cabo el cierre patronal de la Orquesta Filarmónica de la isla (OFGC) que ha anunciado ante la huelga convocada entre los músicos de esa formación, que denunciará por ilegal, ha confirmado su consejero de Cultura, Carlos Ruiz (NC).

La idea de que el proceder de los convocantes es "desmedido, desproporcionado", ya que "el verdadero tema innegociable para ellos es el despido de una trabajadora", y "los graves perjuicios económicos que conlleva" la huelga, pues los músicos quieren seguir cobrando por acudir de lunes a jueves a los ensayos pero no ir a los conciertos para los que ensayan, justifica esa postura, ha dicho.

Y ha asegurado que prueba de sus tesis es que los promotores del paro "han puesto siete motivos, entre los que, por cierto, no figura por ningún sitio el cese del gerente, aunque lo vayan diciendo ante la opinión pública, y son cuestiones nimias, muchas de las cuales ya estaban solucionadas y otras sobre las que ya se ha quedado en hablar".

En cambio, la única demanda irrenunciable es el despido de la referida intérprete, ha asegurado Ruiz, que ha advertido: "y en eso nosotros no vamos a claudicar".

Puesto que "el Cabildo lo único que ha hecho ha sido contratar temporalmente, por un año, a una violinista, logrando cerrar un proceso judicial que, si lo dejábamos abierto, podían ser las repercusiones mucho mayores: despedida de otros músicos e indemnizaciones", ha argumentado.

El consejero ha recordado así que el origen de la huelga ha sido la contratación de la referida intérprete, que había presentado una denuncia contra la OFGC tras pasar una prueba para formar parte de ella, ante lo cual los servicios jurídicos del Cabildo aconsejaron llegar a un acuerdo extrajudicial con ella.

Y ha agregado: "¿Esto es tan grave como para suspender cuatro conciertos? Nosotros consideramos que no".

En todo caso, ha concluido que los gobernantes del Cabildo entienden que ceder supondría "hacer dejación de la defensa del interés público", por lo que seguirán adelante con su idea de responder con un cierre patronal y denunciando por presunta ilegalidad a los promotores de la huelga.

Porque, "en esa orquesta, que cuesta siete millones de euros anuales a los grancanarios, las decisiones las va a seguir tomando el Cabildo, que es quien los aporta", ha sentenciado.